Cd. de México, México, 05 de octubre 2015.- Un juez federal declaró este lunes la quiebra de la Sociedad Financiera Popular Ficrea, intervenida por el Gobierno hace casi un año tras el fraude perpetrado por su ex accionistas mayoritario, Rafael Olvera.
Guillermo Campos Osorio, juez decimocuarto de Distrito en Materia Civil, notificó una sentencia que confirma que la Sofipo está en situación de insolvencia frente a sus depositantes y acreedores, y como se trata de una institución financiera debe pasar directamente a la etapa de quiebra.
En la práctica, Ficrea ya estaba en quiebra, pero el proceso de concurso mercantil implica que el juez, y no la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, será el supervisor de la liquidación de activos con los que se busca pagar a los alrededor de 4 mil ahorradores que tenían depósitos superiores a los 130 mil pesos que ya cubrió el seguro de las Sofipos, así como a otros acreedores.
El juez determinará la prelación y graduación de los créditos a cargo de Ficrea, y el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sofipos tendrá que designar un síndico, que será el encargado de administrar la quiebra, siempre bajo vigilancia de Campos Osorio.
La liquidación de Ficrea será particularmente larga y compleja, pues el Gobierno ha recuperado carteras de crédito, vehículos, inmuebles, derechos litigiosos y otros activos que puede tomar años para vender.
Además, Olvera Amezcua y su familia compraron decenas de propiedades en Estados Unidos valuadas en al menos 26 millones de dólares, mismas que no necesariamente podrán ser recuperados, ya que el Gobierno de ese país podría decomisarlos si presenta cargos penales contra el empresario, que lleva varios meses prófugo.
Un grupo de ahorradores defraudados fue el que, en mayo pasado, presentó la solicitud de concurso mercantil, que Campos desechó inicialmente, porque las leyes de Concursos Mercantiles y de Ahorro y Crédito Popular reservan esa prerrogativa a la CNBV.
Pero ante un recurso de revocación de los ahorradores, el juez cambió de opinión el 10 de junio.
“Se consideró que los promoventes en su calidad de acreedores cuentan con legitimación para demandar la declaración de concurso que pretenden como derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia”, afirmó Campos.
Víctor Fuentes | Reforma
