El Sistema Estatal de Participación Ciudadana y La Restauración Social | Esteban Ángeles Cerón

En los sistemas democráticos de modernidad compleja, el empuje del tejido social afianzó un proceso ampliado de diferenciación entre lo público y lo privado. Esta condición erigió una frontera entre sociedad política y sociedad civil, precipitó un egoísmo ciego, y produjo la atomización social, causando una severa crisis en los procesos vitales de institucionalidad, legitimidad, confianza y gobernanza activa.

Este mismo escenario a nivel internacional agudizó el desencuentro político, recrudeció los conflictos de representatividad de la partidocracia, empeoró el anquilosamiento institucional y la carencia e inoperancia de mecanismos que devolvieran la soberanía política al ciudadano; al tiempo que cuestionó el valor y vigencia sistémica de la democracia; el poder de conciliación, armonía y encauzamiento social del Estado; y quebrantó la valiosa virtud de la política como acción emancipadora del hombre en sociedad.

Ante este cisma político, la respuesta ciudadana fue crear organismos de la sociedad civil (OSC), que en la vitalidad de la organización por voluntad, activaron los limitados mecanismos existentes que reconocen la participación social organizada.

A pesar de lo logrado, persiste el malestar social, los vicios y trabas hacia la cocreacion de la tarea pública, la falta de corresponsabilidad efectiva y los escasos resultados del quehacer público; cuestiones todas que se han agravado ante la descomposición endémica causada por la corrupción e impunidad, y por la fragmentación, dispersión e inconexión de estructuras orgánicas, programáticas y presupuestales.

La lección histórica que ha generado la crisis de representatividad democrática, enseña que en la realidad compleja, el ejercicio de gobierno como expresión de la soberanía ciudadana, debe hacer de la gestión pública un ámbito asociativista y de corresponsabilidad, que se refleje en mejores condiciones de gobernanza activa.

¿Cómo restituir la confianza y credibilidad de la ciudadanía en las instituciones?

¿Cómo lograr la acción conjunta de sociedad y gobierno?

¿Cómo restaurar el tejido social, hoy seriamente lastimado?

La respuesta es crear el Sistema Estatal de Participación Ciudadana, y el Consejo Ciudadano del Estado de Hidalgo, que como organismo garante, custodie la vigencia del derecho humano a la participación ciudadana en la gestión pública, para forjar así un buen gobierno; integrar disposiciones que impulsen las acciones ciudadanas; fortalecer los mecanismos de participación contemplados en la ley de la materia, y crear otros que atiendan las nuevas expectativas de la dinámica social.

Para este propósito, se requiere una amplia apertura del gobierno para superar la precaria densidad asociativista e incrementar la ciudadanización de las estructuras gubernamentales.

Se precisan acciones conjuntas entre sociedad y gobierno, que impulsen la participación ciudadana en un contexto de corresponsabilidad, transversalidad y horizontalidad en el quehacer público, que haga posible la construcción de planteamientos y organice la gestión, el seguimiento y la evaluación de las denuncias, propuestas y respuestas.

Esto supone la existencia de una ciudadanía organizada en torno a demandas comunes, capaz de sumar voluntades para construir acuerdos y consensos a partir de la interacción de estructuras comunitarias y vecinales, donde impere la comunicación, la tolerancia, la empatía, el diálogo, el entendimiento, la voluntad de convivir en armonía y otros valores perdidos que hace que el tejido social esté seriamente lastimado.

Empero, ¿por qué los ciudadanos habrían de confiar en una nueva estructura institucional?

Porque el Sistema Estatal de Participación Ciudadana sería un organismo cuya interacción enlazaría la acción de todas las estructuras gubernamentales; generaría mecanismos y prácticas solidarias para ampliar los contrapesos sociales y encausar un cambio en las relaciones de poder; y garantizaría al Estado los cauces para el procesamiento del conflicto, la armonía y la generación de oportunidades sociales.

¿Pero qué beneficios entrañan los paradigmas de esta nueva estructura institucional, para la ciudadanía y el gobierno?

La ciudadanía y el gobierno se benefician con el Sistema Estatal de Participación Ciudadana, porque es el gran salto cualitativo hacia la restauración social, y es el piso mínimo de solidaridad humana que se reclama para fortalecer la corresponsabilidad ciudadana en la toma de decisiones del Estado, para convertir a la política en panóptico social y no en apetito de los intereses de élite, de grupo o de la mezquindad del puesto público.

Cuando la ciudadanía acusa que el gobierno no es su gobierno; cuando señala que los servidores públicos se sirven del presupuesto público, cuando la corrupción e impunidad demeritan el trabajo de obreros, empleados, campesinos, amas de casa, empresarios e intelectuales, y vulnera al que menos tiene, la razón de Estado es para el ciudadano, barbarie de la razón.

Ponderar los yerros del oscurantismo político que ha empobrecido a la Nación y reencausar el quehacer público, permitirá trascender la retórica de que “el poder reside en el pueblo”; y recuperar la credibilidad y confianza de la sociedad en las instituciones, incapaces hasta hoy, de procurar respuestas a las demandas sociales más sentidas.

Sin duda, el problema es de significación y visión. Cuando el ciudadano hace del asociativismo, institucionalidad, congrega una virtud plena de la política; la vuelve “cosa de todos”; la prioriza, le interesa, porque le da sentido a su vida; la vuelve cultura porque se empapa de la transformación de su entorno, porque armoniza la unidad societal.

Se debe asegurar la transversalidad institucional de un principio fundamental de Gobierno Abierto: la participación ciudadana como derecho humano inalienable, que permita repensar y replantear el sentido valórico del derecho a un buen gobierno para la restauración social, el ejercicio de la ciudadanía efectiva, la democracia, y la institucionalidad vigente.

El Sistema Estatal de Participación Ciudadana no puede ser botín ni presa de intereses de cúpulas partidistas. Debe hacer del espíritu ciudadano un poder limpio, que reivindique el derecho humano a cocrear la acción gubernamental.

Agenda

• La Red por la Rendición de Cuentas (RRC), manifestó que “el nombramiento del Fiscal Anticorrupción debe darse en paralelo a la discusión de la reforma del artículo 102 de la Constitución Federal relativo al nombramiento del Fiscal General, con la intención de que esta Fiscalía nazca con total autonomía, toda vez que bajo el marco normativo actual, estaría inserta en la Procuraduría General de la República, dependiente del Ejecutivo Federal….y exhortó al Senado de la Republica a convocar […] a una amplia discusión, bajo el esquema de Parlamento Abierto, sobre el modelo de Fiscalía General que el país requiere …”
• Felicito a la Magistrada Blanca Sánchez Martínez, Presidenta del TSJ y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Hidalgo por haber rendido su Primer Informe de Actividades 2016-2017.
• En Guatemala fue detenido con fines de extradición, Javier Duarte de Ochoa, reivindicando el vigor del Estado de Derecho.

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