Madrid, 02 de enero del 2025.- El primer día de 2025 entró en vigor un nuevo impuesto en España, que afecta de forma directa y en exclusiva al sector bancario, uno de los más prolíficos de las últimas décadas y que gracias a sus pingües beneficios se ha convertido en multinacionales hegemónicas en otros países, como ha ocurrido en México, Colombia, Brasil, Turquía o Argentina, donde la banca española es de las dominantes. El Ejecutivo de la coalición de izquierdas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, presidido por Pedro Sánchez, aprobó este nuevo tributo que representará una recaudación anual extraordinaria de alrededor de mil 700 millones de euros (35 mil 500 millones de pesos). Este impuesto extraordinario a la banca forma parte de una reforma estructural con la que el gobierno aspira a evitar aún el fraude fiscal y recaudar más en otros sectores, con lo que sus previsiones son de una elevación anual de la fiscalidad de alrededor de cuatro mil 500 millones de euros (95 mil millones de pesos) en el 2025.
A lo largo del último año, las relaciones entre las entidades financieras y el gobierno español han sido tensas, incluso ásperas en algunos momentos. Se debe sobre todo a la densidad regulatoria de la administración española, pero sobre todo a la aprobación y continuidad de este gravamen especial que también afectaba al sector energético, pero que éste, gracias a sus relaciones políticas con la derecha nacionalista del País Vasco y Cataluña, logró la nulidad de la prórroga del impuesto, con lo que quedará exento de pagarlo a pesar de los intentos de última hora del gobierno de aprobarlo vía decreto. Este nuevo impuesto se presentó y aprobó a finales del 2023, junto con uno a las empresas eléctricas, tras las consecuencias en la economía y en el precio de la energía de la guerra entre Rusia y Ucrania y de la alta inflación. El Gobierno esgrimió además un factor crucial,que la banca está exenta del pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA) en la mayor parte de su actividad y sus transacciones carecen de fiscalidad. Ahora esa norma fiscal se aprobará de forma permanente y aspira a recaudar alrededor de mil 500 millones de euros al año, con base en tres parámetros: ingresos de la banca por márgenes, intereses y comisiones bancarias. Estos afectarán solo a los bancos que ingresen más de 800 millones de euros en intereses y comisiones, dos realidades que aglutinan en torno al 80 por ciento de la facturación del sector. De esta forma, el radio de acción del impuesto llega a las grandes entidades, es decir al Banco Santander, al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), a CaixaBank, a Sabadell y a Bankinter, además de otros entidades financieras medianas, como Ibercaja, Unicaja, Kutxabank y Cajamar.
El texto establece que el impuesto a la banca tendrá una duración de tres años y establece una escala de tipos que alcanza el 7 por ciento para aquellos bancos con márgenes de intereses y comisiones superiores a los cinco mil millones de euros. Según los resultados registrados en 2023, los tres más grandes –CaixaBank, Santander y BBVA– se encuentran en este tramo. La redacción sitúa otros cuatro escalones. Marca un tipo del 6 por ciento para aquellas bases mayores a tres mil millones, que podría afectar al Banco Sabadell. Por detrás establece otras tres. Además, a partir del año que viene se fijará un gravamen mínimo del 15 por ciento en el impuesto de Sociedades para las multinacionales. Con su entrada en vigor Hacienda logra tres cosas:por un lado transponer la directiva europea y evitar las sanciones; por otro, garantizar un incremento anual de los ingresos tributarios de dos mil 600 millones. El único escollo en la reforma fiscal integral del Ejecutivo español se dio en el sector energético, uno de los más poderosos y con más alianzas políticas, sobre todo en el País Vasco y Cataluña, donde mantienen desde hace décadas una relaciones estrechas con el nacionalismo conservador de Junts per Catalunya (JxCat, antes Convergencia i Unió) y con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). De hecho, Iberdrola tiene su sede central en Bilbao y Repsol tiene como consejero delegado a Josu Jon Imaz, ex presidente del PNV. De ahí que el PNV, JxCat, el derechista Partido Popular (PP) y Vox se aliaron en el Congreso de los Diputados para anular la prórroga de esta impuesto extraordinario al sector energético.
El gobierno, en un intento desesperado de mantener el gravamen, aprobó por la vía del decreto ley un nuevo impuesto al sector que, en todo caso, deberá ser validado en el Parlamento, donde a día de hoy no tiene mayoría para hacerlo. Los sectores más conservadores de la economía, como el Banco Central Europeo (BCE) o el Consejo General de Economistas (CGE) de España expresaron su rechazo a la medida, al sostener que perjudicará al sector en su batalla por la hegemonía en otros mercados y a la propia solvencia del sistema financiero. El CGE expresó en un comunicado que “no nos acaba de convencer crear impuestos especiales para determinados sectores. Desde un punto de vista económico, lo que se hace es demonizar a sectores para justificar determinadas subidas de impuestos”. En cualquier caso, el impuesto entró en vigor el primer día del 2025 y supondrá un alivio para las arcas públicas españolas y garantizarán las políticas sociales que pretende impulsar el actual gobierno de izquierdas.
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