Estado mexicano pide disculpas y reconoce su responsabilidad en el homicidio del líder triqui
A nombre del Estado mexicano, la Secretaría de Gobernación, a través del Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, encabezó hoy el acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa por el caso de Antonio Jacinto López Martínez.
El pasado 17 de octubre de 2011, el ex alcalde de San Martín Itunyoso, Oaxaca, Antonio Jacinto López Martínez, fue privado de la vida en la ciudad de Tlaxiaco, en la región de la Mixteca. No obstante que el 29 de julio de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de López Martínez, en la resolución MC-165-05-México, en donde solicitó al Estado mexicano adoptar las precauciones necesarias para garantizar la vida y la integridad física del líder triqui.
En el Salón Reyes Heroles de esta dependencia, Campa Cifrián indicó que este acto muestra el compromiso que tiene el Gobierno de la República para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y reconocer las omisiones que el Estado mexicano ha tenido.
En calidad de representante del Estado mexicano, el Subsecretario informó que se trabaja en reforzar la protección de todas las personas, “en especial aquellas que se encuentran bajo algún particular riesgo, derivado de la labor que realizan en beneficio de la sociedad”.
A la viuda de Antonio Jacinto, Julia Vásquez Bautista, el funcionario le ofrece una disculpa y reconoció la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a los derechos humanos de Antonio Jacinto López. “Reitero el compromiso irrestricto del Gobierno mexicano para realizar todas las acciones y agotar todas las medidas necesarias, para que actos como los que dieron origen a este reconocimiento, no se vuelvan a repetir en un futuro”.
Al firmar el acuerdo de solución amistosa al caso de López Martínez, el Subsecretario de Derechos Humanos destacó que este es un ejemplo del diálogo abierto que mantiene el Gobierno de la República con las organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones a derechos humanos.
Este Acuerdo, agregó, contiene medidas que garantizan una reparación integral del daño, que incluyen medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y una compensación económica justa y calculada de acuerdo a los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia.
Además, precisó, se asume el compromiso de prestar atención en materia de salud con perspectiva de derechos humanos a través de la creación de una ruta de atención médica de acuerdo a las condiciones y circunstancias de la familia, así como el otorgamiento de becas para que los menores de edad garanticen sus estudios.
“Estas medidas contienen la obligación de continuar una investigación exhaustiva para llevar a las personas responsables de este caso ante la justicia y para que la familia conozca la verdad de los hechos”, dijo.
A su vez, precisó, el Estado mexicano reconoce su responsabilidad por la falta del cabal cumplimiento de las medidas, y la Secretaría de Gobernación realizará un proceso de consulta con la sociedad civil para la elaboración e implementación de protocolos para la adopción de medidas cautelares que hayan sido dictadas por mecanismos de protección de derechos humanos.
La señora Julia Vásquez Bautista agradeció el apoyo de las autoridades y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos por este reconocimiento y disculpa pública de los hechos acontecidos el 17 de octubre de 2011.
Por su parte, el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro señaló que para este organismo es importante que la Secretaría de Gobernación haya asumido el compromiso y tenga como resultado este acuerdo. Aprovechó para llamar a la ciudadanía a participar de forma contundente en el desarrollo de mejores prácticas en derechos humanos de la región.
En el evento también estuvieron presentes el titular de la unidad de Asuntos Jurídico de la Secretaría de Gobernación, David Arellano Cuan, y el director general adjunto de Casos de Democracia y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Erasmo Lara Cabrera.
Asimismo asistieron los hijos de Jacinto López y Julia Vásquez; por parte del estado de Oaxaca la coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos, Eréndira Cruz Villegas Fuentes; el fiscal general estatal, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz; el secretario de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández; el representante legal de la familia López Vásquez, Mauricio Santiago Reyes; el defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo