Buenos Aires, 15 de diciembre del 2023.- El inmediato rechazo de organizaciones sindicales, sociales, políticas agravó la tensión ante los aumentos y los decretos gubernamentales a sólo cinco días de asumir el gobierno del ultraderechista “libertario”, Javier Milei, al anunciar este jueves la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich el protocolo para el mantenimiento del orden público, que se aplicará para impedir “los piquetes” y/o las manifestaciones con bloqueos de calles, que serán reprimidos por las cuatro fuerzas Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) autorizadas a intervenir y además el Servicio Penitenciario.
“Van a intervenir ante cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no. Nosotros la vamos a cumplir», comenzó Bullrich, en la enumeración de los puntos del protocolo.
“Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay progreso”, dijo la ministra, quien sostuvo que “el propósito de este protocolo es cumplir la ley, como dice el presidente: ‘el que las hace las paga’”.
En su primera medida, la orden del ministerio es que los agentes intervengan directamente, es decir sin necesidad de intervención judicial, sólo en caso de detenciones, ya que contarán con el respaldo de este protocolo que determina que “las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, si hay un delito infraganti, de acuerdo a la ley de flagrancia”, informó la funcionaria. Además, adelantó que planean mandar una ley al Congreso que consolide las nuevas reglas, lo que sin duda será muy difícil de aprobarse.
“Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”, dijo Bullrich y agregó que la intervención de las fuerzas de seguridad se organizará de acuerdo la zona de conflicto. Habrá sitios en los que intervengan las fuerzas federales y otros donde actúen los gobiernos locales. El protocolo busca coordinar el plan, para que toda la vía pública esté custodiada ante las protestas.
A esto se añade la vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren reunirse. “En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales (entre estos carteles o comunicados) serán incautados palos y no se permitirán las caras tapadas o formas para no ser reconocidos”.
En caso de detenciones, Seguridad pedirá la intervención de la justicia. “Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes. Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”, explicó la ministra.
Por otro lado, en caso de participación de niños y adolescentes, se dará intervención a los organismos competentes como el Ministerio de Capital Humano y se sancionará a los tutores o quienes los lleven.
Pero lo novedoso es que “por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables”.
“El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, dijo la ministra, quien ocupó también la cartera de Seguridad durante el gobierno del derechista Mauricio Macri (2015-2019).
Además, se creará un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos y “sistemáticamente” se identificará a los voceros de estas manifestaciones.
Con información de: Stella Calloni, corresponsal
