12 de febrero de 2016.- Los procesos de justicia cotidiana en todo el país son obsoletos a causa de que las legislaciones locales chocan con la ley federal.
Ese es uno de los hallazgos que advierten los diagnósticos conjuntos Diálogos por la Justicia Cotidiana, que coordinaron el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y 25 instituciones públicas.
El presidente Enrique Peña Nieto instruyó en noviembre de 2014 a realizar dichos estudios, con el fin de avanzar en la justicia cotidiana.
Los diagnósticos que elaboraron las mesas de trabajo de los Diálogos por la Justicia Cotidiana identifican los principales problemas del acceso a la justicia.
De acuerdo con fuentes de la Presidencia, una vez con los resultados se deberán elaborar iniciativas de ley para mejorar los distintos aspectos.
El documento señala que en lo referente a la justicia civil y familiar existen problemas dentro de ésta que originan que la sociedad perciba al sistema en el rubro como lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso.
“El modelo de juicio civil utilizado en la mayoría de los estados del país es obsoleto y genera que las contiendas civiles y familiares puedan alargarse durante años, abonando a la falta de confianza en las instituciones”, indica el estudio.
Los expertos llegaron a la conclusión de que los sistemas de justicia de las entidades federativas padecen inconvenientes como la falta de capacitación del personal y la insensibilidad respecto a los asuntos que se les presentan, en particular, los que se refieren a niños, adolescentes, grupos vulnerables y de género.
Aumenta violencia en escuelas. En escuelas, el estudio señala que la violencia va en ascenso en el país y sostiene que a causa de este problema existe un impacto grave en niños y adolescentes que genera un bajo rendimiento académico, así como deserción escolar y suicidios.
“La violencia en las escuelas tiene un grave impacto en el cumplimiento de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, pues en lo inmediato genera un bajo rendimiento académico, llegando incluso a limitar de forma grave su desarrollo pleno; en casos graves, se observa deserción escolar e incluso suicidios”, resalta el documento.
En el rubro de justicia laboral, se identificaron dos problemas: uno que comprende el funcionamiento de los tribunales del trabajo —Junta Federal, Juntas Locales y Tribunal Federal—, así como la práctica del litigio inadecuado dentro de los mismos. En cuanto a la marginación jurídica, el CIDE definió esta condición como las personas que carecen de documentos oficiales, los que se utilizan para acreditar su identidad, actos de estado civil, títulos de propiedad y testamentos.
Ello, revela el estudio, constituye una barrera para acceder a la justicia y limita el pleno ejercicio de los derechos a la identidad, a la seguridad jurídica y a la propiedad privada. Otro problema identificado es el alto costo económico para obtener documentos de propiedad y testamentos.
Los foros detectaron que la mala calidad de los servicios jurídicos es un problema recurrente que repercute en el patrimonio de los ciudadanos, y englobó en dos factores la mala calidad de los servicios jurídicos: la calidad académica de las escuelas de Derecho y los relacionados con el ejercicio de la profesión.
“Esto no es un problema menor si se considera que el desconocimiento, negligencia o conducta dolosa por parte de los abogados repercute en el acceso a la justicia”, dice.
En asistencia jurídica temprana y justicia alternativa, el estudio identificó que uno de los problemas es la desconfianza en las instituciones y en la impartición de justicia que se extiende a las autoridades.
Con información de: EL UNIVERSAL
