Ciudad de México, a 8 de enero de 2019.
- Durante cinco días participarán legisladores, titulares de gobiernos estatales y municipales, así como representantes de organismos e instituciones de derechos humanos
- También asistirán organizaciones y colectivos de la sociedad civil, académicos, especialistas, servidores públicos federales del ramo de la seguridad y de las fuerzas armadas
El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, inauguró las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, cuyo propósito es intercambiar puntos de vista con los sectores involucrados para enriquecer la discusión en torno a la reforma constitucional en la materia, que el Congreso de la Unión desahogará en un periodo extraordinario de sesiones el 16 y 17 de enero.
El diputado puntualizó que existen tres grandes enfoques que se deben considerar si se quiere reformar el texto constitucional: los derechos humanos y su ampliación; ejemplo de ello es la Constitución de la Ciudad de México, que de principio a fin es una carta de derechos, afirmó.
En segundo lugar: lo institucional, o sea, la preocupación por la división de poderes y, finalmente, la dimensión territorial, porque “el federalismo son los huesos de la nación; ahí sí topamos con duro”.
Consideró que el Estado mexicano ha perdido jurisdicción sobre el territorio; en ese sentido, deseó que “aquí se desate el federalismo mexicano, porque es la puerta para tratar todos los demás temas”.
El diputado presidente expresó que “no podría describir la satisfacción y alegría que me da este tipo de reuniones, porque es el Congreso con el que hemos soñado, uno que se conciba a sí mismo como un parlamento abierto, por su transparencia, y por el nivel y profundidad de las consultas que realice”.
En su intervención, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, expuso que el principal problema del país es la crisis de inseguridad que se vive.
Sostuvo que “la gente fue capaz de organizarse el pasado primero de julio y pedir la paz y la justicia, y el reto que se tiene es “si las fuerzas políticas somos capaces de organizarnos y darle a México una institución con las facultades y capacidades suficientes para enfrentar la crisis de inseguridad”.
Sin embargo, dijo, no se puede perder tiempo, dado que no se cuenta en horas, minutos o segundos sino en extorsiones, muertos y desapariciones.
Llamó a ser responsables y preguntó qué respuesta se dará a la principal crisis que tiene el país. Añadió que hay una propuesta del Presidente de la República para diseñar una institución capaz de enfrentar a la ola de inseguridad. “No podemos tener un falso debate, una simulación o una simplificación de términos, hay que analizar lo que ocurre y la respuesta que daremos”.
Delgado Carrillo argumentó que es responsabilidad de todos terminar con la estrategia de guerra para dar inicio a la construcción de la paz.
Mencionó que las audiencias permitirán analizar la propuesta de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y, por ello, se han preparado cinco salones para recibir a más de 400 invitados y una carpa con 500 lugares para quienes deseen atestiguar estas reuniones.
Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que se requiere una estrategia integral, pero no existe; es fundamental un rediseño de las instituciones; instrumentos normativos; de la evaluación y los controles de confianza de todas las personas que inciden y de la participación ciudadana.
“El principal actor de la democracia no son los gobiernos ni los partidos sino los ciudadanos. No hay modelo perfecto y para que funcione se requiere de ciudadanía y pasar el filtro de los derechos humanos, del federalismo, municipalismo y fortalecer las instituciones democráticas. El tema de la Guardia Nacional no puede verse de manera descontextualizada”.
Reginaldo Sandoval Flores, diputado coordinador del PT, argumentó que el país vive etapas de cambios y celebró estas audiencias y la ruta para transformar la Constitución e instalar una vía que permita responder a la demanda principal que reclama el pueblo mexicano que es la seguridad, pues “es el principal problema que enfrenta el país”.
Pidió no ver a los culpables, sino la solución y se congratuló que el titular del Ejecutivo federal “esté dispuesto a no seguir simulando el cumplimiento de la Constitución y plantee con precisión que no quiere violar la ley y nos invita a caminar hacia el Estado de derecho”.
El diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, coordinador del PES, expuso que hoy el Congreso de la Unión recobra su papel como centro del debate nacional. En años, dijo, el tejido social se ha erosionado y el Estado de derecho ha sido desafiado por el crimen organizado.
“Hoy es el día de empezar a arrebatarle el país y devolverle la paz y el bienestar a las personas, familias y comunidades. Es el tiempo de repensar la manera en que vamos a enfrentar los complejos retos que la seguridad ciudadana requiere en cada región”, añadió.
Por el PRI, la diputada María Alemán Muñoz Castillo se congratuló con este encuentro y la participación que tendrán los gobernadores y alcaldes, ya que son ellos los que enfrentan cada día el reto de darle a las y los mexicanos una repuesta en materia de seguridad.
Celebró este ejercicio que escuchará a especialistas, a la sociedad civil y al gobierno federal, y su planteamiento integral para el combate de la crisis de inseguridad. “Reconocemos que la población requiere una respuesta en este tema; debemos encontrar el mejor diseño de este modelo y estar a la altura de las expectativas de las y los mexicanos”.
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador del grupo parlamentario de MC, expuso que la discusión central de la Guardia Nacional es si tendrá un mando civil y será una organización de carácter militar bajo mando civil o militar bajo mando militar. “Ese es uno de los dilemas fundamentales”.
El segundo, dijo, tiene que ver con la interacción con el modelo de gobierno de carácter federal y el rol de las entidades y municipios. Destacó que la Jucopo haya aceptado estas audiencias y confió que habrá apertura a las opiniones que se den, en particular, en el tema de derechos humanos.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) enfatizó que hoy se inaugura una nueva etapa de la discusión pública en un tema de seguridad para los próximos seis años, y apostó por la construcción de instituciones civiles de seguridad pública.
