Ciudad de México, 25 de octubre del 2020.- Les entregan ropa interior usada y manchada, comida con gusanos, extensas jornadas de trabajo a cambio de una lata de Coca-Cola o una bolsa de papas. Así viven los migrantes en los centros de detención en Estados Unidos.
Bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), estos centros concentran a miles de indocumentados en proceso de deportación en condiciones que, según denuncias de los mismos recluidos y de activistas que defienden sus derechos, son infrahumanas.
La situación empeoró, aseguran los defensores de los migrantes, desde que la Administración del Presidente Donald Trump le dio la total libertad para gestionar esos recintos a empresas privadas como GEO Group o CoreCivic, con millonarios contratos que hacen de la detención de los sin papeles «un negocio perfecto». Precisamente este año, esas compañías aportaron la mayor cantidad de fondos en la historia a la campaña del republicano de cara a las elecciones del 3 de noviembre.
Sin una inspección real y un seguimiento a fondo de las quejas de los detenidos, estas empresas, que reciben del Gobierno federal entre 120 y 140 dólares al día por cada migrante recluido, «gastan lo mínimo» para la atención de los indocumentados, acusa Maru Mora, fundadora de La Resistencia, un grupo promigrantes en el Estado de Washington que desde 2014 ha impulsado huelgas de hambre en el país, tanto de los reclusos como de activistas, para denunciar estos abusos y pedir el cierre de los centros de detención, especialmente, el de Tacoma.
«En las más de 20 huelgas de hambre que hemos visto en más de 6 años (…), la primera cosa que siempre mencionan es la comida que reciben, que como dicen ellos, no es comida, es basura», señala en entrevista la mexicana, de 49 años, quien llegó a Estados Unidos en 1996.
«Mucha de la comida está echada a perder o tiene gusanos o tiene piedras, y por años hemos escuchado reportes de que hay veces que llegan otros objetos (…), como pedazos de plástico, uñas, cabellos».
Esta situación, cuenta Mora, propicia que los detenidos tengan que recurrir a comprar comida instantánea que venden en las llamadas comisarías, que son unas tiendas al interior de los centros de detención donde los productos se encuentran hasta al triple de su precio normal, y para poder comprar, los migrantes dependen de que sus familias les envíen dinero o de «trabajos voluntarios» dentro del recinto.
Los trabajos, explica la activista, consisten en la limpieza de las áreas comunes, en preparación de alimentos, en lavandería o en la pinta de paredes, y generalmente son jornadas de 6 a 8 horas a cambio de un dólar que muchas veces «ni siquiera llegan a ver», pues va directo a las comisarías para ser intercambiado por alimentos chatarra.
«Casi como feudalismo, es un esclavismo absoluto, es un negocio perfecto», sostiene Maru.
Por otro lado, la precaria atención médica se ha vuelto una constante en las denuncias de los detenidos y sus abogados. En Tacoma, por ejemplo, los médicos solamente atienden de lunes a viernes y solo si se saca una cita médica con un día de anticipación. El día de la consulta, los hacen esperar por horas en un área muy fría y, cuando finalmente los atienden, es «la misma historia de siempre»: es algo psicológico o la falta de hidratación, y, cuando mucho, «les dan un Tylenol, que es lo más común que escuchamos».
«Entonces, cuando vimos las historias de las (histerectomías forzadas a) mujeres, en (el centro de detención de) Irwin (Georgia), pues sí coincide con lo que vemos no nada más aquí en Tacoma, si no en todos los centros de detención del país», apunta Mora.
«El pensar que los derechos existen dentro de estos centros es algo erróneo. La conclusión que nosotros hemos hecho después de ver cómo Inmigración ha usado a estas instituciones a lo largo de los 15 años que han existido es que no tienen ningún interés de tratar a la gente como seres humanos», señala, por su parte, Rey Wences, miembro de Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones (OCAD, por sus siglas en inglés), en Illinois.
A decir de Wences, que ha trabajado en acciones en favor de los migrantes desde hace más de 10 años, tanto el ICE como las compañías que operan estos centros trabajan con total impunidad.
«Aunque se supone que hay sistemas de responsabilidad o hay formas o peticiones que la gente puede llenar internamente para que se quejen, no se aplican (sanciones), prácticamente se actúa con impunidad y (la agencia y las empresas) no le responden a nadie», indica.
Alrededor del 65 por ciento de los más de 200 centros de detención de migrantes están en manos de empresas privadas que reciben contratos del Gobierno federal para gestionar estos centros; entre más detenidos, mayores son los fondos que perciben.
Solo en 2018, el ICE destinó poco más de 3 mil millones de dólares de su presupuesto para costear el sistema de detención de extranjeros, de acuerdo con la base de datos de Freedom for Inmigrants. Ese mismo año fiscal, GEO Group, que gestiona centros como el de Tacoma, obtuvo 184 millones en contratos con la agencia, seguido de CoreCivic, que recibió 135 millones.
Si bien durante los primeros años del Gobierno de Trump estos recintos se vieron rebasados en su capacidad, con miles de familias recluidas y niños separados de sus padres detenidos por meses, este año, bajo las nuevas políticas antimigratorias del Presidente, la afluencia de cruces fronterizos ha disminuido, y con ello también ha bajado el número de detenidos. Según datos del ICE, de una capacidad de 52 mil camas en los centros de detención de todo el país, este año había una ocupación de menos de 20 mil.
Además, la pandemia, que ha contagiado a más de 5 mil migrantes en estos recintos, también ha sido un factor que ha reducido la población de recluidos, pues varios de los detenidos médicamente vulnerables fueron liberados.
Aún así, los activistas han denunciado que las empresas invierten lo mínimo en la atención de los recluidos.
En junio, por ejemplo, luego de denuncias de sangrado de nariz, irritación de piel y ojos y dolores de cabeza, un reporte de organizaciones de migrantes denunció que un «desinfectante» utilizado para sanitizar a los detenidos para evitar una mayor propagación del virus en realidad era un pesticida.
Algunos estados como Nueva Jersey han logrado impedir la renovación de contratos con estas empresas, y solo California ha llegado más lejos.
En octubre de 2019, ese Estado se convirtió en el primero de EU en vetar los centros privados de detención de migrantes al promulgar la Ley 32, que entró en vigor en 2020. Sin embargo, el ICE, que apeló la medida, renovó varios contratos entre octubre y diciembre, entre ellos, dos con Geo Group para cinco instalaciones por 15 años, lo que ha envuelto a la entidad en una batalla judicial.
Con información de: https://www.reforma.com/
