Gobierno de México reafirma su voluntad de resarcir deuda histórica con el Valle de Uxpanapa
Ciudad de México, 03 de abril del 2023.- Con el objetivo de reivindicar la deuda histórica con las comunidades chinantecas y mazatecas de Oaxaca, reubicadas por la construcción de la presa “Cerro de Oro”, hace cinco décadas, el Gobierno de México y los pueblos originarios del Valle de Uxpanapa, Veracruz, avanzan en la construcción de su plan de justicia bajo el tema de derecho a la tierra y el territorio.
Al encabezar estos trabajos, el coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar Ortiz, señaló que el problema sobre el desplazamiento de las comunidades, debido a la construcción de la presa “Cerro de Oro”, es complejo porque data de 1972, cuando el gobierno de Luis Echeverría Álvarez decidió con esta obra controlar las inundaciones del río Papaloapan, lo que obligó al desplazamiento de comunidades.
Estas comunidades desplazadas, reiteró, fueron reubicadas en el valle de Uxpanapa, Veracruz, y el gobierno creó la comisión del Papaloapan, organismo que tendría que materializar los acuerdos para crear mejores formas de vida que tenían en su original Ojitlán, pueblo que fue inundado con la presa.
Acordaron en esa época, mejores carreteras, propiedad sobre las tierras, proyectos de desarrollo y su propio municipio, pero nunca se cumplió, recordó el abogado indígena.
En el lugar donde fueron establecidos, el gobierno ofreció el desmonte para cultivo y abrió una carretera de 150 kilómetros y una compañía llamada “Fideicomiso para el aprovechamiento de la madera utilizable” de la selva de Uxpanapa, que se encargó de saquear los bosques y en nada benefició a los pueblos, narró Hugo Aguilar.
“Fue así como los regímenes autoritarios y cacicazgos propiciaron en las comunidades chinantecas y mazatecas, injusticias, marginación, pobreza, rezago, de ahí la necesidad y urgencia de construir un plan de justicia que atienda las demandas de estos pueblos originarios”.
En este sentido, explicó que a pesar de que el desplazamiento es un problema añejo y complicado, el Gobierno de México tiene toda la voluntad y disposición de dialogar a fin de avanzar en la construcción del plan de justicia.
“Estamos conscientes de que en una sola reunión no vamos a solucionar un problema tan complejo, pero les puedo asegurar que en lo que queda de este gobierno vamos a avanzar y sentar las bases para reconstruir al pueblo chinanteco y mazateco”, manifestó.
Buscan certidumbre jurídica
En tanto, el agente municipal de la congregación Villa Juárez, Emiliano Ramos Quintero, reconoció que el plan de justicia permitirá abordar la problemática agraria y subsanar los compromisos que hizo el gobierno desde hace cinco décadas.
“Tenemos documentos en los que el gobierno se comprometió para atender nuestras necesidades, después de sacarnos de nuestra zona de origen, donde fue construida la presa e inundadas nuestras tierras”, explicó.
Consideró que se pueden incursionar programas para apoyar a los 15 poblados y diversas congregaciones que se instalaron en el Valle del Uxpanapa, desplazados desde San Lucas Ojitlán, municipio de Oaxaca donde se construyó la presa “Cerro de Oro”.
Indicó que el éxodo que se dio entre los años 1970 y 1975 y las afectaciones consecuentes hoy se buscan reparar a través de un plan de justicia, en el cual se establecen los compromisos que se hicieron desde hace 50 años.
Explicó que se están llevando a cabo foros para establecer los compromisos del gobierno. “Nuestra demanda principal es agraria, porque no se nos ha entregado la tierra que se nos prometió y estamos viviendo en una zona urbana que no nos pertenece, pero también temas de urbanización, calidad del suelo y calidad de vida; queremos certidumbre jurídica”, recalcó.
Con información de: https://www.gob.mx/inpi/