14 de diciembre del 2023.- Luego de las modificaciones al programa de trabajo temporal agrícola —con visas H-2A— por las denuncias de abusos laborales, el gobierno de Estados Unidos anunció otra serie de acciones para proteger a quienes participan en el segundo esquema más grande de contratación de personas migrantes: el de visas H-2B, el cual también acumula quejas por explotación laboral.
Habrá una mayor supervisión en la contratación, las personas migrantes tendrán garantías para denunciar abusos y más información sobre los empleos disponibles, entre otras medidas acordadas en el Grupo de Trabajo de Protección de Personas Trabajadoras H-2B de la Casa Blanca.
“Con demasiada frecuencia, los trabajadores H-2B enfrentan desincentivos estructurales para denunciar o abandonar condiciones abusivas y, a menudo, carecen de recursos para ejercer sus derechos cuando surgen situaciones de explotación laboral”, admite dicho organismo en el reporte Fortalecimiento de las protecciones para los trabajadores temporales H-2B.
“Esta vulnerabilidad no sólo perjudica a los trabajadores H-2B, sino que también socava los salarios y las condiciones laborales de todos los trabajadores”, agrega.
El programa H-2B les permite a los empleadores en Estados Unidos contratar temporalmente a personas en el extranjero para realizar trabajos o servicios no agrícolas. Se les concede la visa sólo a quienes fueron reclutados por una empresa y no pueden laborar para otra.
Si ese empleador les despide, su visa temporal es revocada y deben salir del país. Por eso, si las personas sufren abusos prefieren aguantarlos pues, además, muchas se endeudan para pagarle a los enganchadores o reclutadores en México o sus países de origen.
Los trabajos de visa H-2B son para laborar como meseros o meseras, en el mantenimiento de campos de golf, trabajo doméstico, limpieza de hoteles, lavando platos o preparando alimentos en restaurantes, en el procesamiento de carne y pescado, en ferias y otras actividades para las que no se requiere formación universitaria.
Cada año, el Congreso estadounidense fija un límite de visas H-2B. Generalmente permite la entrada de 66,000 trabajadoras y trabajadores por esta vía, pero en los últimos años ha autorizado bastantes más adicionales a ese número. En el año fiscal 2023 les concedió la visa a otras 64,700 personas trabajadoras, según el informe.
Cinco áreas de protección laboral
En octubre de 2022, la Casa Blanca creó el Grupo de Trabajo sobre Protección de Trabajadores H-2B. Lo dirige la Casa Blanca y lo integran los Departamentos del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), Seguridad Nacional (DHS) y de Estado (DOS).
El grupo se nutrió de las recomendaciones de organizaciones como el Centro de Derechos del Migrante (CDM), de las propias personas trabajadoras, sindicatos y academia.
De todo ese análisis concertaron cinco metas:
- Protección a trabajadores y trabajadoras involucradas en conflictos laborales
- Aprovechamiento de los datos del programa
- Reducir la vulnerabilidad de trabajadores frente a patrones y reclutadores
- Brindar más información a los trabajadores
- Establecer un Grupo de Trabajo Interinstitucional de protección para todas las personas que laboran con visa H-2
Sobre la primera meta, la Casa Blanca reconoce que la gente no denuncia las violaciones laborales porque eso le puede costar la deportación. Y si permanece en Estados Unidos, tendrá “múltiples consecuencias migratorias adversas”.
Si bien, el DHS permite a quienes inician una querella laboral seguir en Estados Unidos y trabajar con otra empresa, en tanto no les sea autorizado no tienen ninguna protección.
Ante esto, el Grupo de Trabajo acordó que el DHS acelerará los trámites e informará a las autoridades competentes sobre las personas que están en una disputa laboral para que no sean deportadas.
Reclutamiento, no endeudamiento
A pesar de que el DHS, el DOL y el DOS tienen grandes bases de datos sobre las personas trabajadoras con visas H-2 y sus empleadores, no se comparten esa información, “lo que dificulta su capacidad para responder a violaciones de las leyes laborales”, como la discriminación de género o el acoso sexual contra las trabajadoras migrantes.
De ahora en adelante, dichas agencias compartirán información entre ellas, en la medida que la ley lo permita. Además, el Estado publicará informes trimestrales sobre el número de trabajadoras y trabajadores con visa H-2 identificando el género, sector y ocupación.
El Grupo de Trabajo tomó conocimiento de una investigación del CDM en la que muestra que la mayoría de las personas trabajadoras H-2 pagaron tarifas de contratación, por lo que llegan a Estados Unidos con una gran deuda.
Si son víctimas de más abusos en dicho país, las soportan para conservar el empleo, pues antes de ver sus ganancias, deben pagar el adeudo. Las leyes laborales y de inmigración de Estados Unidos prohíben esos cobros, pero suceden en los países de origen de la fuerza trabajo.
Lo que hará el gobierno será mejorar la recopilación de información sobre los reclutadores intermediarios para identificar quiénes incurren en esas prácticas y no permitir que las empresas estadounidenses laboren con ellos.
La información es poder
El Grupo de Trabajo también detectó un gran vacío de información que hace más susceptibles a las personas trabajadoras a ser víctima de abusos y fraudes.
Las personas trabajadoras desconocen sus derechos laborales, así como el estado de su estatus migratorio, porque las autoridades estadounidenses envían los datos sólo al empleador, carecen de información sobre cuáles empleos entran en la visa H-2B y no se enteran de los salarios que les adeudan como resultado de investigaciones del DOL.
Las medidas que se tomarán al respecto van desde compartirle a “ciertos trabajadores” la información sobre su estado de inmigración; dependiendo del presupuesto, se publicarán las oportunidades laborales disponibles en una página de internet y se aumentará la difusión del sitio TrabajadorMigrante.gov.
Por último, la Casa Blanca creará un Grupo de Trabajo Interinstitucional permanente para la protección de trabajadores migrantes H-2. Este organismo se reunirá periódicamente con organizaciones civiles y otros entes externos interesados, el cual guiará la implementación de todas las acciones acordadas.
Con información de: https://www.eleconomista.com.mx/
