En estos tiempos aciagos y de recomposición política en el orbe, un paradigma social expresa el valor civilizatorio: el Estado Democrático de Derecho.
En contraste, los gobiernos autoritarios que encuentran en el control político del Estado, argumentos para avasallar a la sociedad civil, suprimir la conciencia social y enclaustrar la cultura de la legalidad, resultan lapidarios e inaceptables.
¿Cómo puede romper el ciudadano las cadenas del control político, construido desde la verticalidad de los usos del poder, negando toda oportunidad de hacer de la legalidad el instrumento social democrático de la cultura cívica?
El control político de las élites del poder, fractura la vitalidad de la organización ciudadana; son evidencia palpable de democracias incompletas, maniatadas por intereses sectarios, que hoy advierten para México la necesidad de hacer del poder público, un auténtico escenario de la voluntad del pueblo.
Este escenario de delicada recomposición, nos alecciona sobre el poder valórico de la política en el marco de la cultura de la legalidad. Esta manifestación cultural, de modo específico, presupone un instrumento de acción social en un tejido informado, comunicado y ampliamente solidario, que entiende que el respeto al Estado Democrático de Derecho cimenta toda manifestación humana, en armonía con sus expresiones culturales, políticas, religiosas o intelectuales.
Si admitimos que el respeto a la Ley presupone su conocimiento, conformar una sociedad ilustrada no es un entramado más de las pretensiones del Estado, sino la piedra angular de toda visión y prospección del futuro cierto de la Nación.
Esta prescripción denota magnitud y sentido a una sociedad, que hace de la cultura cívica el basamento de su acción colectiva, que entiende el civismo como la premisa ética y cultural de los signos nacionalistas y de conducción de un proyecto que prioriza la voluntad del ciudadano, en paz y armonía, porque respeta las leyes, les da cauce y las hace suyas, para que la razón ilustrada cobre fuerza en la libertad y en la democracia.
Lourdes Morales afianza este argumento, cuando admite que “La libertad y la democracia, implica la participación y por lo tanto es la responsabilidad de todos nosotros.”
Cómo no recordar ante la realidad política y social que hoy vivimos, las palabras de Alfonso Reyes en su Cartilla Moral: “…El hombre debe educarse para el bien. Esta educación y las doctrinas que ella inspira constituyen la moral o ética…El bien no debe confundirse con nuestro interés particular en este o en el otro momento de nuestra vida. No debe confundírsele con nuestro provecho, nuestro gusto o nuestro deseo…El bien es un ideal de justicia y de virtud que puede imponernos el sacrificio de nuestros anhelos, y aún de nuestra felicidad y de nuestra vida.”
Estas premisas de Alfonso Reyes están vigentes ante la desazón de sociedades ciegas, que en el interés mezquino, han hecho del Estado el mercado de los apetitos oscuros, que confunden a la razón y promueven la atomización social, creando desesperanza y rencor en aquellos que están en indefensión ante la corrupción e impunidad, efectos nítidos de la erosión de la cultura de la legalidad y su interacción cívica con el Estado Democrático de Derecho.
Esta realidad nos alecciona que ninguna construcción social se presenta per sé. Todo lo contrario. Es producto de conquistas que, fundadas en la razón y la Ley, permiten darle significado a la dinámica social, condición imprescindible para trazar la integración y cohesión hacia el proyecto de Nación, articulando los intereses superiores, que invariablemente constituyen el vector de toda sociedad.
El debilitamiento de las instituciones públicas y de las estructuras ciudadanas, comunitarias y vecinales, impone en nuestros días un desafío político que permita recobrar la moral y la confianza ciudadana; condiciones que exigen abrir el espacio público a la corresponsabilidad participativa en la toma de decisiones del Estado, para que la cultura cívica, en el trazo de la legalidad, alcance la fuerza necesaria para combatir el vacío político que hemos vivido, y con ello, propiciar que la inteligencia ciudadana, dé cauce a la complejidad social.
El debate político ha acertado al señalar que la moralización y probidad, crean estructuras político-sociales salubres. Esta racionalidad es el preámbulo para que la organización y la participación ciudadana, como derecho humano, cobren la fuerza y vitalidad necesaria para redimensionar la visión de soberanía activa; es decir, de una sociedad cuya conciencia e interés, encaminado al bienestar de la Nación, traza mayores oportunidades de concreción de la tarea publica y estabiliza las expectativas de los sujetos sociales.
Los signos de la Nación como formas de cohesión social, sólo se traducen en integración cuando provienen de una sólida formación ética y cívica, esto es claro, pero requieren de estructuras que vertebren y encaucen este dinamismo; por ello es necesario insistir en la creación de una Ley de Cultura Cívica, que esté acompañada de un Instituto de Cultura Cívica, como soportes unitarios del dinamismo ciudadano, que permitan horizontalidad y asociativismo pleno, en apoyo del ejercicio de gobierno.
Debemos advertir que las estructuras ciudadanas se han vuelto frágiles y que sus expresiones comunitarias y vecinales están aquejadas por la descomposición, producto del divorcio entre sociedad política y sociedad civil, pero mucho más importante, por el desapego a las prácticas democráticas y solidarias, que se fraguaron en la inconcreción publica, signo inequívoco de la desconfianza y desesperanza social, que ha creado un clima idóneo para que las prácticas autoritarias y antidemocráticas cobren vida en muchas sociedades.
La perspectiva de recomposición social, a través de la construcción de ciudadanía, sólo es posible en una sociedad instruida e ilustrada en valores democráticos, legales y cívicos. En ellos radica la soberanía, que explica el valor del Estado. Lo contrario es la paradoja de la “tierra del nunca jamás”, la incertidumbre de la oscuridad política, que destierra toda posibilidad de vida y dignidad humana.
Agenda
- En Sesión Solemne, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entregó la constancia de Presidente Electo al Lic. Andrés Manuel López Obrador. En este acto, el Presidente Electo de México expresó, “…Rindo homenaje al Pueblo de México por su evidente vocación democrática. Agradezco a los ciudadanos que depositaron en mí su confianza y reconozco la madurez política de quienes aceptaron los resultados electorales…la mayoría de los ciudadanos mexicanos están hartos de la prepotencia, el influyentísimo, la deshonestidad y la ineficiencia, y desean con toda el alma poner fin a la corrupción y a la impunidad…”.
