Nada tan significativo de los mandatos del Contrato Social como el deber de observarlos. Son un imperativo categórico y una competencia de ejercicio obligatorio que hace del quehacer público un asunto de interés nacional.
La Sentencia de la SCJN en el Amparo en Revisión 1359/2015 prescribe de manera contundente que “En un Estado Constitucional de Derecho todas las autoridades deben respetar la Constitución.”
Este fallo restablece el equilibrio, la armonía y la interacción de los poderes públicos; argumenta y resuelve que las omisiones que vulneran el interés legítimo, los derechos humanos y la confianza del pueblo, son el espacio para que la injusticia, la corrupción y la impunidad, constituyan el mayor flagelo del tejido social.
El Estado enfrenta una de los mayores retos ante la precariedad de las oportunidades de desarrollo y seguridad humana; centrándose los cuestionamientos sociales en la calidad de la democracia, la funcionalidad institucional y la concreción de la tarea pública.
La salvaguarda de la institucionalidad, que desde las estructuras de los poderes públicos debe ser preservada como expresión de la soberanía popular, incide en la estabilidad sistémica y en el grado de satisfacción ciudadana que requieren no sólo indicadores, sino respuestas a las expectativas sociales, operatividad y eficiencia pública.
La estructura jurídico-política en la que se plasma el espíritu del Contrato Social, atraviesa por un serio déficit de fragmentación de los poderes públicos con el consecuente debilitamiento del Estado Democrático de Derecho, que en ocasiones, ante las precarias respuestas a la ciudadanía, rememora irónicamente que vivimos en la era de Poncio Pilatos, en la que todos se lavan las manos, condición fértil para que la sociedad se sienta arrepentida de la confianza que ha depositado en sus instituciones.
En este punto de inflexión política, ¿Qué relación guarda el ciudadano frente al Estado? y ¿Qué significado tiene la participación ciudadana en el equilibrio de los poderes públicos?
La dualidad de estos cuestionamientos tiene un solo vector: la estabilidad democrática y sistémica que implica la correlación entre el ciudadano, su participación en la toma de decisiones y la cocreación de la tarea pública como condición alícuota y consustancial al poder del Estado.
El interés legítimo exige proteger escrupulosamente los derechos fundamentales colectivos o bien, difusos, que no se asumen como referentes de un tecnicismo jurídico, sino como la reivindicación del otro, de aquellos que ante la necesidad y autoritarismo público, no tienen rostro y han sido acallados en una relación asimétrica en el ejercicio de gobierno.
La participación ciudadana como derecho humano, transversal a las acciones del Estado, está presente y custodia que ningún poder público pueda cometer actos de omisión, o bien, inacción en la observancia de la Constitución y la Ley, y mucho menos, hacer caso omiso al imperativo de reivindicar los derechos fundamentales.
En la génesis del Estado, la justicia tardía es injusticia. La dinámica social y sus conquistas prescriben que no pueden desvirtuarse ante condiciones enraizadas de autoritarismo, verticalidad, nepotismo y prácticas perversas de corrupción e impunidad, que lastiman al tejido social.
Todo indica que la arquitectura democrática y los enclaves del poder institucional, históricamente mutaron hacia el uso y el abuso de atribuciones metaconstitucionales, en una praxis proclive al quebranto social, que ha desmoralizado y alejado al ciudadano de los valores públicos.
En esta sensible realidad, es importante destacar que el valor democrático de la libertad de expresión no debe ser quebrantado. Es un derecho fundamental para articular la inteligencia social y sustentar la racionalidad del consenso y el disenso que fortalecen las estructuras institucionales, condición que impone transformar los mecanismos existentes para que el ciudadano encuentre en ella un espacio de interlocución frente al Estado.
De igual manera, derechos como la libre asociación, reunión, petición y el significativo derecho a votar y ser votado, así como el derecho humano a la participación ciudadana y a un buen gobierno, deben ser fortalecidos para su ejercicio pleno e interacción con los poderes públicos.
En este marco, el progresivo deterioro de la sociedad civil y de la cultura política, es un mal presagio para el desarrollo de la Nación. Esta realidad advierte que se debe velar y asegurar la vigencia Estado Democrático de Derecho, para engrosar la legitimidad jurídica como elemento de probidad del Estado y de cohesión social.
La revitalización del Estado se da en la confianza y legitimidad de sus acciones. La demagogia y el gatopardismo no sólo violan la probidad y transparencia del ejercicio público, son las grandes taras de la política que impiden restituirle al pueblo su porvenir.
No podemos pensar una democracia sin el pueblo, ni hacer del quehacer público un espacio de desigualdad ciudadana, porque estos elementos son los que inciden en la erosión del poder del Estado.
De cara a un proceso electoral, este veredicto es importante porque la ciudadanía brinda nuevamente la oportunidad de hacer del ejercicio político la virtud que reivindique la armonía y la convivencia pacífica; es menester procesar el reclamo social ante los poderes públicos y recuperar el valor de la soberanía popular, para hacer de la justicia y la probidad del Estado, vanguardia de la dignidad y voz del pueblo.
Una prescripción sobresale. El poder público no ha sido concebido para la fragmentación institucional, sino para la armonización de los órdenes de gobierno. Impele una sola conducta soberana. Satisfacerla implica el integracionismo pleno de los poderes públicos, más el componente irrestricto de la participación ciudadana como derecho humano.
Agenda
- Renunció el Dr. José Antonio Meade Kuribreña a la SHCP para solicitar su inscripción como aspirante a la Candidatura a la Presidencia de la República por el PRI.
- El Presidente Enrique Peña Nieto designó a Alejandro Díaz de León Carrillo como Gobernador del Banco de México en sustitución de Agustín Carstens.
- El Presidente de la República Enrique Peña Nieto, el Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses y el Grupo Modelo, anunciaron la edificación de la Cervecería Modelo del Centro, que con una inversión de 14 mil millones de pesos, será una de las plantas más grandes y modernas del mundo.
- Mi más sentido pésame al Gobernador de Hidalgo, Lic. Omar Fayad Meneses, por el sensible fallecimiento de su señora madre, María Fe Meneses Meneses. Descanse en paz.
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