02 de Agosto 2015.- La creación de un frente contra el establecimiento jurídico de la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo, realizar una consulta pública para que los mexicanos manifiesten si están a favor o en contra, que se nombre de otra forma pero no como matrimonio, así como una campaña para defender la familia encabezada por un hombre y una mujer, son propuestas que hacen congresos locales, iglesias cristianas y organizaciones civiles.
Ante el desacuerdo que tienen por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la inconstitucionalidad de leyes estatales que impiden la unión entre personas del mismo sexo, ministros religiosos, legisladores e integrantes de asociaciones no gubernamentales sostienen que su postura no se basa en un criterio homofóbico, sino en principios jurídicos, religiosos e históricos.
Ministros como Eugenio Lira, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM); Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas (Confraternice); así como los diputados locales Sergio Barrón Pinto y Gloria Aguilar de Ita coinciden en la defensa del matrimonio como base de la procreación.
Religiosos de las iglesias La Luz del Mundo, católica y evangélica coinciden en que respetan a la Corte como institución, pero expresan su posición en contra de los matrimonios del mismo sexo, no así de los homosexuales o lesbianas. “Tenemos una doctrina y evangelio, del cual estamos convencidos y nos enseña que el matrimonio debe darse entre un hombre y una mujer”, sostuvo el vocero oficial de la Iglesia La Luz del Mundo, Eliezer Gutiérrez Avelar.
La Corte determinó, el pasado 19 de junio, que son inconstitucionales los Códigos Civiles de los estados que consideren únicamente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, cuyo fin último sea la procreación. Este criterio se aplica a todo el país e impacta en los procesos judiciales relacionados con el tema.
Esto surgió de una jurisprudencia que se creó a partir de los fallos en los que los jueces resolvieron en favor de los derechos de este sector de la población. La jurisprudencia 43/2015 establece sobre el matrimonio que “la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquel es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”.
En el marco de posiciones a favor y en contra, se ha establecido que las parejas del mismo sexo pueden casarse por amparo judicial en los estados que no han legalizado las uniones gay.
Será hasta que las legislaturas estatales cambien sus estatutos, cuando las parejas soliciten autorización a los tribunales caso por caso, sobre lo cual la ministra de la SCJN Olga Sánchez Cordero consideró que “tiene poco sentido que los estados persistan en esta fórmula”.
Sólo en el DF, Quintana Roo y Coahuila han avanzado en permitir los matrimonios de personas del mismo sexo. Aún en 29 estados está prohibido, luego de la resolución de la Corte.
A partir del fallo, el diputado local del PAN en Baja California Sur, Sergio Barrón Pinto, llamó a defender a la familia de los matrimonios entre dos personas del mismo sexo.
Consideró que además de cuestiones religiosas, existen argumentos jurídicos, antropológicos, sociológicos, culturales y biológicos para no permitir los matrimonios entre homosexuales y lesbianas.
Gloria Aguilar de Ita, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso en Campeche, sostiene que el matrimonio tiene la finalidad de concebir hijos, por lo que las bodas entre personas del mismo sexo son “antinatura” y ajenas a lo que establece la Constitución, sobre lo cual debe difundirse información a los ciudadanos.
Por una familia tradicional
En Chihuahua, la organización Cruzada por la Familia, Alianza por la Familia y el Colectivo por la Vida se han pronunciado en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo al argumentar que la “base de la sociedad es la familia tradicional”.
“Pedimos respeto sin discriminar a nadie, queremos que se respete a la familia en su forma y figura. Pedimos apoyo por parte del gobernador [César Duarte]”, solicitaron integrantes de Cruzada por la Familia.
Manuel Rodríguez Montoya, presidente de Conciencia Social, compuesta por 40 organizaciones civiles, sostuvo: “Nosotros no somos homofóbicos. Los papás pueden tener o no tener hijos, los niños tienen derecho a tener papá. La adopción no es válida, porque ellos han decidido casarse con alguien que no puede tener hijos. Creemos que se vulnera los derechos humanos de los niños”.
Rodríguez Montoya resaltó que han hablado con las autoridades, quienes les han dicho que en ellos no está la solución; advirtió que de no encontrar una respuesta favorable acudirán a instancias internacionales, pues considera que es irracional la resolución del matrimonio. “Se ha demostrado milenariamente que motivar e incentivar la homosexualidad va en deterioro y decremento de las culturas”, sostuvo.
Manuel Rodríguez dijo que durante los siguientes días realizarán una campaña de difusión, para hacer conscientes a los habitantes y evitar que se modifiquen las leyes para que se permitan los matrimonios igualitarios.
Integrantes de la Red Unidos por Durango exigieron al Congreso estatal no modificar las leyes para que se permitan la unión entre personas del mismo sexo. Esta red está integrada por más de 27 organizaciones como el Instituto Honor y Patria, A.C., Instituto de Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C., Ángeles de la Cancha, A.C., Integridad Social, la Red Unidos por Durango. Asegura no estar en contra de las relaciones entre personas del mismo sexo, su postura es porque no se permitan los enlaces.
