México, 26 de febrero del 2018.- Con una creciente importancia de la compleja red de sistemas con que se operan diversas etapas del proceso, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene ya dos años trabajando intensamente con organizaciones que nos ayudan a compartir infraestructura para disuadir o disgregar ataques. Todo un trabajo de ingeniería, porque como cualquier institución pública no estamos exentos de ofensivas, afirma el secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo Molina.
–Se ha hablado mucho de la injerencia rusa. Para el INE, ¿esto es mito o preocupación?
–Siempre será preocupación la integridad de los sistemas, pero de los datos que tenemos no hay ningún registro que denote una demanda de información del tamaño de lo que se ha hablado, de servidores o computadoras en Rusia. Ha sido total y absolutamente marginal.
Se habló de que había demanda de información desde San Petersburgo, de una dimensión desproporcionada, pero en realidad no llegaban a 10 las consultas, según los reportes de los monitoreos que el INE realiza sistemáticamente a todos sus sistemas. Nada que corresponda a esa versión.
–Más allá de los rusos, ¿el INE está en condición de evitar hackeo?
–¡Claro! Trabajamos mucho en eso. Es una preocupación, porque no estamos exentos de ataques masivos. Estamos muy atentos al movimiento en redes –subraya el funcionario, quien asegura que el instituto está en condiciones de disuadir embestidas el día de la elección.
En entrevista, Jacobo Molina expresa que el INE opera una compleja red de sistemas que se entrelazan y adjudica a ese entramado algunas complicaciones que se han reportado.
El sistema de registro de representantes de casilla nos ha dado muchos dolores de cabeza, porque hay que combinar dos elementos. Contar con la información a la mayor brevedad posible, para entregar la lista de representantes con todo los materiales a la casilla, y los partidos quieren ganar todo el tiempo posible para entregar los datos.
Pero hay una cuestión adicional: el INE realiza múltiples cruces con otros sistemas para determinar que no sean parte del personal de capacitadores electorales, al tiempo que se debe contrastar con la información del Sistema Integral de Fiscalización. Situación similar sucede con el registro de candidatos, que hace más complejos los cruces, porque al tiempo que se da de alta en Prerrogativas también se hace en Fiscalización.
–¿La experiencia en Coahuila fue mal precedente?
–Sí, fue muy complejo. Llegó la información tarde. Los cruces fueron muy complicados. De ello hemos aprendido mucho.
Rumbo al despliegue de 45 mil capacitadores y supervisores electorales, el secretario ejecutivo señala que es una de las etapas más complejas y costosas. Hemos tenido que multiplicar los trabajos de capacitación, porque el número de insaculados creció de 10 a 13 por ciento. Vamos a buscar a 11.5 millones de ciudadanos insaculados para integrar la casilla única.
Además del incremento del número de funcionarios de casilla, anticipa que tendrán que hacer uso de los suplentes ante las recientes decisiones del tribunal electoral en materia de cómputo.
–¿Se ha complicado la aceptación de ciudadanos?
–Sí. Depende mucho de las regiones del país, pues curiosamente hay más aceptación en las zonas rurales que en las urbanas. Hay regiones urbanas de altos ingresos en las que es muy difícil convencer a la gente de que participe; en las de alta migración hay otra variable importante para definir estrategias diferenciadas, en especial en la zona fronteriza.
Otras regiones difíciles para la capacitación son las turísticas, por su alta movilidad. Quintana Roo es un problema. A ello se suman factores que generan que el INE diseñe estrategias diferenciadas: analfabetismo e inseguridad.
–¿Qué tanto pesa la inseguridad?
–Es un factor que consideramos, pero en relación con 2015 no han subido mucho esas secciones de estrategia diferenciada. Los datos que tenemos son muy similares, y no se han incrementado ni por motivos de seguridad ni por migración o analfabetismo. Este año se están clasificando 22 por ciento de secciones, pero en el caso de la inseguridad se cataloga desde el pandillerismo común en barrios para adoptar medidas en la operación.
Jacobo Molina manifiesta que la capacitación es una de las acciones que más dinero implica en el proceso, pero en general las nuevas facultades del INE y los candados de seguridad han incrementado el costo electoral. Es el precio de la desconfianza.
Hay medidas que en otros países no existen o les parecen incomprensibles para sus códigos culturales y de competencia política, pero para nosotros son producto de la desconfianza. Remite al costo de las boletas: Imprimirlas en papel seguridad triplica el gasto.
Monitoreo, fiscalización y espots conforman parte del complicado entramado de medidas de seguridad que encarecen una elección en la que por primera vez habrá 30 comicios concurrentes a escala local. Derivado de la reforma de 2014, las nuevas disposiciones de vigilancia y la preservación del financiamiento partidista a escala local prácticamente duplicaron los recursos destinados a los partidos.
–¿Es hora de quitar algunos candados?
–Sin duda. En materia política hay que tener mucho cuidado, dar confianza y certeza. No hay que bajar la guardia en los controles de calidad, pero hay muchos candados que es momento de levantarlos.
Alonso Urrutia | La Jornada
