Ciudad de México, 24 de abril de 2016.- En unos minutos el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), rendirá su informe sobre la investigación del Caso Iguala, que se llevará a cabo en el Claustro se Sor Juana, en el Centro de la Ciudad de México. Al lugar ya llegaron Alejandro Encinas, Javier Sicilia, el padre Solalinde.
Para coadyuvar en las labores de investigación del Caso Iguala, arribaron a México en el 2015 los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, avalados por la CIDH; en todo momento, han contado con el respaldo, recursos y personal del Gobierno federal. Tras rendir su informe final ayer, terminarán su responsabilidad en el país el próximo 30 de abril.
En medio de severas controversias, expectativas no alcanzadas y severas críticas de algunas voces, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentará hoy su Informe final sobre el Caso Ayotzinapa, luego de 14 meses de encuentros y desencuentros tanto con autoridades mexicanas como con representantes de diversos sectores.
Su presencia en nuestro país, desde principios de 2015, obedece a la firmar del Acuerdo para su coadyuvancia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre las autoridades y la autoridad federal, el 18 de noviembre de 2014, a casi dos meses de la desaparición de los 43 normalistas en el municipio de Iguala, Guerrero.
Dentro de quienes respaldan su presencia en México, opinan que su labor debiera continuar hasta lograr más información veraz que pueda llevar al destino que tuvieron los malogrados estudiantes guerrerenses la madrugada del 26 de septiembre de hace ya dos años; quienes los increpan, aducen que se ha politizado su trabajo y que en los hechos, poco o nada, han descubierto frente a lo realizado por la autoridad judicial representada por la PGR.
El GIEI, integrado por Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, llegó a suelo mexicano el primero de marzo del 2015 y después de 14 meses, lo que realmente consta, es que por este lamentable caso se tienen 114 detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR), al corte de febrero de 2016, sin soslayar desde luego seis muertos y un normalista en estado vegetativo, dos millones de dólares entregado al GIEI, uno por trimestre.
El acuerdo, que originalmente se vencía a finales de octubre pasado y que amplió su plazo de vigencia al 30 de abril del 2016, a petición de los padres de los normalistas, fue firmado con la finalidad de “proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos”, así como el instrumentar “las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a quienes resulten responsables y, de igual forma, otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes”.
En sus informes parciales, el GIEI ha dado a conocer lo que llama “Obstáculos y Dificultades”, que ha estado enfrentando para llevar a cabo su trabajo, como la “fragmentación, en varias averiguaciones” del caso por parte de las PGR, la persistente negativa a darles acceso a las declaraciones de los integrantes del 27° Batallón del Ejército, ubicado en esa región de Guerrero.
El último desencuentro, que propició la conclusión del acuerdo y la petición de las autoridades mexicanas de que el GIEI cumpla con el plazo fijado y entregue su informe final, se debió a la información publicada del tercer peritaje, que consignó que “sí hay evidencia de que al menos 17 adultos, fueron quemados en el basurero de Cocula”.
A los que los integrantes del GIEI respondieron que este reporte se dio a conocer sin haberles avisado y que “no presenta el rigor científico que se requiere”, a pesar de haber sido elaborado por cinco expertos en “fuego”, cuando en el Grupo solo uno de sus integrantes era conocedor del tema.
Y textualmente consigna, “las revelaciones públicas de algunas detenciones intentan generar una quinta versión de los hechos, en el sentido de que 17 normalistas -o alguna otra cifra- habrían sido asesinados y quemados en dicho basurero.
“Cuando el GIEI alertó sobre esta quinta versión, que no se sustentaba en los distintos elementos de convicción ni declaraciones, desde días después de la presentación del informe en septiembre de 2015.
Como se recordará, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer sus conclusiones e informó hace unos días que existen elementos para pensar que integrantes de la Policía Municipal de Huitzuco, así como dos elementos de la Policía Federal, participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Antecedentes
El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), surge con la finalidad de proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, así como las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a quienes resulten responsables y, de igual forma, otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes.
Para complicar más el asunto, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) decidió hacer público su peritaje interdisciplinario sobre las evidencias halladas en el Basurero de Cocula.
Dijo por ejemplo que, desde su punto de vista, existe “un serio cuestionamiento sobre el hallazgo de la evidencia que PGR señala recuperó el 15 de noviembre del 2014”.
“Ya que son 41 cartuchos percutidos, encontrados todos juntos entre dos rocas en un ‘cuadrante’ que ya había sido revisado, tanto por el EAAF, como por el GIEI”.
Con información de: http://www.elsoldemexico.com.mx/
