Pennsylvania, Estados Unidos, 29 de noviembre del 2020.- El máximo tribunal de Pensilvania anuló una orden de una corte inferior que impedía a la entidad certificar decenas de disputas de las boletas electorales del 3 de noviembre, la cual fue la última demanda presentada por los republicanos en aras de impugnar la victoria de Joe Biden en el Estado.
La Corte Suprema estatal -en decisión unánime- desestimó la orden de tres días bajo el argumento de que la demanda subyacente se presentó meses después de la expiración de un límite de tiempo establecido en el marco legal de Pensilvania, respecto a la votación por correo, de cara a la impugnación de un resultado.
Además, los jueces del tribunal se pronunciaron en torno a su decisión y sostuvieron que no hubo evidencia sobre presuntas irregularidades en las boletas.
«Fallaron en sostener que alguna boleta por correo se haya emitido o contado de manera fraudulenta», explicó el juez David Wecht, en una opinión concurrente.
Por su parte, el Fiscal General del Estado, el demócrata Josh Shapiro, calificó la decisión de la corte como «otra victoria para la democracia».
Mientras tanto, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su abogado, Rudy Giuliani, han afirmado, sin fundamentos y en repetidas ocasiones, que los demócratas supuestamente falsificaron las papeletas de votación por correo para robar las elecciones en Pensilvania, donde se certificó que Biden obtuvo más de 80 mil votos de ventaja sobre el republicano.
La demanda que fue desestimada hoy -la cual había sido liderada por el representante republicano Mike Kelly, del noroeste de Pensilvania, había impugnado, bajo la figura de inconstitucionalidad, la ley de votación por correo de la entidad.
Con esto, Kelly y el resto de los demandantes del partido rojo buscaron o que se descartaran 2.5 millones de boletas electorales enviadas por correo, la mayoría de ellas en favor de los demócratas, o que se borraran los resultados de los comicios, lo que pudo haber desembocado en una orden a la Legislatura estatal, controlada por los republicanos, para la designación de los electores presidenciales del estado.
En cualquier caso, describió el juez Wecht, dicha solicitud iba en contra de la ley regional, dado que la elección de los electores siempre ha sido adjudicada a los votantes.
