17 de octubre de 2015.- Enrique Peña Nieto, presidente de la República, presentará en los próximos días una iniciativa en materia de desaparición forzada en la que se propondrán penas de entre 50 y 100 años de prisión en contra de los funcionarios públicos que resulten culpables de dicho delito.
La iniciativa será presentada ante el Senado de la República, y por ello Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), ya se reunió con senadores para explicarles los pormenores de dicha iniciativa.
Las penas serán ejemplares e irán de 50 a 100 años de prisión y multas de 4 mil a 8 mil días de salario mínimo para los funcionarios que priven de la vida o de la libertad a una persona; instruyan, inciten, autoricen o apoyen por acción u omisión la desaparición.
En un foro organizado por las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos en el Senado de la República, Betanzos Torres explicó que también se incluyen penas de 40 a 90 años a los particulares que cometan el ilícito. También destaca que el ocultamiento de una persona se penará con 30 a 60 años de prisión para servidores públicos y de 30 a 50 años a particulares.
La iniciativa incluirá también puntos para la disminución de penas, como el que si los autores o partícipes liberan a la víctima espontáneamente dentro de los 10 días siguientes a la desaparición, la pena disminuye hasta la mitad.
Si proporcionan información relevante que conduzca a la localización con vida de la víctima o a dar con el paradero de los restos, la pena disminuye hasta en una tercera parte
Finalmente, si proporcionan información para esclarecer los hechos o identificar a responsables, disminuye la pena hasta una cuarta parte.
Entre las agravantes se encuentra el deceso de la persona desaparecida, cuando la víctima sea mujer, embarazada, menor de edad, tenga alguna discapacidad o pertenezca a un grupo vulnerable.
Con información de: EL ECONOMISTA
