La inercia del déficit de gobernabilidad institucional en la conducción social, evidencia el anquilosamiento y la disfuncionalidad orgánica, las contradicciones administrativas y el menoscabo de la gestión pública.
Ante el deterioro de la respuesta institucional a la sociedad, debemos cuestionar el inercial regresionismo administrativo que generan la pasividad del Estado, en particular la erosión del marco conceptual de las estructuras jurídicas, orgánico-administrativas, programáticas y presupuestales, factores determinantes del cambio administrativo para la creación de oportunidades de desarrollo humano y crecimiento nacional.
El incumplimiento del marco jurídico regulatorio de la administración pública y lo precario del costo-beneficio de la respuesta social, enjuician la vigencia de la legalidad imperante; obstruyen el desarrollo humano; hacen ineficiente la operatividad administrativa; y provocan los crecientes procesos de corrupción e impunidad que devastan la confianza, la credibilidad y la armonía de la sociedad.
El trazo directo de estas anomias tiene que ver con el precario desempeño del sistema político y de gobierno, cuyo anquilosamiento y debilidad, propicia conflictos e inestabilidad sistémica; y frustra la calidad de la democracia y las expectativas del desarrollo humano y social.
En este contexto, de acuerdo a José Antonio Rivas, “La relevancia de las instituciones estriba, sea cual sea la perspectiva o el tipo de gobierno, en que conforman el principal medio y pivote a través del cual se estructuran no sólo la democracia, el sistema político, sino además, y de manera especial, nuestras prácticas políticas, conductas, reglas, normas, rutinas, códigos y naturalmente los procesos de socialización, participación e interacción social y política.”
Observar estos principios, advierte que el Estado debe aceptar sus propias virtudes y debilidades para evaluar y corregir su funcionalidad administrativa, con acciones que actualicen el marco jurídico y garanticen la praxis de corresponsabilidad, cocreación y horizontalidad social.
Estos comportamientos de gobierno abierto, son imperativos en la toma de decisiones que construyen y ejecutan políticas de Estado, políticas públicas, planes y programas de gobierno y deben sustituir las inercias institucionales que han enclaustrado a la ciudadanía en el papel consultivo que hasta ahora tiene asignado.
Esta orientación consultiva cercena la fuerza orgánica de la sociedad; disfraza las anomias que acompañan el desempeño y operatividad de planes y programas de desarrollo; manipula sus alcances e impactos en la generación de beneficios y oportunidades sociales; y frena el despegue social para abatir la pobreza, la desigualdad, la corrupción e impunidad.
El problema del aparato público no radica en la falta de conocimientos científicos, ni de recursos tecnológicos o de teorías administrativas, como tampoco de capacitación de punta e interconectividad internacional, o de experiencias con otros estados.
La crudeza política del oscurantismo que vivimos, nos revela que el rostro de la acción pública es la radiografía auditada del juego político, que impide los aprendizajes significativos a nivel institucional y social; la inconcreción administrativa; la falta de contrapesos de los poderes públicos; y la famélica participación corresponsable de la sociedad como constructo civilizatorio de un Estado que no ha logrado la vanguardia social.
Asimismo, es determinante el síndrome crónico de la corrupción y la impunidad, que al reflejarse en la protesta airada, el encono y la ira ciudadana, hacen infructuoso el cambio institucional y nulifican las expectativas de armonía comunitaria a la que aspiramos.
Esta ineficiencia política, jurídica y administrativa, reclama prácticas de parlamento abiertovertebradas con los Sistemas Nacional Anticorrupción, de Transparencia y de Fiscalización, así como con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La sociedad debidamente organizada, deberá participar con sus análisis, propuestas y opiniones en los procesos legislativos que construyen los dictámenes que se aprueban, lo que permitirá recuperar el principio de representatividad y la legitimidad del cambio sistémico que necesitamos.
Esta argumentación crítica plantea hacer del espejo del hiperrealismo político, el espacio para desarrollar estructuras institucionales y sociales, cuya cognición apuntale la función pública y el irrestricto cumplimiento del Estado Democrático de Derecho.
No hay recetas mágicas en el cambio cognitivo y político del Estado, pero algo está claro: mientras no podamos corregir y contener los apetitos de la corrupción e impunidad con protocolos que fortalezcan la estructura jurídica y administrativa pública, estaremos condenados al fracaso.
La curva de aprendizaje de la cruenta realidad que padecemos, no incide en el cambio institucional. Ello se debe a que tenemos una sociedad débilmente organizada, desprovista de conciencia y visión de país para orientar la reconstrucción nacional y de un agudo proceso de despolitización ciudadana, que corroe como cáncer el espíritu de nuestro pueblo.
Aprender para aprender. Esta parece ser la expectativa de una sociedad que en el quebranto público ha encontrado al Leviatán que hoy la devora y cuyas estelas de corrupción e impunidad son el mal endémico de una sociedad que ha llegado al límite de la desolación.
Agenda
- Se conformó el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria con el objetivo de impulsar trámites transparentes y sencillos, sin pagos extraoficiales y sin autoridades arbitrarias. Su informe evalúa los avances de las variables: Políticas, Instituciones y Herramientas. Hidalgo aparece calificado en el 7º lugar nacional. ¡Felicidades! ¡Buen Trabajo!
- En el Valle del Mezquital, el Gobernador Omar Fayad Meneses y el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer supervisaron los trabajos de reconstrucción de uno de los planteles educativos siniestrados tras el sismo del pasado 19 de septiembre e inauguraron la Unidad de Docencia de la Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTT).
- El Informe Previo de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justiciarefiere como prioridades de atención la falta de una política criminal y una visión sistémica de la seguridad pública y procuración de justicia; la saturación de los centros de reclusión y el empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar a la delincuencia organizada.
- El INE aprobó que cada candidato a la Presidencia de la República en 2018 podrá gastar en campaña hasta $429.6 millones y el tope del financiamiento privado que podrá recaudar quien aspire a una candidatura presidencial independiente, será hasta por $214.8 millones, cifra que equivale al 50% del tope de campaña presidencial, de acuerdo al criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Se llevó a cabo en San Luis Potosí, la 15ª Edición de México Cumbre de Negocios “Definir las opciones para México”, se analizaron las prioridades estratégicas del país en un nuevo entorno internacional y en un contexto próximo a las elecciones presidenciales, lo que contribuirá de manera significativa al debate nacional y regional. https://www.cumbredenegocios.com.mx/
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