- Rutas deben pagar hasta 80 mil pesos al mes para que los delincuentes “los dejen trabajar”, de lo contrario los asaltan, queman unidades, o plagian y asesinan a los operadores
Su cómplice, también armado con una pistola, hace lo mismo con los otros pasajeros que van en la parte trasera. El ladrón —que viste una chamarra azul marino—, va parado adentro de la camioneta. Se altera cuando el chofer no sigue sus instrucciones y lo insulta.
El operador detiene la unidad donde le ordenó el hombre armado —a la altura de un hotel— para que pueda descender con su cómplice. El sujeto que le da las instrucciones al chofer guarda su pistola en la cintura. Antes de bajar, manda un mensaje a los dirigentes de la ruta: “¡Quiero que le digas a tu línea que qué pasó con el depósito viejo!”.
Esas imágenes fueron captadas por la cámara instalada en la unidad de transporte público y ocurrió antes de las 8:00 horas del 3 de noviembre de 2018. El video apenas fue a dado a conocer por los líderes de la ruta, quienes afirmaron que esos sujetos no han sido detenidos.
Extorsiones sin límite
El transporte público en el Estado de México se ha convertido en los últimos años en una fuente inagotable de recursos para el crimen organizado, delincuentes comunes e imitadores.
Las extorsiones son delitos silenciosos, se registran todos los días, pero pocos se atreven a denunciarlos y quienes lo hacen, se exponen a las represalias que puedan cometer los delincuentes.
Los que se dedican a actividades ilícitas cada vez son más violentos para obligar a sus víctimas a que cumplan sus exigencias, desde golpearlos, secuestrarlos, robar unidades para quemarlas, hasta matarlos. “Todas las rutas, pequeñas o grandes, son extorsionadas, ya no podemos, ya han matado a varios compañeros y el gobierno no nos ayuda”, acusó un líder transportista mexiquense.
EL UNIVERSAL consultó a varios dirigentes de rutas en la entidad, quienes piden no revelar su identidad ni la línea a la que pertenecen por su seguridad y la de sus operadores, quienes son los más vulnerables a sufrir algún ataque por parte de integrantes de las bandas.
Uno de ellos denunció que 100% de las líneas de transporte que ofrecen el servicio en el territorio mexiquense están “renteadas” por miembros de los grupos delictivos. “En Nezahualcóyotl y Chimalhuacán las extorsionesestán muy difíciles, tenemos que pagar una renta semanalmente para que nos dejen trabajar, y si no la pagamos, se roban las unidades nuevas y las queman. Ese es el precio, hablamos como de 30 a 40 mil pesos por ruta”, reveló uno de los líderes que aglutina a más de mil concesionarios.
Otro dirigente del Valle de México estimó que 80% de las rutas que operan en el Edoméx tienen que pagar una “cuota” para que los dejen trabajar.
“En Ecatepec y esa zona la situación está más difícil, porque incluso han matado a representantes. Todo mundo está ‘renteado’, habrá algunos municipios donde no exista la extorsión, pero en casi todos sí ocurre. El modus operandi es de que llegan, te queman una camioneta, te dejan un papel con un número telefónico para que te comuniques, si no te comunicas o lo quieres evadir, pues en la mayoría de las veces está coludida la autoridad, sea ministerial, municipal o estatal”, expresó.
El gobierno del Estado de México obligó a los propietarios de unidades de transporte público a instalar en sus unidades videocámaras, botones de pánico y localizadores satelitales para inhibir los delitos que se cometen a bordo, según lo establece la Gaceta del Gobierno estatal de marzo de 2018.
“Nosotros platicamos con el C5 [Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del gobierno mexiquense] fuimos a las instalaciones, pedimos una audiencia con el C5 y que se nos informara directamente de ellos y ellos nos dijeron: ‘No tenemos conectada ni una sola unidad de servicio público al C5’”, contó uno de los representantes de una línea que ofrece el servicio en el área de Zumpango-Tecámac-Ecatepec.
Concesionarios y operadores de líneas que prestan el servicio en el Estado de México, CDMX y Morelos, tienen que pagar “cuotas” en las tres entidades a diferentes grupos delincuenciales.
“No nos conviene denunciar, ni de chiste, es muy peligroso denunciar, no nos conviene para nada. Se ponen muy pesados. Después de estar varios años en esto aprendes a identificarlos quiénes son los del crimen organizado y los que no.
