México, 24 de noviembre de 2017.- Si el reclamo de las empresas chinas por 600 millones de dólares por la cancelación de la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro prospera, la siguiente Administración federal tendría que pagar este dinero.
Esto si en este mes o en lo que va del año se pasó de una intención a un inicio de arbitraje de inversión, proceso que tarda en promedio dos años en resolverse definitivamente, tiempo tras el cual se sabría si el Gobierno mexicano deberá reembolsar la cantidad mencionada equivalente a 11 mil 370 millones de pesos, comentó Carlos Véjar, vicepresidente del Comité de Inversión de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) México.
“Y las consecuencias de estos reclamos, cuando el Gobierno no gana el caso, es que se le obliga a pagar al inversionista por los daños que haya sufrido su inversión, en este caso, todo lo que hayan gastado los chinos, habrá que ver si realmente era una inversión”, dijo.
Resaltó que en casos como éste, la Secretaría de Economía (SE), encargada de coordinar la defensa de las empresas en el País, debe comunicar casi de inmediato a las autoridades involucradas en el proyecto fallido sobre una potencial demanda de este tipo.
Por eso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ya debería tener esta información o falta poco para que se lo comuniquen, añadió.
ICC México aclaró que la SE es la indicada para confirmar si sigue en curso una demanda o no por parte de las compañías China Railway Construction Corporation Limited y China Railway Construction Corporation (International) Limited.
Resaltó que las demandantes pueden elegir un tribunal internacional para llevar el proceso.
Pese a esto, la SCT aseguró a Grupo REFORMA que en octubre pasado el consorcio cobró 23 millones de pesos, con lo que concluyó el único procedimiento iniciado por el consorcio ante la dependencia.
Azucena Vásquez | Reforma
