Guanajuato, Gto., 26 de octubre del 2024.- El gobierno del Estado de Guanajuato deslindará responsabilidades penales, civiles o administrativas si se detecta que hubo un uso indebido de los más de mil 500 millones de pesos del Fideicomiso para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones de desarrollo social y seguridad pública (Fidesseg) entregados a fundaciones y organizaciones, advirtió la gobernadora Libia García Muñoz Ledo. A pesar de la oposición de los consejos coordinadores empresariales de León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Guanajuato, la gobernadora publicó el decreto de extinción del fideicomiso. El argumento es una falta de transparencia en la aplicación del recurso.
El Congreso aprobó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realice una revisión financiera y de cumplimiento del año 2020 al 2024. En el año 2021, fueron favorecidos 23 proyectos con más de 84 millones de pesos; en el 2022, entregaron más de 364 millones de pesos a 103 proyectos; en 2023, otorgaron más de 703 millones de pesos para 138 proyectos; y de enero a junio de 2024, apoyaron con más de 350 millones de pesos a 78 proyectos. ¿Deslindarán responsabilidades penales, civiles o administrativas si hay irregularidades en la aplicación del recurso? —Sin duda, son recursos públicos.
«Son recursos públicos y hay que hacer una revisión muy puntual. Entonces, yo celebro que la Junta de Gobierno del Congreso haya aprobado esta auditoría. Estaremos atentos y coadyuvantes a la misma y, por supuesto, en su momento atendiendo los resultados que arroje esta auditoría», declaró García Muñoz Ledo. ¿La Secretaría de Honestidad también fiscalizará los recursos del Fidesseg? Sí, nosotros ya estamos en ello. «Haremos todo el trámite administrativo para que regrese el recurso, pero habrá que hacer una revisión muy puntual a los expedientes que estuvieron en su momento otorgándose al cumplimiento», puntualizó. Agregó que el Estado debe tener un reporte «muy puntual» de cómo se aplicaron los recursos del fideicomiso. «Hay obras o apoyos que eran con ministraciones para, por ejemplo, construcción». Hay que ver que, en realidad, vayan en lo que tienen que ir», recalcó la mandataria. ¿Es correcto que se entreguen hasta 30 millones de pesos a fundaciones que eran intermediarias para gestionar los apoyos del Fidesseg? –
Pues miren, yo creo que debe haber total transparencia. Yo lo dije: no puede gastarse más este recurso que va destinado a fines muy loables de la sociedad, a gastos administrativos de fundaciones o de asociaciones. «En el nuevo modelo estamos estableciendo un tope de máximo el 15 por ciento del recurso para algún tema administrativo, pero no puede ser la totalidad o arriba de ese porcentaje que se destine para esos fines», resaltó. La gobernadora reiteró que, ante la ola de desinformación sobre la desaparición del Fidesseg, continuarán apoyando a las organizaciones sociales. «Se trata de que ya no habrá intermediarios entre el apoyo y las asociaciones que lo reciben. Entonces, con ellas, todo mi compromiso y verán que será un modelo con mucha transparencia», prometió. En la Secretaría del Nuevo Comienzo se creará una subsecretaría que garantice la participación de las organizaciones, sin que «nadie monopolice la participación ciudadana», sentenció.
Empresarios Los consejos empresariales de León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Guanajuato quieren tener el control del manejo del Impuesto Sobre la Nómina que se destine para apoyar a organizaciones sociales, argumentando que es un «autoimpuesto». Los empresarios llaman un «autoimpuesto», al Impuesto Sobre la Nómina, porque acordaron con el entonces gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pagar ese dinero con la condición de que usara para apoyar a organizaciones a través del Fidesseg. El dinero público era administrado por un Comité Técnico, donde participaban con voz y voto cinco integrantes de los organismos empresariales de León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Guanajuato. En las reglas de operación se estipuló que Fundaciones podían fungir como «Ejecutores de Proyectos», ya sea «para su operación y debido funcionamiento o para llevar a cabo acciones tendientes a dar cumplimiento a los fines y objeto del Fideicomiso».
La Fundación Empresarial Guanajuato y Actuando Guanajuato recibían millones de pesos, por fungir como intermediarios autorizando proyectos y asesorando a otras organizaciones sobre cómo obtener recursos del fideicomiso. A finales de junio, el presidente de Actuando por Guanajuato, Juan Carlos Usabiaga del Moral, amagó al Estado con no pagar el impuesto si desaparecían el Fidesseg. De acuerdo con diputados de Morena, Fundación Empresarial Guanajuato recibió solo en un año 30 millones de pesos. La Fundación Empresarial Guanajuato tiene en su consejo a Enrique Oviedo Herrera; hermano del ex secretario de Gobierno, Jesús Oviedo; al ex regidor panista de León, Alejandro Arena Barroso, y al presidente del Sistema de Agua Potable del Gobierno de León (SAPAL), José Antonio Morfín Villalpando, ventilaron. A través de un comunicado, los consejos empresariales de León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Guanajuato exigieron a la gobernadora «reconocer el origen y propósito de la iniciativa empresarial que dio lugar al autoimpuesto, asegurando que se respete su esencia». Los hombres de negocios solicitan que se garantice que el dinero público del impuesto «mantenga su destino original, sin desviarse hacia otros fines».
También quieren seguir tomando las decisiones de como y donde aplicar parte del dinero del Impuesto Sobre la Nómina. «Crear un consejo con la participación mayoritaria del sector privado y organizaciones de la sociedad civil, para coordinar el nuevo modelo dentro de la subsecretaría creada en la Secretaría del Nuevo Comienzo», solicitaron. Agregan que quieren una ley que institucionalice permanentemente el uso del recurso y blinde el proyecto de posibles cambios de gobierno. «Asegurar la implementación de máximos estándares de transparencia y diseñar, en conjunto, las reglas de operación del nuevo modelo, que priorice la optimización de tiempos y de recursos, que permitan una mayor efectividad a favor de las asociaciones y sus beneficiarios», piden. Los empresarios calificaron como una crisis la desaparición del fideicomiso y consideran que debe ser reencausada hacia una solución conjunta.
«Nuestra gobernadora tiene la oportunidad de liderar una gran alianza entre el gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil, bajo los principios de unidad, armonía y visión de futuro, esenciales para superar esta coyuntura y construir proyectos que sean de alto impacto social», señalan. Libia García debe tomar en cuenta la opinión de los empresarios para superar los retos, «siempre en beneficio de quienes más lo necesitan», rematan.
con información de https://www.jornada.com.mx/
