Ciudad de México, 08 de julio del 2024.- Elaborar un diagnóstico de la situación lingüística de cada comunidad para decidir políticas de planificación es uno de los compromisos del proyecto de administración encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cuáles son los desafíos, planes y compromisos adquiridos por la entrante administración federal en México, encabezada por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de lenguas indígenas?
El próximo gobierno de la nación deberá de atender a una población autoadscrita como indígena de 25.7 millones de personas, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Inegi 2020, lo cual representa un 21.5% del total de la población habitante en el país. De este universo, poco más de 7 millones de personas son hablantes de lenguas indígenas, lo cual corresponde al 6.1% de la población mayor de tres años de edad. Ese más del seis por ciento de la población es hablante de alguna o varias de las 11 familias lingüísticas que derivan en 68 agrupaciones (lenguas) con 364 variantes habladas en el territorio mexicano, de las cuales, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), 179 variantes están consideradas en algún grado de riesgo de desaparición. Un total de 64 variantes están consideradas en grado Muy Alto (17.5%), lo cual indica que de éstas no exiten localidades con un 30% o más de hablantes.
Asimismo, 43 variantes están en un grado Alto (11.8), con una proporción de niños hablantes del 25% y menos de 1,000 hablantes adultos en localidades cuya proporción es del 30 por ciento. Por otro lado, la tercera categoría, de grado Mediano, integra una consideración de 72 variantes de lenguas indígenas (19.7 por ciento). Lo anterior indica que solamente 185 variantes de lenguas indígenas están consideradas en riesgo No Inmediato de desaparición, es decir, prácticamente el 50 por ciento. Ante este desafío que requiere de iniciativas profundas, la Asamblea General de las Nacionales Unidas declaró, en diciembre de 2019, el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (DILI) para el periodo 2022–2032, cuyo principal objetivo, según la hoja de ruta estadística, es “el empoderamiento de los hablantes de las lenguas indígenas”.
El punto de partida del trabajo pro indígenas En el documento 100 pasos para la Transformación 2024–2030, preliminar al proyecto formal de administración de la virtual presidenta electa, se considera el apartado Pueblos Indígenas y Afromexicanos. En él se destaca la puesta en marcha en enero de 2022 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, uno de los avances legislativos de la saliente administración, sobre el que el gobierno por entrar fundamentará su trabajo en torno a la población indígena y sus lenguas.
Ahora bien, el documento en cuestión subraya también como un logro el lanzamiento de la convocatoria para la Licenciatura en Enseñanza de Lenguas Indígenas como piedra fundacional del proyecto de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM) a cargo del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), un organismo público descentralizado al que durante el sexenio por concluir se intentó integrar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), actualmente dependiente de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, este año, el primer programa de dicha universidad arrancó en un edificio perteneciente al Coneval en la alcaldía Álvaro Obregón. Esto, en tanto se consolida la construcción de la sede central, proyectada en la localidad de Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, en la Ciudad de México. Por otro lado, el inicio de operaciones este año se dio sin la consideración de presupuesto dentro de los organismos públicos descentralizados en el Ramo 11, Educación, al que, se anunció, estaría vinculada la ULIM.
Evaluar el estatus de las lenguas en México Con todo el contexto anterior, el único punto de trabajo de la virtual presidenta electa en materia de diversidad lingüística del país, estipulado en el documento citado arriba, es el siguiente: Llevar a cabo un diagnóstico de la situación lingüística de cada comunidad para decidir con base en ello las políticas de planificación lingüística que aminoren la pérdida de lenguas. Fortalecer la enseñanza de las lenguas indígenas y promover su uso cotidiano en las comunidades donde se hablan”. Ahora bien, es evidente que el trabajo sobre las lenguas indígenas debe ser transversal, es decir, partir del pleno reconocimiento de los derechos y el acceso a la salud, justicia y educación de los pueblos y comunidades indígenas.
Por lo tanto, resulta prudente considerar que la futura mandataria federal anticipa a través del documento que: “Promoveremos la Reforma Constitucional presentada para que sean reconocidos como sujetos de derecho público, sean consultados cuando se realicen obras, normas y acciones que puedan afectar su vida o entorno y tengan legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten”.
Será necesario dar seguimiento a la asignación de presupuesto enfocado en la preservación y rescate de las lenguas indígenas, pero también a los montos asignados a las políticas adyacentes y transversales en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
con información de https://www.eleconomista.com.mx/
