Gobierno de México avanza en la implementación de la Reforma Constitucional sobre

• En representación de la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, José Alberto López señaló que “la profunda transformación histórica que vive nuestro país requiere de un soporte, de una arquitectura, de un esqueleto normativo que apuntale, afiance y sostenga el cuerpo de la República”.
• El titular del INPI, Adelfo Regino Montes, destacó que en un espíritu de colaboración republicana, los dos poderes del Estado avanzan en la elaboración de la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y la armonización del ordenamiento jurídico mexicano.
• Informó que, para lograr la plena implementación de esta norma jurídica, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha definido seis estrategias fundamentales.

Ciudad de México a 05 de diciembre de 2024.-Cumpliendo con el encargo de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, de hacer realidad la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, (INPI)  y la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Senado de la República, firmaron un Convenio de Coordinación que establece las bases generales de colaboración para lograr la plena implementación de dicha Reforma.

Lo anterior, luego de que el 30 septiembre de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación, (DOF) el Decreto de Reforma en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, por lo cual tendrán 180 días para la elaboración y presentación de la Ley General y la armonización del marco jurídico que corresponda.

En representación de la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, José Alberto López señaló que “la profunda transformación histórica que vive nuestro país requiere de un soporte, de una arquitectura, de un esqueleto normativo que apuntale, afiance y sostenga el cuerpo de la República”.

Resaltó que en el ejercicio de devolver el sentido público y la justicia social a la Constitución Federal, destaca de forma relevante y sensible la amplia evolución del artículo 2° de la Carta Magna, en el que se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, y al mismo tiempo, su derecho para la asignación de recursos públicos, pues “sistemáticamente se les había negado la posibilidad de su administración con el argumento de que los pueblos indígenas no son fiscalizables o que carecen de personalidad jurídica”.

“Ahora estamos ante la labor histórica que, de manera conjunta, el poder Ejecutivo y Legislativo construyan el proyecto de Ley General sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos para materializar la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, así nos lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y así hacer efectivo los derechos consagrados en la Constitución”, manifestó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Senado de la República, Edith López Hernández, -quién presidió la sesión- afirmó que este Convenio establece el trabajo que realizarán con el INPI en la redacción de la propuesta de Iniciativa sobre la Ley General y la legislación secundaria en la materia, por lo que la comisión participará en un comité técnico creado por el INPI y en la consulta que este realice.

“La Reforma Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas es histórica. Esta ley general no será letra muerta, porque en ella participarán nuestros pueblos”, expresó la senadora.

En tanto, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, destacó que, en un espíritu de colaboración republicana, los dos poderes del Estado avanzan en la elaboración de la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y la armonización del ordenamiento jurídico mexicano.

Añadió que el mandato de la presidenta es que la Reforma al artículo 2° de la Constitución no sea una Reforma más, “queremos que sea letra viva, que sea letra transformadora en la realidad nacional”, afirmó.

Por ello, dijo, que, para lograr la plena implementación de esta norma jurídica, la mandataria ha definido seis estrategias fundamentales:

El primer componente, informó, es la traducción de la Reforma Constitucional a las 68 lenguas indígenas del país. Añadió que, hasta el momento, la Reforma se ha traducido a 45 lenguas indígenas, “esperamos que el día 10 de diciembre, -que es cuando la Presidenta va a firmar este Decreto para presentar formalmente estas traducciones-, estar llegando a 50 lenguas indígenas. Nos faltará, según el catálogo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, (INALI) 18 lenguas indígenas y estaremos en ese proceso para concluir con las 68”, señaló.

Agregó que el segundo componente tiene que ver con la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El objetivo, dijo, es elaborar, consultar y poner a consideración de la presidenta, la Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos para su envío al Congreso de la Unión.

En ese sentido, expuso que el primer reto es elaborar la propuesta de iniciativa de leyes, segundo; implementar un proceso de consulta indígena y afromexicana sobre la Iniciativa de Ley General, posteriormente, la presidenta de la República analizará y enviará la Iniciativa de Ley General al Congreso de la Unión.

Así mismo realizar el análisis y aprobación de la Ley General por el Congreso de la Unión, y finalmente hacer la promulgación y publicación de la Ley General.

El titular del INPI añadió que el tercer punto de esta estrategia de implementación de dicha Reforma tiene que ver con la armonización de las leyes secundarias en el ámbito federal, agregó que se tiene que revisar y adecuar las leyes secundarias federales que correspondan, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en la Reforma Constitucional.

Aseguró que se tiene que realizar un diagnóstico de la situación actual de las leyes secundarias; proponer criterios y contenidos a los titulares de las dependencias e instituciones cuya legislación deba ser armonizada; coadyuvar en la elaboración de las Propuestas de Iniciativa de Reforma a por lo menos 18 leyes ordinarias relacionadas con los temas de la Reforma Constitucional; fungir como órgano técnico en los Procesos de Consulta Indígena y Afromexicana, para adoptar las distintas propuestas de reforma legal, y finalmente darle seguimiento al análisis y aprobación por el Poder Legislativo.

Manifestó que un cuarto punto es la armonización en la Constitución y Leyes de las entidades federativas. “Esta Reforma, como ustedes saben, es una Reforma profunda del Estado mexicano que también tiene un impacto en las 32 entidades federativas y en aproximadamente mil 500 municipios que hay en el territorio nacional, por eso es importante la armonización en las 32 entidades federativas al marco institucional y las disposiciones administrativas”, apuntó.

Añadió que es muy importante, porque derivado de esta Reforma constitucional se tiene que realizar la arquitectura institucional del Estado mexicano, en particular las instituciones que tienen un mandato directo por los pueblos y comunidades.

Un quinto componente, afirmó, son las reformas que se tienen que realizar al marco institucional y a las disposiciones administrativas aplicables, para asegurar el respeto y la implementación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas reconocidos en la Constitución.

Explicó que el objetivo es consolidar las políticas y los programas específicos para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el ámbito federal, para ello, se tiene que modificar la normatividad interna de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que correspondan, y modificar las Reglas de Operación de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de incorporar a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en su carácter de Sujetos de Derecho Público.

Finalmente, aseveró que el sexto componente tiene que ver con la asignación del presupuesto directo a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Apuntó que los avances para la asignación de presupuesto directo tienen que ver con la revisión y modificación presupuestaria del Anexo Transversal 10 (erogaciones para el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas); así como modificaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y la creación de un Fondo de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Explicó que para el caso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se debe garantizar la entrega de por lo menos el 10 por ciento de los recursos del mencionado fondo, en términos de la normatividad aplicable a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con la finalidad de hacer efectivos sus derechos reconocidos en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.