21 mar 2015
(CNNMéxico) — Las desapariciones forzadas en México y la situación de los migrantes centroamericanos que atraviesan el país rumbo a Estados Unidos son los temas en que se centró este viernes la última jornada de audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Comisión mantuvo audiencias sobre México, Brasil y sobre los derechos humanos de los habitantes de «villas miseria» en el continente, en la última jornada de audiencias públicas de su 154 periodo de sesiones. En la audiencia sobre México, familiares de desaparecidos y organizaciones instaron al gobierno mexicano a dar una respuesta a los miles de casos de desapariciones forzadas que llevan años sin resolverse en el país, y que no han recibido el mismo grado de investigación que el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero. »El caso de Ayotzinapa nos dolió muchísimo porque significa que nunca buscaron a los nuestros, que nunca hicieron caso de nuestras demandas de (que hubiera) garantías de no repetición», dijo Diana Iris García, cuyo hijo Daniel Cantú desapareció en 2007 en el estado de Coahuila. »Creo que ahora hicieron una investigación más científica (en el caso de Ayotzinapa). Y, ¿qué pasa con nuestros casos, que tienen más tiempo… ocho, siete, seis, cinco años? Todos los nuevos protocolos están hechos para una búsqueda inmediata. Y los que tenemos más tiempo, ¿cómo se les va a buscar?», se preguntó.
Al respecto, los representantes del gobierno mexicano en la audiencia respondieron con un reconocimiento del problema de la desaparición forzada en México, y la promesa de que el Ejecutivo está trabajando en un proyecto de ley sobre la materia.
«En la audiencia sobre desapariciones forzadas, el Estado mexicano actualizó a la Comisión y a los representantes de la sociedad civil respecto de los avances para actualizar el marco jurídico, incluyendo la iniciativa de reforma constitucional enviada al Senado de la República el 1 de diciembre de 2014 para que el Congreso de la Unión esté facultado para expedir una ley general en materia de desaparición forzada y otra de tortura», indicó un comunicado del gobierno mexicano.