“Se han dado comentarios de que somos homofóbicos, que estamos en contra, que los discriminamos, pero no es verdad. Lo que nosotros queremos es que no se atente contra la institución de la familia. Por lo que pedimos una consulta ciudadana para sea la sociedad la que tome la decisión. Queremos que no se use la palabra matrimonio para las bodas entre homosexuales, lo que queremos es que se ponga la palabra enlace. No nos oponemos a la relaciones entre personas del mismos sexo, lo que pedimos es que no se tome en cuenta la palabra matrimonio, que se le dé otro término”, explicó Manuel de Jesús León Escobedo, representante de la Red Unidos por Durango.
En Baja California, el Frente Ciudadano en Defensa al Matrimonio Sólo Hombre y Mujer, mostró su inconformidad por la jurisprudencia que presentó la Corte, al argumentar que es una “agresión a la institución milenaria del matrimonio” y “una clara imposición ideológica de la Corte, apartada del bien común”.
Se excedió la Corte
En diferentes estados, ministros de la Iglesia católica han expresado su oposición a esas uniones. El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Eugenio Lira Rugarcía, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL que “la Iglesia católica es respetuosa de las decisiones de las personas y, en este caso, si dos personas del mismo sexo desean que el Estado proteja su convivencia, es correcto que se busquen figuras jurídicas que respondan a esta exigencia”.
“Pero no parece adecuado que se transforme una institución jurídica que ha permanecido igual durante tantos siglos y no solamente por disposiciones legales, sino porque responde a una realidad y a una necesidad de la sociedad, que es el bien de la especie humana y su continuidad”, señaló.
Según Eugenio Lira, quien es obispo auxiliar de Puebla, “la Corte se ha excedido porque se está transformando una institución jurídica reconocida a lo largo de los siglos, tanto en el occidente, como en México. Entonces transformar una institución que ha sido siempre la misma es dar un paso que quizá corresponda a otro poder, al Legislativo. Juristas coinciden en esto”.
Según el principio de libertad religiosa no está en contra de los homosexuales o lesbianas, pero un ministro no puede casar a dos personas del mismo sexo, aunque sí puede bautizar a un hijo de una pareja con esta característica.
“Es una aberración”
Esta figura jurídica de unión, “es una aberración”, consideró Arturo Farela Gutiérrez, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas. “No puede ser matrimonio cuando dos hombres o dos mujeres se casan. Puede ser una unión libre o cualquier otra cosa. Viene a atentar a la unidad familiar, esto va a resquebrajar los valores y principios en que está fundada la sociedad mexicana”.
Considera que puede haber “riesgo de que generaciones futuras se vean severamente afectadas si los políticos que en este momento dirigen al país o los ministros de la Corte, no asumen una actitud en defensa de la niñez”.
“Creemos que a mediano plazo, va a venir una persecución en contra de los ministros de culto que nos rehusemos a celebrar bodas entre personas del mismo sexo o cualquier otro tipo de ceremonias”, afirmó.
Eliezer Gutiérrez Avelar, vocero oficial de la Iglesia la Luz del Mundo, dijo que son respetuosos de las decisiones que la Corte toma y emite, pero al margen de eso, “tenemos principios de conformidad con la doctrina cristiana, en el sentido de que el Señor hizo al ser humano como hombre y mujer. El plan de Dios en este sentido es que ambos estén unidos en matrimonio y de esta manera formar una familia”.
Estrategia cínica
El investigador y catedrático de la UNAM, Elio Masferrer, señaló que se vulneran los derechos humanos de las personas del mismo sexo al pretender que, por principios religiosos, se priven de unirse en matrimonio. “Por qué cualquier persona o ciudadano mexicano debe seguir los valores de los miembros de una religión en particular. Eso va en contra de los derechos humanos de un sector de la población establecidos en preceptos internacionales y de acuerdo con el sistema constitucional mexicano”, señaló
Masferrer consideró que “no se debe caer en la trampa de las iglesias” respecto que se obligue a ejercer los principios religiosos ante las uniones gay y, paralelamente, se defiendan los valores, pero éstos, por otro lado, no se ejerzan.
Alfonso Arana Castro, diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política por el PRI en el Estado de México, dijo que sólo con la aprobación de las asociaciones religiosas el Congreso estatal aprobará los matrimonios igualitarios.
Francisco Treviño Cabello, diputado local por el PAN en Nuevo León, se ha mostrado en contra de la jurisprudencia de la SCJN y difundió una campaña para evitar las uniones.
En Tlaxcala, el diputado panista Julio César Álvarez García expreso: “No a las bodas gay”, y adelantó que su partido votará en contra de los matrimonios igualitarios.
La polémica, coinciden legisladores y ministros religiosos, tiende a intensificarse. En tanto, seguirán el avance de la discusión en los congresos locales.
Con información de: EL UNIVERSAL
