Caracas, 07 de julio del 2019.- La tortura ha vuelto a estremecer Venezuela. Siete días después de ser detenido por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el capitán de corbeta de la Armada Rafael Acosta Arévalo apareció agonizante ante una corte militar de Caracas. El oficial, de complexión atlética y 1,76 de altura, estaba irreconocible. Murió horas después, la madrugada del 29 de junio, en el Hospital del Ejército doctor Vicente Salías Sanoja, en el complejo militar Fuerte Tiuna.
Acosta, de 50 años, padre de dos niños, militar opositor al Gobierno de Nicolás Maduro, originario del Estado central de Aragua, desapareció el 21 de junio durante la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que esta semana emitió un informe demoledor sobre el deterioro de la democracia en Venezuela. Su esposa, Waleswka Eleonor Pérez, abandonó el país. Reclamó información a las autoridades sobre los cuatro militares y dos policías capturados por agentes armados, sin órdenes judiciales, por una supuesta conspiración contra Maduro. Hoy, solo pide justicia y la entrega del cadáver de su marido para su sepultura.
El crimen mantiene en vilo al Gobierno. La investigación de la muerte está controlada por el Ministerio Público, un organismo dominado por el chavismo, pese a las peticiones de familiares, organismos multilaterales y activistas de incorporar a expertos independientes y transparentes. El día de la muerte del capitán hubo distintos pronunciamientos oficiales. El Gobierno quiso aclarar que el debido proceso fue respetado. “El jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, ha solicitado al fiscal general de la República (…) una completa y exhaustiva investigación para esclarecer este lamentable suceso”, rezó un comunicado que contradecía a los divulgados por el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, que indicaban que Acosta estaba imputado por graves actos terroristas, sedición y magnicidio frustrado. La versión de la Fuerza Armada Nacional es que se había desmayado antes de acusarlo de cualquier delito y por eso fue trasladado a un hospital.
El Estado trató de mantener bajo secreto la autopsia, aunque por distintos medios se conocieron datos sobre las pruebas forenses. Alonso Medina Roa, abogado defensor de Acosta, no tiene el documento. Supo que su cliente fue torturado cuando lo vio en la audiencia, realizada fuera del plazo legal de 48 horas: en silla de ruedas, con las uñas ensangrentadas, golpeado, con dificultad para respirar y balbuceante. El informe forense filtrado por un funcionario adjudica la muerte a un edema cerebral severo, entre otros males, causados por un estado de “politraumatismo generalizado”. Además, el acta de la policía científica revela que tenía 38 lesiones externas como hematomas, contusiones, escoriaciones en su piel, quemaduras en los pies y en una muñeca. Zair Mundaray, un exfiscal venezolano en el exilio desde 2017, deduce que fue sometido a salvajes palizas. “Los tipos de torturas están claros por la naturaleza de las lesiones (…) Al menos, tres se evidencian en la autopsia: la suspensión [posiblemente fue colgado con las manos atrás], la utilización de choques eléctricos y los golpes en región torácica”, explica.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, aseguró que Acosta, apodado Gonzalo, estaba investigado por participar en un complot con los demás oficiales para asesinar a Maduro, su esposa Cilia Flores y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. La versión fue replicada por este último que, además, agregó en su programa de televisión que los detenidos estaban a “buen resguardo de las autoridades, declarando, sumando”. Pero los centros de detenciones son temidos en Venezuela. Unas 72 personas denunciaron ante autoridades ser víctimas de torturas y otros malos tratos durante arrestos en el contexto de protestas entre 2017 y 2019.
Cuando se conoció lo sucedido, el Gobierno no pudo negarse a abrir una investigación. El teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía y el sargento segundo Estiben José Zarate Soto, de 23 y 22 años, son los únicos detenidos por el deceso. Un tribunal imputó a los presuntos culpables por el delito de homicidio preterintencional con causal y omitió los cargos por tortura. Fue una decisión que avivó el polvorín. Omar Mora Tosta, un veterano abogado, explica que el foco del malestar está en que se exime de responsabilidades a la cadena de mando de los militares que está conformada por supervisores, el jefe del DGCIM, Iván Hernández Dala, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, entre otros altos cargos.
“Es una investigación encaminada a salvar el nombre de Maduro ante la comunidad internacional. Ellos fueron muy cuidadosos en encapsular la responsabilidad, porque evidentemente los dos detenidos no son los responsables absolutos de esto… Supongamos que ninguno de los jefes participó en la golpiza, pero en estos asuntos se peca por acción u omisión… Lo peor es calificarlo como un homicidio preterintencional que corresponde a las personas que no tuvieron intención de matar, sino de lesionar y la categoría con causal quiere decir que víctima tenía una condición o patología determinante en su muerte”, explica el abogado.
