Mucho revuelo ha causado la suspensión provisional decretada por el Juez de Distrito Juan Pablo Gómez Fierro, respecto a los amparos promovidos contra la Ley de la Industria Eléctrica. Desde días anteriores, la famosa carta entregada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, en donde expuso su inconformidad ante el actuar del Juez de Distrito, solicitando (exigiendo más bien) una investigación por parte del Consejo de la Judicatura Federal para revisar el actuar del juzgador, supuestamente motivado por intereses particulares.
En este caso, debemos esclarecer el fin de la suspensión provisional y la concesión del amparo en sí. Primero, cuando se otorga una suspensión, se habla de una medida cautelar, que impide la ejecución de una autoridad o en este caso, de una norma jurídica. En ningún momento se establece, de inicio, que el juez de Distrito ya hubiera otorgado el amparo a alguno de los quejosos, sino que nos encontramos en una etapa dentro del proceso de Amparo que busca mantener el estado de las cosas como se encuentran. Este resulta ser un error común difundido principalmente por los medios de comunicación, donde se afirma desde un inicio, que las personas han sido “beneficiados por un amparo”.
Ahora bien, el Juicio de Amparo es el medio de control constitucional por excelencia, el cual, desde sus inicios, busca combatir los actos arbitrarios de autoridad, generando una protección a los Derechos Humanos de los gobernados. Claramente, como todo proceso judicial, debe aportarse medios de prueba y argumentos para poder obtener la protección de la justicia federal, y en todo caso, si no fuera así, dicho amparo no sería procedente. Esto viene a colación derivado de la falta de argumentos jurídicos que vienen desde la presidencia de la República, demostrando no solo desconocimiento en el proceso de Amparo, sino que, se han dedicado a litigar el asunto desde las conferencias mañaneras y a través de declaraciones en los medios.
Resulta preocupante la postura que adopta el gobierno federal ante el contrapeso que resulta ser el Poder Judicial de la Federación, sin embargo, se reconoce la tenacidad y firmeza de los jueces federales que han precedido el actuar del Juez Gómez Fierro, debido a que, a raíz de haber otorgado la suspensión, otros jueces han actuado de manera similar, aunado a la respuesta otorgada por el ministro Zaldívar en la respuesta a la carta enviada por el presidente López Obrador. Como alguna vez se dijo en la historia, “hay jueces en Berlín”, nos encontramos con que el Poder Judicial defiende su autonomía y pide no se presione o manipule desde la tribuna del Poder Ejecutivo.
Como dato curioso: desde hace tiempo, se ha dicho que el gremio de abogados se encuentra dividido por el actuar y la manera de pensar de quienes ejercemos dicha profesión, que no existe realmente una unión entre nosotros, que existen otros gremios como el de los médicos que si salen en defensa de sus pares. La acción llevada a cabo por el presidente de la República tuvo, al menos desde las redes, un impacto en el gremio de abogados, quienes en general adoptaron una postura en favor de la autonomía del Poder Judicial. En diversas ocasiones, el presidente López Obrador ha expresado estar en contra de los abogados, a quienes considera una amenaza para el avance de sus proyectos gubernamentales, sin embargo, estos pueden representar un verdadero contrapeso a las decisiones que hasta el momento, han sido al gusto y mandato del presidente, toda vez que el Poder Legislativo ha demostrado ser fiel al jefe del ejecutivo.
La independencia judicial representa uno de los valores más importantes en un Estado Democrático, donde los particulares pueden acceder a medios de protección a sus Derechos Humanos, con el actuar de jueces y magistrados que pueden hacer efectivos dichos medios. Sin embargo, parece ser que algunos legisladores no comprenden este principio. La diputada federal por Morena, Reyna Celeste Ascencio Ortega, señalo que subiría a tribuna una propuesta para reformar la Ley de Amparo ·”paraevitar que éste se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana”. Esto habla del evidente desconocimiento del proceso y una respuesta al gusto del presidente. Mientras los jueces y magistrados actúen con base a los principios de objetividad, razonabilidad y derecho, el juicio de amparo seguirá siendo el medio de protección de Derechos Humanos por excelencia, aún y cuando se pretenda modificar su esencia.
