Ciudad de México, 06 de mayo de 2016.- Los principales problemas de justicia cotidiana en México son, esencialmente, la falta de documentos oficiales, sobre todo los que se utilizan para acreditar la identidad y los que comprueben la propiedad de un inmueble o terreno.
En la exposición de motivos de una de las ocho iniciativas que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado en materia de Ley de Justicia Cotidiana, en la referente a la expedición de la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los catastros, se especifican los problemas más trascendentes sobre este tema.
El jefe del Ejecutivo detalla en su proyecto de ley, que en noviembre de 2014 encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) llevar a cabo foros de consulta para que se identificaran los principales problemas de justicia cotidiana. El resultado arrojó que se trata de la falta de actas de estado civil, principalmente de nacimiento y de defunción; títulos de propiedad y testamentos, lo cual “constituye una barrera para acceder a la justicia y limita el pleno ejercicio del derecho a la identidad, a la seguridad jurídica y a la propiedad privada”.
En la iniciativa presidencial se destaca que en estos foros también se permitió identificar como una de las causas que dan origen a la marginación jurídica, “la falta de una política pública encaminada a armonizar y homologar la organización y funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de los catastros municipales con estándares de derechos humanos”, lo cual es uno de los objetivos de esa ley, afirmó el Presidente, así como establecer los mecanismos para la vinculación de ambos en los tres órdenes de gobierno.
Peña Nieto menciona en el proyecto de ley que la justicia cotidiana en este tema debe encaminarse, por medio de una legislación, a “mejorar la accesibilidad para la obtención de los documentos; que el documento refleje la realidad y que los trámites se lleven a cabo en línea y de forma inmediata”.
Además, la propuesta plantea determinar las normas aplicables a las autoridades para obtener, administrar, procesar y utilizar la información registral y catastral; brindar certeza jurídica de los derechos de propiedad de los inmuebles y establecer los lineamientos generales para la administración de una Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral que articule la información de la propiedad privada, pública y social.
Con información de: EL FINANCIERO