“Tienen jerarquías entre ellos, fue a verme uno de rango medio y primero llega el grupo de avanzada y van como 15 o 20, y sí te das cuenta que sí son del crimen organizado, porque van armados y te das cuenta que sí es real y hay que negociar, no hay de otra”, contó.
Amenazas imparables
A las 6:29 horas del 3 de abril pasado, cinco unidades de transporte público estacionadas en la base de la Central de Abasto de Ecatepec, fueron incendiadas por varios hombres que irrumpieron en el estacionamiento donde están los vehículos concesionados de seis líneas.
Una de las cámaras instaladas en uno de los vehículos captó el momento en el que un sujeto lo roció con gasolina. Antes, ordenó al operador que descendiera y que sólo observara lo que le hacían a las camionetas. Fue un mensaje intimidatorio para que los dirigentes les entreguen la “renta” exigida.
Los miembros del Consorcio de Emprendedores del Transporte 30 de octubre contaron en las últimas semanas 14 ataques similares en Ecatepec, Tecámac y Zumpango, uno de los corredores más peligrosos del Valle de México.
Por los daños ocasionados a sus unidades han sufrido pérdidas superiores a los 7 millones de pesos en los últimos días, lo que los ha orillado a pensar en suspender el servicio por falta de seguridad para los conductores y usuarios, principales víctimas de la violencia.
“Que se pueda atacar [la inseguridad que enfrentan] porque la realidad es que nosotros estamos pensando en cerrar las puertas. Realmente 40% de la mano de obra estamos perdiendo en promedio un millón o millón 100 mil pesos”, calculó uno de los líderes de dicha asociación.
De esa organización, uno de los operadores ha sido asesinado y otro fue secuestrado, presuntamente, por extorsionadores. “Esto ha afectado sicológicamente al resto de nuestros compañeros del volante, ya que actualmente esto ha causado que un 40% de los operadores hayan decidido abandonar su trabajo por temor a ser secuestrados o lo peor, asesinados”, alertó otro líder de la agrupación a la que están adheridos concesionarios de la región Ecatepec-Tecámac-Zumpango.
Grupos identificados
El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Gómez Sánchez, dijo que después de la detención de Miguel Ángel “N”, alias El Monterrey, ocurrida en noviembre pasado en Sonora y quien es señalado como el líder de una banda de extorsionadores de transportistas en la región de Ecatepec y municipios del oriente, el que ocupó su lugar en esas actividades ilegales, aparentemente, es un familiar de él.
“Desde que se logró la detención y el proceso penal del líder de la banda esta de El Monterrey, ocupó su lugar el que creemos que es su hermano, el que está cometiendo ese tipo de ilícitos.
“Desde luego ya nos estamos apoyando también con la Secretaría de la Defensa Nacional en patrullajes que se están llevando a cabo en la autopista México-Pachuca y eso esperemos que vaya a propiciar la disminución del tema”, mencionó hace unos días.
Las autoridades ministeriales tienen identificada a otra organización delictiva que se dedica a la extorsión de concesionarios denominada MNL, que también opera en la zona de Ecatepec y Tecámac. El fiscal reconoció que esa área es considerada como huachicolera, debido a que hay organizaciones delictivas que además de extraer de manera ilegal combustible para su venta, se dedican a cometer robos con violencia de diversa naturaleza. “También sería factible encontrar pugnas entre este tipo de bandas y las que están llevando a cabo las extorsiones”, reveló.
El secretario de Movilidad, Raymundo Martínez, afirmó que hasta ahora no se ha suspendido el servicio en alguna ruta de transporte ocasionado por las extorsiones. Explicó que se han efectuado reuniones entre los empresarios del transporte y autoridades de la FGJEM para determinar las acciones que se emprenderán y que los concesionarios no estén angustiados por la situación que enfrentan.
Líderes de líneas extorsionadas están convencidos de los grupos delictivos son protegidos por funcionarios de los tres niveles de gobierno.
“Para que ellos puedan actuar en la manera en la que lo hacen, es indudable que están coludidos con autoridades federales, estatales y municipales, eso lo sabemos”, acusó uno de los dirigentes.
Con información de: https://www.eluniversal.com.mx