Los sistemas políticos y de gobierno atraviesan por una de las crisis más serias de representatividad y legitimidad producto de la carencia operativa de sus estructuras orgánicas y de la inconcreción de la tarea pública. Sus estragos se traducen en pobreza, desigualdad social y en desencuentros que exigen democratizar y ciudadanizar las instituciones públicas, para contrarrestar la escalada de violencia y fragmentación que prima en la sociedad.
Los nuevos gobiernos locales y municipales deben fortalecer los principios del Estado de Derecho. Su obligación política ante el mandato ciudadano, estriba en dar certidumbre al ejercicio público y ampliar el espectro de oportunidades sociales.
El imperio del Estado de Derecho no sólo combate la violencia que agudiza la incertidumbre social. Implica que la institucionalidad atienda la voluntad política de la ciudadanía, cuya esencia legitima las acciones de gobierno fundadas en el paradigma que distingue la justicia de la injusticia, y el valor de la rectoría del Estado en las acciones públicas que fortalecen la armonía social.
El papel del gobierno es garantizar un piso mínimo de bienestar social para que cada ciudadano acceda a condiciones de dignidad humana.
Esta premisa, demanda en la articulación de los nuevos gobiernos, la construcción de prácticas transversales de corresponsabilidad social en el quehacer público; y advierte como rasgo distintivo de la participación ciudadana, su relevancia como elemento de estabilidad político-social, para la democratización de estructuras orgánicas y la preservación de la paz.
Ante la desafección social, esta dimensión democrática plantea para los gobiernos estatales y municipales, un escenario de reconstitución del quehacer público que trasciende la estabilidad política; fomenta la participación ciudadana; estabiliza las expectativas sociales; y procesa el conflicto a través de la mediación-integración de la democracia asociativa.
Asimismo, impone cuidar que los servidores públicos se sujetan a los principios constitucionales que guían su labor, no minen el orden social, ni erosionen la vitalidad democrática. Se debe garantizar su profesionalismo, responsabilidad, integridad, ética, probidad, compromiso y vocación de servicio.
En este trazo de integración pública, las nuevas administraciones locales y municipales deben promover un cambio de paradigma en la conducción gubernamental, que permee tanto en la reorientación y control de la gestión pública como en la toma de decisiones.
Elementos consustanciales de esta prescripción son sin duda, la edificación de la auditoría-contraloría social, los presupuestos participativos, la rendición de cuentas, la Agenda Ciudadana, la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad, porque otorgan horizontalidad a los actos públicos y generan un efecto de transversalidad en la toma de decisiones, que abona a la credibilidad y la armonía social.
Para la ciudadanía, el déficit de probidad es la máxima anomia por donde transita la ineficiencia, el desfalco, y consecuentemente, la violencia de Estado.
¿Qué factores inciden en este letargo democrático y cuáles son sus efectos en la violencia social?
La violencia y el deterioro de la paz social son consecuencia del grado de efectividad y calidad del sistema político y de gobierno, ya que en la medida que sus planes y programas, sean incluyentes, corresponsables y transparentes, generarán estabilidad social y confianza mutua en las relaciones de proximidad.
Al afianzar la capacidad de gobernabilidad y horizontalizar la tarea pública, se incide en la cohesión social y en la redistribución y equidad del poder institucional, porque se cambian las relaciones de verticalidad y hegemonía de élites políticas que históricamente son causa de la descomposición endémica del orden social.
Para iniciar la edificación de escenarios de gobernanza activa, los roles de los nuevos gobiernos deben afianzar un esquema de cocreación de la tarea pública; desmonopolizar la política; recuperar el espacio político para que el ciudadano establezca nuevas relaciones con el quehacer público; y relacionar la esfera pública con la sociedad civil en el desarrollo local, para que en ningún caso resulten excluyentes y fortalezcan los vínculos de organización sistémica de las estructuras políticas.
En la medida que la representatividad ciudadana cobra vigencia y autenticidad, las acciones públicas revisten sentido y legitimidad, y generan estabilidad y oportunidades sociales. Por el contrario, si las acciones de gobierno resultan excluyentes e inoperantes la violencia desvirtúa la justicia y trastoca la libertad y la armonía social.
La democratización y paz social centradas en gobiernos participativos, deben ser el arquetipo y objetivo de la evolución política de los gobiernos locales. El sentido periférico de la participación ciudadana y el autoritarismo político, sólo construye escenarios de marginación y exclusión social de un primitivismo político que niega toda posibilidad de equidad y dignidad humana; cuyos estragos no sólo inciden en luchas para reivindicar posiciones y olvidados derechos, sino en escaladas de violencia.
¿Cómo edificar la democratización con paz social?
Las nuevas administraciones gubernamentales tienen la oportunidad inmejorable de constituir estructuras institucionales abiertas, horizontales y ampliamente ciudadanizadas.
Este escenario eleva la calidad de la democracia y afianza el sentido unitario de las acciones públicas, genera condiciones de suficiencia ciudadana en las lógicas de organización de la sociedad civil y multiplica sus alternativas de inserción en la tarea pública.
¿Qué requiere la participación ciudadana para ser efectiva?
El tejido social no puede ser deliberante ni empoderarse al garete. La participación ciudadana corresponsable demanda capacitación y organización interdependiente de las estructuras gubernamentales.
Una cultura de participación ciudadana exige replantear y construir nuevos mecanismos a nivel constitucional. Demanda un cambio de paradigma en la organización del Estado que modifique la comprensión que hasta ahora tenemos de los gobiernos y admitir la necesidad de recontextualizar y transformar el escenario político para garantizar paz y armonía social.
La gobernabilidad, de acuerdo a los principios del Estado de Derecho es la clave del equilibrio social. Las autoridades no pueden obviar su valor, ni caer en la obstinación o ambigüedad de un ejercicio público disociado de la voluntad ciudadana, porque ello entraña el peligro de la descomposición social.
Los gobiernos locales y municipales son prioritarios para el fortalecimiento político del país. Su democratización y gestión deben profundizar las lógicas de corresponsabilidad participativa de la sociedad, ya que no es una opción de la democracia, sino el prolegómeno de la paz y estabilidad social en la nueva visión que debe imperar en el Estado.
Agenda
- Con la instalación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el pasado 15 de septiembre, se iniciaron los trabajos para conformar su primera Constitución Política.
- El Presidente Enrique Peña Nieto, participará en la Asamblea General de la ONU. Presentará las prioridades de México en la agenda multilateral, participará en la Cumbre de Líderes sobre Refugiados y en la Reunión de Alto Nivel.
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