Todo proceso político, como proceso social, debe promover la corresponsabilidad en la toma de decisiones y la horizontalidad ciudadana para garantizar la gobernanza.
A menos de un mes de la jornada electoral, el reto para partidos y candidatos es integrar unaAgenda Ciudadana Abierta, que comprometa un cambio de las estructuras institucionales, capaz de brindar oportunidades que liberen al ciudadano del clientelismo político y la demagogia que han secuestrado el valor de su voluntad y conciencia.
El imperativo ciudadano demanda de los futuros servidores públicos, su preparación y el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades, para afrontar las responsabilidades propias de su encargo.
Asimismo, partidos y candidatos deberán dar respuesta a las obligaciones que en materia de rendición de cuentas, impone el nuevo Sistema Nacional de Transparencia al Estado Mexicano. Esta dimensión normativa es una respuesta a la demanda ciudadana que exige probidad y cumplimiento del quehacer público, al tiempo que garantiza la visibilidad de servidores públicos y sujetos obligados.
En este contexto el proceso electoral no puede diluirse ni fragmentarse en arenas políticas sin sentido. Debe adquirir la transversalidad de la gobernanza participativa, como factor que permita implantar un nuevo modelo de gobernabilidad, que armonice las expectativas sociales y dignifique, desde el ejercicio de gobierno, los mecanismos de corresponsabilidad e inserción que gravitan desde la voluntad del pueblo.
No podemos tolerar el extravío de la política y mucho menos el extravíos social. La democracia no legitima per sé a todo quehacer político y mucho menos, cuando las acciones de este quehacer, marginan a la ciudadanía de la toma de decisiones. El principio vigoroso de la gobernanza participativa, es la certeza de que cada ciudadano vertebra la fuerza orgánica de la sociedad.
La democracia tiene principios y condiciones expresas; sin duda, la libertad, la igualdad ante la ley y la legitimidad de los poderes públicos, donde la participación ciudadana, la deliberación, el consenso y el disenso, hacen de la Concertación Progresista el fundamento que construye gobiernos que alcanzan fuerza y vitalidad en el tejido social.
Partidos y candidatos como protagonistas de esta Concertación, están obligados a dar cauce a una Agenda Ciudadana, con procesos de integracionismo e interdependencia solidaria con el tejido social, para otorgar sentido al ejercicio de gobierno. Esta condición requiere que partidos y candidatos ponderen trazos de interés común; recuperen el protagonismo de la sociedad civil en la toma de decisiones gubernamentales; rearticulen el significado expreso de la voluntad ciudadana; y propicien un mayor rendimiento operativo de la gestión de Estado.
En este sentido, el Observatorio Ciudadano “www.inteligenciaelectoral.org.mx”, prescribe en el apartado de Agenda Ciudadana, los ejes de Gobernabilidad y Gobernanza, y Agenda Internacional, en los que desde la visión ciudadana, propone los aspectos prioritarios del ejercicio del quehacer público.
Indiscutiblemente, como se aprecia en “Inteligencia Electoral”, la Gobernabilidad y la Gobernanza son aristas del corpus politicus del desarrollo democrático, que afianzan las formas del ejercicio de gobierno, en un marco de respeto, promoción y protección de los derechos humanos y articula mayores posibilidades de armonía y procesamiento del conflicto social, corresponsabilizando a la ciudadanía de su encauzamiento expreso.
En este apartado, resulta significativa la edificación de las prácticas de Gobierno Abierto y las del Sistema Anticorrupción, que señalan los nuevos mecanismos de transparencia, probidad y acceso a la información pública para ser auditada socialmente y afianzar en la rendición de cuentas de los servidores públicos, la plena exigibilidad del combate a la corrupción e impunidad.
Loable resulta también, la ponderación descrita en la Gestión para Resultados, ya que todos apreciamos la eficiencia y eficacia de una gestión pública, cuya operatividad redunde en la consecución de planes y programas, que son en esencia los vasos comunicantes entre las necesidades sociales y el desarrollo integral del Estado.
Este proyecto programático no podría estar completo, sin la alusión a la sana Responsabilidad Hacendaria. El fortalecimiento de la planeación del Estado, atraviesa por la implementación y operatividad de la política fiscal y financiera, así como del endeudamiento prudente y equilibrado, que garantice la sustentabilidad presupuestal, y permita a su vez, optimizar las capacidades recaudatorias tanto de estados como de municipios en la convergencia y priorización de recursos cuyos impactos sociales, posibiliten la redistribución equitativa y óptima del ingreso y la riqueza.
En este escenario, resulta significativa la ponderación de las Relaciones Intergubernamentales, que dan cabida a un modelo colaborativo que fortalece las relaciones entre los gobiernos locales con el federal, así como entre los gobiernos municipales y los actores emergentes, para propiciar la colaboración y el sano apoyo mutuo, que resignifique la eficiencia de las acciones gubernamentales para servir a la ciudadanía.
El capítulo de la Agenda Internacional, reviste especial importancia por las lógicas de la globalización y la exigencia de promover, armonizar y encauzar una intensa actividad internacional que potencie las condiciones inherentes de la Paradiplomacia, el Comercio Exteriory la Migración.
Es necesario establecer nexos de integración y cooperación económica entre los gobiernos subnacionales con gobiernos y actores supranacionales, así como con entidades privadas, de negocios y universidades.
Dentro de una gestión abierta, la Paradiplomacia debe impulsar el comercio exterior, la educación, la cultura, la innovación y la transferencia tecnológica, la salud, el turismo, entre otros temas. Erigirse en la vanguardia de oportunidades y en la preservación de la planta productiva generadora de los empleos de calidad; contener la dispersión de los recursos humanos; y coadyuvar a la gestión migratoria en un marco de respeto a los derechos humanos y a la protección de los migrantes.
La virtud de las prescripciones descritas en “Inteligencia Electoral”, revelan desde la democracia, que el proceso electoral no puede ser el viacrucis político de la ciudadanía, sino el principio de la planificación del futuro gobierno, ya que se depositará no sólo un voto, sino la confianza de hacer del ejercicio público la oportunidad del desarrollo digno de la sociedad.
La democracia debe vigorizar la precariedad de la representatividad. No hay destino manifiesto, es el momento en que la clase política deje de ser un enclave palaciego y sirva al pueblo para construir una Nación donde políticos legítimos y efectivos, hagan de la gobernanza participativa el fin y no la excepción del ejercicio público.
Agenda
- El INE informó que el 82 % de los 3 mil 385 candidatos a presidentes municipales y gobernadores no ha reportado una sola operación de gasto a la autoridad electoral, lo que abre la puerta a los partidos políticos al cálculo de pagar una sanción, pero beneficiarse de un ilícito. Urge una contra reforma político electoral.
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