10 mar 2015
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Un día antes de que el Senado mexicano decida si ocupará o no un asiento como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora rechazó las críticas que un grupo de académicos y ciudadanos ha dirigido en su contra, calificándolas de «falsas» y «poco escrupulosas».
En una carta dirigida al abogado Alejandro Madrazo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) e impulsor de una petición en la plataforma change.org para que Medina Mora no sea elegido para la SCJN, el hoy embajador de México en Estados Unidos refuta señalamientos como su presunta responsabilidad en el deterioro de instituciones de seguridad.
«Es falso que ello se deba a mi actuación. Pretender atribuirme parte o toda la descomposición que usted refiere es tendencioso, especulativo y poco escrupuloso. Lo ocurrido en esos años reveló una serie de debilidades estructurales e institucionales que requerían un replanteamiento fundamental, en el que seguimos trabajando a la fecha», señala la misiva, de la que CNNMéxico tiene una copia.
Con esas palabras, Medina Mora defiende los años que estuvo al frente de distintas instituciones del ramo, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que encabezó de 2000 a 2005; la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de que dirigió de 2005 a 2006, y la Procuraduría General de la República (PGR), de la cual fue titular de 2006 a 2009.
Medina Mora también rechaza haber actuado por motivaciones políticas en el caso conocido como Michoacanazo, es decir, la detención de decenas de funcionarios locales de Michoacán acusados de vínculos con la delincuencia organizada, ocurrida en 2009.
«Falso por lo que corresponde a las supuestas motivaciones políticas por la cercanía de las elecciones (legislativas de ese año). En este caso se ejerció la acción penal respecto de funcionarios públicos estatales y municipales de Michoacán, de todos los partidos, por delitos en contra de la salud y delincuencia organizada de conformidad con el estándar probatorio constitucional, presentando las pruebas que se consideraban suficientes para acreditar el cuerpo del delito y probable responsabilidad de los inculpados y actuando de buena fe», asegura el funcionario.
Para Medina Mora, el responsable de que estos funcionarios quedaran en libertad fue el juez que llevó el proceso penal, quien «fue destituido por haber incurrido en faltas graves en su función jurisdiccional», y además, los problemas que vive Michoacán demuestran «el grado al que el crimen organizado efectivamente tenía control territorial e institucional y había infiltrado a las instituciones municipales y del estado».
En otros apartados de la carta, Medina Mora también rechaza que bajo su mando la PGR hubiera cometido violaciones a los derechos humanos, con prácticas como el abuso de la figura del arraigo (encarcelar a una persona mientras se le sigue investigando).
Quienes se oponen a que Medina Mora sea nombrado ministro en el máximo tribunal del país argumentan que carece de los méritos suficientes para ese cargo, así como que fue uno de los principales responsables de la estrategia de seguridad iniciada en diciembre de 2006, a raíz de la cual incrementó la violencia en México.
Medina Mora está en la terna de aspirantes junto con los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández. Todos ellos fueron propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto en febrero pasado, para que alguno ocupe el lugar que quedó vacante con la muerte de Sergio Valls en 2014.
Para que alguno resulte electo, necesita reunir los votos de dos terceras partes de los senadores.
