- Encargados de investigarlo y resolverlo violaron Derechos Humanos: José Trinidad Larrieta
En la investigación del gobierno federal sobre el caso Iguala, al menos 375 servidores públicos federales y locales, encargados de indagar la desaparición de los normalistas en 2014, incurrieron en negligencia y desaseo en su labor.
El lunes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Fiscalía General de la República seis denuncias penales contra 235 servidores públicos y 12 administrativas contra 140 que participaron en la indagatoria.
José Trinidad Larrieta, titular de la oficina para el Caso Iguala de la CNDH, lamentó que los encargados de dar claridad a los hechos violaron derechos humanos y cometieron infracciones administrativas.
“Hay 235 servidores públicos denunciados, y eso nos habla que hay un desaseo ciertamente en las investigaciones, pero también nos habla de otra cosa muy grave que se traduce en que es la realidad de nuestro sistema de justicia”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.
Lamentó que servidores públicos entorpecieron y dificultaron el esclarecimiento de los hechos y vulneraron el derecho a la verdad a las víctimas, a sus familias y a la sociedad.
“Es grave que un alto porcentaje de personas que participaron en las investigaciones cometió irregularidades. No se puede investigar y combatir el delito con más delitos: es inaceptable”, dijo.
Las recientes denuncias presentadas ante la Fiscalía piden que se indague la actuación de 36 servidores públicos que participaron en el monitoreo de las cámaras del C-4 en Iguala, el 26 y 27 de septiembre, cuando desaparecieron los 43 normalistas.
En la recomendación 15VG/2018 Caso Iguala, que realizó la CNDH, expone que los involucrados retardaron o entorpecieron la investigación y por ello la averiguación previa fue integrada de manera irregular o deficiente.
Además, el día del ataque a los estudiantes, omitieron brindar protección y auxilio a personas que lo necesitaban, faltaron a la legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad. En el escrito se expone que el día de los hechos se encontraban en el lugar cinco policías estatales, uno de la Coordinación y nueve operadores del servicio 066.
También, tres trabajadores del Sistema Estatal de Información Policial, ocho de la Unidad Estatal de Telecomunicaciones, tres de PC, dos de Tránsito Municipal, un Municipal de Iguala y cuatro elementos del 27 Batallón de Infantería.
Erick Nazario Hernández y Sandy Ornelas Ramírez, de la Policía Estatal, laboraron como despachadores y tres uniformados hicieron las funciones de “guardias de puerta”.
TAMBIÉN, 119 POLICÍAS
La CNDH identificó que, durante y después de los hechos violentos, 119 policías federales y locales cometieron tortura, cateos ilegales, tratos crueles y denigrantes, detenciones arbitrarias y dilataron la puesta a disposición de los detenidos.
Penalmente están denunciados 54 ministeriales de la entonces PGR, 16 elementos de Semar y 44 de la PF.
En el ámbito estatal, son tres miniteriales de la Procuraduría de Guerrero y dos de la Estatal de Seguridad del Edomex.
De las 72 quejas interpuestas por inculpados en el caso Iguala, en 65 se acreditaron violaciones a derechos humanos y en la mayoría se acreditó más de una violación. Hay ocho casos de tortura, 28 tratos crueles, inhumanos, 14 cateos ilegales, 55 detenciones arbitrarias y 49 casos de dilación en la puesta a disposición.
Con información de: https://heraldodemexico.com.mx/
