Meade dijo a emisoras locales que «no hay manera» de dar recursos extraordinarios a Veracruz, cuyo gobernador interino, Flavino Ríos, ha solicitado al Gobierno federal 11,000 millones de pesos.
«Es como si pidieran el equivalente del presupuesto de un par de secretarías de Estado», apuntó tras aclarar que los estados pueden pedir «créditos de corto plazo» ya sea a instituciones financieras privadas o a la banca de desarrollo, además de «reducir su gasto y fortalecer sus ingresos».
«Estamos dispuestos a trabajar con el nuevo Gobierno» de Miguel Ángel Yunes, que asumirá el 1 de diciembre próximo, señaló el titular de Hacienda, quien agregó que este jueves habrá una reunión con el equipo del gobernador electo para analizar opciones.
Entre ellas también mencionó la posibilidad de que la Federación adelante las participaciones de la recaudación fiscal que corresponden al estado y que entregue en un futuro los recursos directo a los municipios, en acuerdo con el Gobierno de Veracruz.
Los alcaldes de Veracruz tienen tomados desde el fin de semana pasado el Palacio de Gobierno para exigir al estado el pago de adeudos por 3,300 millones de pesos.
El secretario de Finanzas de Veracruz, Antonio Gómez, admitió este miércoles que el estado tiene deudas por 87,000 millones de pesos, de los cuales 46,000 millones corresponden a proveedores y contratistas y el resto a bancos.
Yunes, quien ganó las elecciones a gobernador como candidato de una alianza del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), se negó esta semana a iniciar el proceso de entrega-recepción porque las finanzas no están saneadas.
«El Gobierno saliente debe pagar la deuda de corto plazo tres meses antes de que concluya la administración», dijo este miércoles Yunes, tras señalar que esta supera los 17,000 millones de pesos.
Hay adeudos pendientes con la Universidad Veracruzana por más de 2,600 millones y el gobierno estatal ha retenido de manera indebida a los municipios las participaciones y aportaciones federales durante casi cuatro meses, lo que los tiene «prácticamente en quiebra».
Los funcionarios que entregan el gobierno formaban parte de la administración de Javier Duarte (2010-2016), gobernador con licencia y prófugo de la Justicia.
«Es algo inaudito», afirmó Yunes, quien señaló que recibirá bajo la condición de que se cumpla con el pago de la deuda de corto plazo.
Gómez, quien asumió el cargo en marzo de 2015, reconoció este miércoles que puede enfrentar responsabilidades penales «por omisión» al señalar que en más de una ocasión advirtió a Duarte de las consecuencias de utilizar los recursos de los municipios para otros fines.
Duarte es un prófugo de la justicia después de que un juez ordenara en octubre su detención por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El político, expulsado la semana pasada del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió licencia el 12 de octubre, 48 días antes del fin de su mandato para, dijo, hacer frente a las acusaciones de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
La investigación en su contra surgió por las denuncias presentadas hace meses por Yunes, que acusó a Duarte de tener, utilizando a familiares y conocidos, 25 propiedades dentro y fuera del país valoradas en 159 millones de dólares.
Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que en el periodo 2011-2013 hay 35.421 millones de pesos (1.876 millones de dólares) pendientes de justificar en Veracruz.
