Hidalgo con Justicia y en Paz en el Contexto de la Seguridad Humana | Esteban Ángeles Cerón

Pachuca, Hgo., 06 de diciembre de 2016.- Fortalecer la gobernabilidad democrática exige un aparato de Estado con instituciones funcionales, capaz de sistematizar más allá del ciclo político y su temporalidad, las acciones que concreten los planes y programas de gobierno bajo un esquema de “Seguridad Humana”, libre de temores y necesidades, corresponsable, de plena vigencia y disfrute de los Derechos Humanos, y de un ejercicio público ciudadanizado donde impere la justicia y la paz social.

La actual administración pública en Hidalgo, configura una nueva arquitectura institucional para fortalecer las condiciones de gobernabilidad democrática. Con su Modelo de  Proximidad Ciudadana y la concreción de la tarea pública, atenderá la participación social y el disenso, creando mecanismos para recuperar la credibilidad y legitimidad en las acciones del Estado.

El PED-Hidalgo 2016-2022, impulsará un trazo de oportunidades sociales en la búsqueda de la equidad y calidad del ejercicio de la función pública, trascendiendo la anquilosada visión verticalista de la gestión gubernamental, mediante la Concertación Progresista, que desde la eficiencia técnica, el constante monitoreo, la atención ciudadana y una eficaz y permanente retroalimentación y procesamiento de la información, promueva respuestas que armonicen la integración social local, regional y comunitaria.

Este enfoque administrativo no sólo recuperará el seguimiento y la evaluación permanente como instrumentos que aseguran la concreción de la tarea publica, sino que se extiende como imperativo gubernamental a través de la Auditoria Ciudadana, a las políticas públicas de seguridad, justicia y desarrollo humano para atender con pericia y oportunidad, las demandas sociales, a través de una nueva regionalización.

La respuesta institucional afianzará la gobernabilidad democrática con la protección de los derechos humanos que custodian la dignidad y preservan la integridad. Ello exige reencausar la capacitación de los servidores públicos para que sus acciones no sólo estén apegadas a la probidad y ética de su función, sino en la procuración de la transversalidad, custodia y difusión de estos derechos fundamentales.

La permanente capacitación de los servidores del Estado y el establecimiento de protocolos en la función pública, se concibe como una dimensión estratégica que generará certidumbre e inhibirá la comisión de delitos, mediante mecanismos de prevención que fortalezcan la cultura de legalidad y socialicen el conocimiento de las disposiciones normativas y el estricto control de la estructura burocrática.

Interés especial reviste la creación de políticas públicas que priorizarán la participación e inclusión de la ciudadanía en el combate al delito. Este planteamiento, asume el compromiso de mantener la estabilidad social, el procesamiento pacífico del conflicto y la tranquilidad pública a través de la capacitación de los cuerpos de seguridad y policía en el Mando Coordinado Estatal-Municipal, y en su moralización y dignificación.

La instrumentación y los mecanismos de esta política de Seguridad Humana, edifica cuerpos de policía de confianza ciudadana; cuya proximidad e interés, responda a la protección de la sociedad y sea la columna vertebral de una nueva policía capacitada, dinámica y sensible, que se apoya en la modernización digital, equipamiento, tecnología de seguridad y vigorosos programas de política social.

Destaca en este esquema de estabilidad social, la vigencia de los Derechos Humanos en la protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes, con acciones de prevención y atención física, así como con programas de asistencia psicológica y de integración familiar, que previenen la violencia y armonizan la convivencia humana.

Esta estructura de seguridad integral, se consolidará en la procuración de justicia con trato humano y con el apoyo a víctimas a través de un proceder justo y solidario; asimismo, estas medidas se fortalecen con la profesionalización de los servidores públicos; la dignificación de su salario; y la modernización de sus apoyos y equipamiento, unidas a la adopción de prácticas anticorrupción.

La estrategia digital de los procedimientos se insertará en una reforma a la Procuración de Justicia buscando la eficiencia y funcionalidad administrativa, que evite la inoperatividad, el desfase e incremento de los tiempos para resolver, y de espera de los ciudadanos. Escenario de vanguardia para la procuración y administración de la Justicia Cotidiana que debe atender el procesamiento del conflicto y la resolución expedita del 87% del total de demandas iniciadas en materia penal, civil, familiar, mercantil y otras, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014 del INEGI.

Respecto a la readaptación y reinserción social en el cumplimiento de los mandatos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se desarrollarán mecanismos que insten al respeto a los derechos humanos de las personas sentenciadas y a la aplicación de programas de capacitación y educación para la reintegración familiar y social. Sobresale el compromiso de la reestructuración de los centros penitenciarios, para disminuir el hacinamiento y mejorar los sistemas de vigilancia y supervisión de los internos.

En cuanto a la protección civil, el fortalecimiento de los protocolos de actuación en coordinación con la Federación y los municipios, se unirá a la estrategia de modernización tecnológica para atender emergencias y desastres naturales para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, y en la revisión y actualización de los Atlas de Riesgo del Estado y los municipios.

Esta vertiginosa reingeniería institucional advierte el interés del Ejecutivo Estatal por reorientar la Gobernabilidad Ejecutiva de la Función Pública, para garantizar la salvaguarda de la seguridad humana, la justicia y la paz social. Esta loable tarea  potenciará la capacidad de concreción y co-creación de los planes, programas y acciones del Estado, evidencia de la coherencia orgánica de los planteamientos de vanguardia de este nuevo gobierno.

La contundencia y seriedad de estos planteamientos del PED 2016-2022, advierten que se trata de trascender la liturgia de la simulación o de reinvención sexenal del gobierno. El camino está trazado, sólo falta que el empoderamiento ciudadano  y la dignificación social de la tarea pública, sean la constante del proceder gubernamental de Hidalgo.

Agenda

• En el contexto de un México en Paz, el Presidente Peña Nieto envió una iniciativa para que la designación del Fiscal General de la Nación, no recaiga necesariamente, en la titularidad actual de la PGR, sino que sea el Senado de la República quien designe al Ministerio Público de la Federación.

• El próximo miércoles 7 de Diciembre, a las 12:00 horas, en el salón Grand Perla, se llevará a cabo el 5º Encuentro Estatal de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, con el tema: “El Sistema Nacional Anticorrupción y la Participación Ciudadana”, en el marco del informe de labores del Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo. Mayor información, en la liga: http://ccceh.org.mx/index.php/pcgp/

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