Ciudad de México, 17 de octubre de 2016.- En la Ciudad de México 85 mil niños realizan alguna actividad laboral y, de ellos, 42 mil no percibe retribución alguna, pues el dinero que ganan lo entregan a un adulto; además, laboran en horarios extenuantes y en condiciones de inseguridad, según datos de la Secretaría del Trabajo local.
Y aunque este fenómeno está tipificado como un delito, la Procuraduría de Justicia enfrenta obstáculos para proceder contra los responsables.
German Nava, del Observatorio contra la Trata en la Ciudad de México, advierte que los niños pueden permanecer afuera del Metro vendiendo dulces, sin acudir a la escuela y con una alimentación deficiente, pero para la PGJ es complicado establecer algún tipo de explotación.
“Creo que hay un olvido social a los menores, hay mucha indiferencia hacia el trabajo de los niños, tampoco hay el compromiso de las autoridades para combatirlo; el delito en este caso sería el de trata de personas”, señala.
Lupita y su hermana Lorena, de 10 y 8 años, venden dulces y piden dinero en las líneas 2 y 3 del Metro. La mayor explica que sus padres también lo hacen, pero ellas tienen menos problemas con los operativos policiales.
Personal de la Fiscalía para Niños, Niñas y Adolescentes comenta que el principal problema para acusar a un padre o madre de explotar a sus hijos, es que los menores dicen que trabajan por su propia voluntad para ayudar a sus padres.
“Aquí (en el Ministerio Público, los niños) dicen que nadie los obliga, que ellos lo hacen porque ayudan a sus padres; es una cuestión de pobreza, de falta de oportunidad, no es un delito”, dice un agente.
Alicia Athié, consultora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e investigadora en temas de explotación de menores de edad, señala que los factores que generan que este tipo de explotación son la marginación social, extrema pobreza, familias carentes de condiciones para subsistir. “El trabajo infantil es siempre sinónimo de explotación, los niños y niñas están expuestos a accidentes, maltratos de otras personas, abusos, adquirir enfermedades, dejan o de plano ni siquiera van a la escuela”, alerta.
Con 10 años, Esteban trabaja apartando lugares afuera de un banco por las mañanas.
A sus 13 años, Ramiro dejó la escuela y trabaja más de 10 horas en La Merced como cargador, y los 150 pesos que en promedio gana al día los entrega a su madre.
“Desde chavito estaba acostumbrado a trabajar, pero sí me gustaría seguir estudiando. No hay otra: hay que chambear para comer”, dice.
Olivia Garza, ex diputada y presidenta de la asociación Modernizando el Sistema Penitenciario, recuerda que este es un problema de muchos años y poco atendido.
Pese a esto, de enero de 2015 a septiembre pasado, la Fiscalía para Niños de la Procuraduría capitalina recibió ocho denuncias por explotación laboral infantil y sólo en tres casos ejercitó acción penal contra un presunto responsable.
“Son muy pocas o nulas las acciones de las autoridades”, resalta.
Arturo Sierra | Reforma
