México, 15 de febrero de 2017.- Empresas mineras, el sindicato de ese sector, y la cervecera Grupo Modelo promovieron los primeros nueve amparos contra las reformas a la Ley de Hacienda de Zacatecas impulsadas por el Gobernador priista Alejandro Tello, de acuerdo con registros del Consejo de la Judicatura Federal.
En las notificaciones realizadas entre lunes y martes, hasta ahora los jueces Primero y Segundo de Distrito en Zacatecas, Isaura Romero y Miguel Angel Mancilla, no han admitido ninguno de los amparos y solicitaron a los promoventes aclaraciones y copias adicionales de sus demandas.
Los quejosos incluyen a tres filiales de Grupo Modelo, dos de Minera Frisco, una de Industrias Peñoles, así como al Sindicato Nacional Minero Metalúrgico y a trabajadores de varias minas, entre ellas de la empresa Fresnillo.
Aunque con ciertas diferencias entre cada caso, los amparos impugnan el impuesto “de remediación ambiental por extracción de materiales”, que grava con diversas tarifas cada metro cúbico de piedras extraídas durante los procesos mineros, así como otro tributo que aplica 250 pesos por cada tonelada de bióxido de carbono emitido a la atmósfera.
También se cuestiona el cobro de 25 pesos por cada 100 metros cuadrados “afectados por sustancias contaminantes” y el de 100 pesos por tonelada de residuos almacenados en vertederos públicos o privados.
Por estos impuestos, Zacatecas espera recaudar mil 230 millones de pesos durante 2017.
Los quejosos alegan violaciones a veinte artículos de la Constitución, entre ellos los que prohíben las penas confiscatorias, los que reservan a la Nación la propiedad sobre los recursos naturales del subsuelo y las aguas, los que ordenan alentar la actividad económica de los particulares.
También los que reconocen derechos en materia de proporcionalidad y equidad de impuestos, los que reservan al Congreso de la Unión crear contribuciones sobre recursos naturales, y los que delimitan las facultades de Estados y Municipios.
No está claro si al Sindicato y los trabajadores se les reconocerá interés legítimo para impugnar estos impuestos, ya que ellos no son los contribuyentes.
La resolución de los juicios de amparo podrían tomar alrededor de un año, pues podría ser necesario el desahogo de pruebas periciales, y las sentencias de los dos jueces de distrito serán revisables por el único tribunal colegiado de circuito en Zacatecas, y probablemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las empresas que soliciten una suspensión para no pagar los impuestos mientras litigan de todos modos tendrán que presentar a la Secretaría de Finanzas de Zacatecas una garantía por el monto que les correspondería tributar.
En teoría, la Procuraduría General de la República (PGR) podría impugnar directamente ante la Corte alguno o todos los impuestos, mediante una acción de inconstitucionalidad cuya sentencia tendría efectos generales, pero hasta ahora no hay registro de que lo hubiera hecho.
Víctor Fuentes | Reforma
