Ciudad de México, 09 de diciembre del 2024.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una carpeta de investigación contra el juez federal Enrique Beltrán Santes por quitar la medida cautelar de prisión preventiva contra Víctor Manuel Garcés Rojo, ex director jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, a fin de que siga su proceso en libertad; además, adelantó que impugnará el fallo del juzgador. A cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, la dependencia acusó en un comunicado que la decisión del juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), incurre en delitos contra la administración de justicia.
También, resaltó que dicho fallo judicial es “absolutamente ilegal”, ya que al ex directivo se le impuso la prisión preventiva desde el 10 de octubre del 2023 al ser acusado de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita. “Esa determinación judicial resulta contraria a la ley y es absurda por completo. En efecto, el imputado está vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en términos del artículo 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva opera, entre otros, por el delito de delincuencia organizada” señaló. La FGR detalló un análisis comparativo de lo que el juez expuso en la última audiencia “y de lo que realmente se probó”. Por ejemplo, el juzgador expuso que el imputado al tener un año más de vida tiene más afecciones de salud. “No es cierto lo señalado por el Juez, ya que no se acreditó por parte de la defensa con ningún dato de prueba (dictamen médico)”, contestó la dependencia.
También refutó argumentos del juez, entre ellos que Garcés Rojo ha demostrado buena conducta en prisión, datos personales como su domicilio y que a la fecha el juzgador desconocía que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le bloqueó cuentas a Garcés desde octubre pasado. “No es cierto lo señalado por el Juez, ya que sí se manifestó en audiencia de imposición de medida cautelar de 10 de octubre de 2023, la existencia de un bloqueo por parte de la UIF de los recursos del señor Víctor Manuel “G”, manifestación que incluso fue esgrimida por la defensa en debate a las manifestaciones de la Fiscalía respecto a la existencia de recursos de una cuenta de inversión con más de 138 millones de pesos, resolviendo el juzgador en aquella data que el hecho de que dicha cuenta de inversión fuera cancelada le generaba la certeza de que el imputado aún tiene acceso a esos recursos, pues fue él quien tuvo que haberlos retirado para proceder a su cancelación.
Por lo que nuevamente se verifica que el Juez varía su propia argumentación contradiciéndose para favorecer a la defensa”, señaló. Se acusó que el juez también omitió hacer pronunciamiento alguno relacionado con la existencia de otro procedimiento en trámite en contra del justiciable, relativo a las amenazas a los testigos. “Lo relativo a tales circunstancias requiere necesariamente de un pronunciamiento del juzgador, toda vez que al existir riesgo para los testigos y el hecho de que exista otro procedimiento vigente en contra del imputado hace que se incremente el riesgo de sustracción, sin mencionar que fue materia de justificación para la imposición de prisión preventiva justificada en un primer momento.
Por lo que debió concluirse que, al no haber variación de esas dos circunstancias, que ponen en riesgo el proceso, lo jurídicamente procedente es que la medida cautelar de prisión preventiva justificada subsista”, señaló. Con base en lo anterior se apuntó que dicho cambio de medida cautelar será impugnado, “pues como puede verse se sustenta en valoraciones enteramente subjetivas del juzgador, que no atienden la relevancia de las conductas delictivas atribuidas al imputado, y sus argumentaciones claramente se advierte que versan sobre aspectos que desde cualquier punto de vista pueden ser consideradas como insustanciales para ese tipo de decisión. “A la vez, se ha iniciado carpeta de investigación contra el juzgador antes mencionado por delitos contra la administración de justicia”.
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