Cd. de México (08 noviembre 2020).- El ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, Emilio Zebadúa, suma un supuesto enriquecimiento ilícito de 14.4 millones de pesos, en cuatro de sus declaraciones patrimoniales.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó una nueva presunta incongruencia patrimonial por 948 mil 618 pesos, registradas entre el 27 de septiembre de 2017 y el 20 de noviembre de 2018.
De acuerdo con la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP, la suma corresponde a operaciones en depósitos y pagos a tarjetas de crédito realizados por quien busca colaborar en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), a cambio de inmunidad.
Según la Función Pública, estos recursos son «notoriamente superiores» a los reportados por el ex colaborador de Rosario Robles en lo que fue su última declaración patrimonial como servidor público federal.
La supuesta inconsistencia se suma a las que anteriormente descubrió la SFP en sus declaraciones patrimoniales de 2012, 2013 y 2015 por un total de 13 millones 485 mil 156 pesos, mismas que ya fueron denunciadas a la FGR como enriquecimiento ilícito.
Es decir, ahora las presuntas inconsistencias detectadas ascienden a un total de 14 millones 433 mil 774 pesos, en cuatro de sus declaraciones patrimoniales.
Zebadúa presentó un amparo contra una solicitud que hizo la SFP a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de su información financiera, para integrarla al expediente de análisis patrimonial donde le detectaron los 948 mil pesos aparentemente injustificados.
Ana Luisa Hortensia Priego, juez Décimo Tercero en Materia Administrativa, desechó este amparo porque estimó que Zebadúa no precisaba su afectación en términos legales y la SFP además no le ocasionaba un perjuicio.
A pesar de lo anterior, el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió a Zebadúa una suspensión definitiva que impide a la SFP tanto llevar a cabo cualquier procedimiento como concluir el expediente de verificación patrimonial en su contra.
Consideró que el hecho de que la SFP acceda y maneje la información bancaria del ex funcionario sí implica una potencial afectación a su derecho a la autodeterminación, pues es el titular de sus datos personales y es la única persona legitimada para autorizar su circulación.
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