- El Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con 90 abogados bilingües, cuya labor es acompañar al procesado y explicar al juez el sistema normativo que rige su cultura para garantizar un juicio justo.
Estas lenguas son maya, mixe, mixteco, mazateco, náhuatl, otomí, purépecha, tarahumara, huasteco, huichol, tepehuano, totonaco, triqui, tzeltal, yaqui, amuzgo, chatino, chinanteco, chol, chontal, cora, cuicateco, zapoteco y zoque, entre otras.
Y los estados donde predominan estas variantes lingüísticas son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Sonora, Sinaloa, Querétaro, Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Durango y Puebla.
✔️Para garantizar el derecho a una defensa adecuada de personas hablantes de lenguas indígenas, se contrató personal hablante de esas lenguas. Aumentó de 39 a 103 las variantes lingüísticas para brindar atención en @defensoriaifdp #InformeZaldívar |Acceso efectivo a la justicia pic.twitter.com/SwzSAdWkmt
— Suprema Corte (@SCJN) December 13, 2019
«No son abogados que aprendieron una lengua indígena; son abogados que nacieron hablando una lengua indígena y se rigen por la cosmovisión de sus pueblos», explicó Netzaí Sandoval Ballesteros, titular del instituto.
«Esto es muy importante porque esa comunicación de ida y vuelta no se logra con los abogados que aprendieron a traducir un poco de una lengua indígena; aquí tenemos hablantes nativos de estas lenguas y eso ayuda mucho en los juicios».
Sandoval Ballesteros destacó que la defensoría pública federal es el órgano del estado mexicano que tiene más abogados hablantes de lenguas indígenas, incluso por encima del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi).
«Nadie tiene tantos abogados de pueblos indígenas como nosotros, pero aún así estamos lejos de la meta, porque el catálogo del Inali establece más de 364 variantes.
«Tenemos mucho trabajo pero hemos avanzado como nunca en la historia de la defensoría pública en México», agregó.
De acuerdo con el primer Informe del ministro Zaldívar como titular del Poder Judicial de la Federación, este año el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas acreditó a 47 servidores públicos.
La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que las lenguas originarias y el español tienen carácter nacional por su origen histórico y, por tanto, la misma validez, con lo que se garantiza en todo momento el derecho de las personas a la no discriminación y acceso a la justicia.
Además, la Suprema Corte de Justicia determinó que los defensores públicos bilingües del Instituto Federal de Defensoría Pública pueden fungir como intérpretes cuando no sea posible encontrar un perito que realice esas funciones.
Con información de: https://www.milenio.com/
