Ciudad de México, 06 de septiembre del 2024.- La agrupación destacó que el gasto público en salud es insuficiente, pues equivale sólo al 3.2% del PIB, por debajo del 6% recomendado a nivel global. Además, persisten disparidades en la asignación de los recursos en este renglón. Pese a las reformas de 2019 y 2023, no se ha logrado establecer un marco legal que asegure un acceso efectivo y universal a los servicios de salud. La segmentación persiste, con diferencias significativas en la calidad y acceso a los servicios según la situación laboral de las personas, explicó el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en el documento “Sistema de salud para la movilidad social”.
“Aunque formalmente la rectoría recae en la Secretaría de Salud federal, en la práctica los diferentes subsistemas públicos operan de manera no coordinada, con mecanismos de decisión independientes. Las herramientas de rectoría son débiles, sin procesos efectivos para asegurar la preponderancia de la Secretaría de Salud con respecto a otras instituciones públicas y mucho menos en comparación con los proveedores privados”, se denunció en el texto. También se reveló que el gasto público en salud es insuficiente, que equivale sólo al 3.2% del PIB en 2023, por debajo del 6% recomendado a nivel global.
Además, persisten disparidades en el gasto público por persona, con asignaciones per cápita menores para quienes no tienen seguridad social. Esto agrava las inequidades y perpetúa un sistema de salud ineficiente y excluyente. “El gasto público en salud ha mantenido diferencias entre los grupos de la población, pues las personas sin seguridad social reciben una asignación per cápita menor que aquellas con seguridad social (…) Asimismo, hay diferencias notables según la institución de seguridad social; por ejemplo, los recursos públicos en salud destinados a los trabajadores de Pemex son tres veces mayores que los asignados a la población asegurada por el IMSS”, explicó el Centro de Estudios.
También, la organización detalló que es necesario un acceso efectivo y equitativo a los servicios de salud para impulsar la movilidad social, así como la importancia de un financiamiento de pagador único basado en impuestos generales. “(El) mecanismo de financiamiento de pagador único basado en impuestos generales permitiría hacer una asignación justa de los recursos para la atención de la salud en todo el país que eliminaría barreras financieras y promovería un acceso igualitario para todas las personas”, se consideró en el texto. Además, se indicó que el acceso a la salud no debe depender de la capacidad de pago de las familias ni de su origen, sino que este servicio se base en un modelo de Atención Primaria a la Salud (APS), centrado en las personas y orientado hacia la prevención y promoción de la salud.
Además, se resalta la necesidad de integrar el sistema de salud con el sistema de cuidados, especialmente para atender a personas adultas mayores y población infantil. El documento agregó que, para avanzar hacia un sistema de salud universal, se requerirán reformas legales y un esfuerzo concertado para armonizar la prestación de servicios de salud en todos los niveles. Problema en crecimiento Por otra parte, de acuerdo con los datos de Medición de Pobreza 2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), una de las carencias que más se ha intensificado entre la población mexicana es la falta de acceso a los servicios de salud.
En 2016, el 15.6% de la población carecía de este servicio; para 2022, el porcentaje se disparó al 39.1%, lo que significa que 50.4 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud. El Coneval define a las personas con carencia por acceso a servicios de salud como aquellas que no tienen adscripción o afiliación a instituciones públicas de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otros.
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