“Expresamos nuestro más contundente rechazo a toda política que signifique la militarización de la seguridad pública, que perpetúe la presencia de las fuerzas armadas en estas tareas y que de manera adyacente establezca las condiciones para el incremento de los índices de violencia y las infracciones graves a los derechos humanos que nos ha conducido a la crisis humanitaria que hoy sufrimos”.
Marco Antonio Gómez Alcantar, diputado del PVEM, precisó que este espacio de diálogo es fundamental para analizar los temas de seguridad y uso de la fuerza por parte del Estado, pues les incumbe a todos los mexicanos y no sólo al Poder Legislativo y al Ejecutivo.
“Hoy la realidad nos alcanzó; necesitamos al Ejército en las calles, pues la inseguridad ha llegado a niveles alarmantes. No tenemos legalmente más alternativas que formar una Guardia Nacional o un ente similar constitucional para asegurar la permanencia legal del Ejército en las calles y, con ello, respetar la Constitución”, añadió.
Las audiencias se desarrollarán en 10 mesas de trabajo. Este martes: “Seguridad Ciudadana en los estados” y “Federalismo y Guardia Nacional”; el miércoles 9 de enero, “Estrategias Municipales para la Seguridad” y “Los Municipios ante la problemática de la inseguridad”.
Para el jueves 10 de enero: “Derechos Humanos y Guardia Nacional”; presentación del documental “Hasta los dientes”, de producciones Ambulante, y mesa “Seguridad Humana y Guardia Nacional”.
El viernes 11, “Seguridad, Construcción de la Paz y Guardia Nacional” y “La Seguridad y la Guardia Nacional”. Para el sábado 12 de enero, la mesa “Seguridad Humana y Guardia Nacional”, y cierre de las Audiencias Públicas (conclusiones generales y declaratoria de cierre).
El dictamen con proyecto de decreto para crear la Guardia Nacional, que fue objeto de declaratoria de publicidad el 21 de diciembre pasado, modifica los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política.
Establece que la Guardia Nacional es una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la Nación, en los casos y bajo las condiciones dispuestas en la Constitución y en las leyes.
Especifica que formará parte de la Administración Pública Federal, a través de la secretaría del ramo de seguridad, en cuanto a su planeación, programación y ejecución de funciones. También de la dependencia del ramo de la Defensa Nacional, en lo que respecta a su estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación, en los términos dispuestos en su Ley Orgánica.
En el ámbito de su competencia, deberá coordinarse en el desempeño de sus funciones con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Las políticas, planes y estrategias en materia de seguridad pública estarán a cargo de la dependencia del ramo. En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en la Guardia Nacional.
Destaca que los delitos cometidos por integrantes de esa institución en el ejercicio de las funciones establecidas en el párrafo décimo primero del artículo 21 de la Constitución, serán conocidos por la autoridad civil correspondiente. Las faltas contra la disciplina militar en que incurran los integrantes de la Guardia Nacional serán atendidas por autoridades militares.
Indica que los detenidos serán puestos a disposición, sin demora, exclusivamente ante autoridades de carácter civil. En todos los casos, existirá un registro inmediato de la detención.
Faculta al Congreso de la Unión a expedir las leyes que reglamenten la organización, servicio, disciplina, profesionalización, uso de la fuerza y capacitación para el respeto de los derechos humanos, así como a los mecanismos de la Guardia Nacional.
También, incorpora la facultad del Congreso para que, con la mayoría de las dos terceras partes de los integrantes presentes, pueda disolver a la Guardia, con pleno respeto de los derechos laborales y profesionales de sus participantes.
De igual modo, se faculta al Senado de la República a analizar el informe anual que el Ejecutivo le presente sobre el funcionamiento y actividades de este organismo.
En los transitorios se establece que esta institución comenzará a operar al día siguiente de la entrada en vigor de su Ley Orgánica y la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza. Dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes Orgánica de la Guardia Nacional, la del Uso Legítimo de la Fuerza y la General del Registro de Detenciones.
Abunda que los integrantes de las corporaciones civiles de seguridad pública que se adscriban al nuevo organismo ingresarán con un rango homologado al que ostentan actualmente. La Ley reconocerá los casos y establecerá los procedimientos para la reasignación de dichos elementos a los cuerpos de origen, la cual deberá realizarse respetando los mismos derechos con que contaban al momento de ser asignados a la Guardia Nacional.
También señala que en tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de cinco años, con excepción de los artículos 21 párrafo décimo segundo y 129 de la Constitución, la Guardia Nacional será adscrita a la dependencia del ramo de la Defensa para los efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad.
La elaboración de políticas, planes y estrategias en materia de seguridad se mantendrán a cargo de la dependencia del ramo de la seguridad. Los integrantes de la policía militar y policía naval que ingresen a la Guardia Nacional quedan exceptuados de la prohibición a que se refiere el artículo 129 de esta Constitución.
Subraya que durante los tres años siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Ejecutivo realizará, por conducto de la dependencia del ramo de la seguridad, un programa de reestructuración orgánica y funcional, así como de fortalecimiento de las capacidades de las instituciones civiles de seguridad pública, bajo un esquema calendarizado, para que reasuman el ejercicio de su función de manera gradual y continua.
El dictamen da un plazo de dos años a partir de la entrada en operación de la Guardia Nacional, para hacer un diagnóstico nuevo que determine o que fije el estado de la fuerza y de las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad pública federal, así como de las entidades federativas.
Texto: Cámara de Diputados | Foto: @PMunozLedo
