Cd. de México, México, 29 de diciembre de 2015.- En México, los médicos legistas no documentan adecuadamente las señales de tortura, lo que permite que queden en la impunidad estos casos, advierte un informe de Amnistía Internacional (AI).
Según la organización, pese a que el Dictamen Especializado que aplican los médicos y psicólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) está basado en normas internacionales como el Protocolo de Estambul de la ONU, en la práctica sufre demoras y deficiencias.
“De forma habitual, (los expertos de la PGR) no llevan a cabo los exámenes de acuerdo con las normas internacionales y hacen caso omiso de señales de tortura y malos tratos, además de, en ocasiones, dar muestras de parcialidad y encubrir a sus colegas”, indica en el reporte Impunidad Diaria, la Epidemia de Tortura en México Continúa.
Las víctimas, añade, han tenido que esperar incluso años después de su denuncia para que se les aplique el Dictamen Especializado, impidiendo que las investigaciones avancen.
“Resulta especialmente inquietante ver cómo, en ocasiones, el Dictamen Especializado de la PGR parece funcionar como un instrumento de impunidad, ya que demora indefinidamente las investigaciones y bloquea la posibilidad de dictar condena”, se lee en el informe.
Además, aunque se duplicaron las denuncias de tortura ante la PGR en un año, al pasar de mil 165 casos en 2013 a 2 mil 403 en 2014, la dependencia sólo aplicó 185 dictámenes durante 2014, 21 menos que en 2013.
“En una reunión mantenida en agosto de 2015, la PGR informó a Amnistía Internacional que habían pendientes más de mil 600 solicitudes de Dictamen Especializado, entre ellas algunas que contenían grupos de hasta 40 denuncias individuales de tortura”, señala la organización.
Amnistía Internacional también cuestiona la clasificación en el País en que están divididas las lesiones de detenidos: no muestra señales de lesión, lesiones que no son graves y sanarán en menos de 15 días, y lesiones que ponen en riesgo la vida y tardarán más de 15 de días en sanar.
Esto pese a que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura no vincula a la tortura con un nivel determinado de gravedad en las lesiones.
“Estas clasificaciones no captan en toda su extensión los daños causados a las víctimas, que con frecuencia son sometidas a métodos que pueden no dejar lesiones visibles, como la asfixia, las descargas eléctricas y la tortura psicológica”, refiere el informe.
‘Los 10 judiciales brincaban en mí’
Carmen Ramos Pérez estaba lavando autos en Cancún cuando agentes de la Fiscalía General de Quintana Roo lo detuvieron y torturaron para que se declarara culpable del asesinato de la joven María Karen Carrasco Castilla.
Así lo denunció Ramos Pérez ante el juez quinto de distrito en el Estado, al interponer un amparo por tortura luego de que fuera encarcelado en el Centro de Reinserción Social de aquella ciudad.
El 12 de noviembre, el Gobernador Roberto Borge presentó su foto ante medios de comunicación y afirmó que el lavaautos conocido como “Conejo” era el asesino de la joven estudiante.
Diez días antes, alrededor de 5 mil personas habían marchado por las calles de Cancún en repudio de la muerte de la estudiante de la Universidad del Caribe y exigiendo justicia.
Contrario a las declaraciones del Gobernador, Ramos Pérez fue procesado por los delitos de promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de recursos públicos, no por los de homicidio ni violación.
En su testimonio, “Conejo” recuerda que los policías que lo detuvieron lo esposaron y acostaron en el piso de los asientos traseros de un auto, donde fue golpeado hasta que lo llevaron a la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte.
En un cuarto de las instalaciones le dijeron que él había matado a la joven de 19 años y entre 10 agentes lo siguieron golpeando.
“Me vendaron la cara, nariz y boca y me pusieron una bolsa negra para que me asfixiara a la vez que me golpeaban en el abdomen”, denunció Ramos Pérez.
“Me colocaban bajo un colchón de hule espuma, con la boca vendada y se subían encima los 10 judiciales y brincaban sobre mí, lo cual era insoportable”.
También le aplicaron toques eléctricos en los testículos y piernas, le dislocaron la quijada y lesionaron una rodilla.
En su denuncia, Ramos Pérez indica que la tortura continuó en el Centro de Reinserción Social de Cancún, donde no recibió atención médica y fue encerrado en una celda de castigo, de un metro cuadrado sin ventanas.
César Martínez | Reforma
