El exmandatario paga una condena de nueve años por los delitos deasociación delictuosa y lavado de dinero, pero su defensa legal buscaba modificar la pena de prisión.
La audiencia en la que el juez Juan Ramírez resolvió en este asunto duró alrededor de siete horas. Tanto la defensa legal del sentenciado como la Fiscalía General de la República (FGR) tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos.
Los defensores alegaron que Javier Duarte salió del país en la recta final de su mandato, porque hizo un pacto con la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Ese convenio, por el cual viajó a Guatemala, habría sucedido para que las autoridades no persiguieran a su esposa, Karime Macías, ni a cualquier otro familiar que pudiera tener relación con los delitos.
A pesar de esto, al analizar la prueba el juez Ramírez Benítez determinó que el supuesto pacto era ilegal. Por ese motivo no podía tomarlo en cuenta para realizar una determinación en favor del sentenciado.
Una propuesta que también utilizó Duarte de Ochoa para cambiar la pena de prisión fue el arrendamiento de un departamento de 25 mil pesos mensuales, donde podría vivir en caso de que el juzgador cediera a su petición.
No obstante, una vez más el juez respondió que la vivienda refleja que el exmandatario aún tiene las relaciones personales y los medios necesarios para abandonar el país y evadir la justicia.
A estos se sumaron otros argumentos que también fueron rechazados, por ejemplo, que Javier Duarte no tiene un sólo inmueble y tampoco cuentas bancarias; contrario a eso, el juzgador dio a entender que la posibilidad de fuga sigue latente como en años anteriores.
Al término de la audiencia habló el fiscal Manuel Granados, quien rechazó calificar los dichos que usó la defensa para modificar la pena.
“Sólo puedo referir que la defensa hizo su planteamiento, el juez no acogió sus argumentos y sus pretensiones y le concedió la razón a la fiscalía”, indicó.
Sobre el supuesto pacto con Peña Nieto, aseveró: “El juez refirió que los servidores públicos protestan hacer cumplir la Constitución; entonces cualquier actividad diversa al principio de legalidad desde luego no puede ser tomado en consideración en beneficio de la persona que hizo la petición”.
Por su parte, el abogado Pablo Campusano señaló que a su parecer el presunto pacto era suficiente “para un cambio objetivo en las circunstancias por las que se dictó la prisión preventiva justificada; por lo tanto, consideramos que la decisión no es del todo acertado y utilizaremos los medios que la ley prevé para ese efecto para impugnar”.
El letrado agregó que en las siguientes horas analizarán qué medio interpondrán contra esta resolución; por ejemplo, un recurso de apelación o un juicio de amparo indirecto. En este caso, añadió que para la apelación tendrán tres días para presentarla y para la otra medida contará con 15 días.
“Consideramos que al final la justicia prevalece y que efectivamente existe un cambio de circunstancias derivados de los datos y las pruebas que se desahogaron en esta audiencia, que cambian las razones por las que se dictó esta medida de prisión preventiva.
“Creemos que al final del día se va a terminar concediendo el cambio de medida y podrá estar en libertad”, mencionó Pablo Campusano sobre este caso.
