Cultura Cívica, Participación Ciudadana y Calidad Democrática | Esteban Ángeles Cerón

La erosión política y social que vive el orden sistémico hace necesario plantear nuevas reflexiones sobre los alcances de la cultura cívica, la participación ciudadana y los vínculos que tienen con la cultura democrática.

Con mayor profundidad y amplitud, se deben trazar nuevas lógicas en la estructura de obligaciones políticas, institucionales y en los espacios sociales, para mejorar la calidad de la política y del quehacer público, su concreción y las oportunidades y expectativas sociales que generan.

La toma de decisiones gubernamentales debe ampliarse sistémicamente a las estructuras comunitarias y vecinales, ya que como espacios de expresión ciudadana, articulan las diferentes visiones del ¿cómo? y el ¿por qué? del ejercicio público para darle sentido y expresar los valores sociales que hay que preservar.

Cuando las respuestas de la esfera pública sobre los anhelos y aspiraciones ciudadanas han sido precarias, difusas, fragmentadas e incluso inconexas, ocasionan el desconcierto social; síndrome del aislacionismo político, donde el ciudadano no es representado, o rechaza la representatividad política porque le resulta ajena o discordante de sus necesidades y valores sobre el ejercicio de gobierno.

Los efectos históricos de esta disfuncionalidad son ampliamente conocidos y se despliegan en la pérdida de confianza, credibilidad y legitimidad de las estructuras institucionales, y de manera focal, de los actores políticos, que pasan a ser entes ajenos al desarrollo y a la seguridad humana.

Este análisis crítico de una sociedad incompleta en un orden político incompleto, ante el abandono o la franca negación del Derecho Humano a la Participación Ciudadana y a losPrincipios de Buen Gobierno, advierte por un lado, que los partidos son maquinarias oxidadas, cuyo anquilosamiento se une a los actores políticos que se representan a sí mismos, y por otro, la inexistencia de suficientes mecanismos jurídicos que obliguen a la participación ciudadana, como dimensión de la cultura cívica y fortaleza de la cultura democrática.   

Esta dualidad insólita por la que atraviesa el sistema político, exige aprobar una Ley de Cultura Cívica que de manera integral, permita reestructurar los vínculos relacionales entre instituciones y ciudadanía para desterrar la corrupción, desigualdad, impunidad, discriminación, exclusión, apatía y desconfianza que sufre la sociedad.

Es importante admitir que la ausencia de una Ley de Cultura Cívica reproduce prácticas primitivas y rudimentarias de hacer política y fragmenta la toma de decisiones públicas. Postergar su aprobación, propiciaría reacciones del tejido social que se acentuarían frente a la retórica de escritorio de una legislación unidimensional, que elude desde un Parlamento Cerrado, lo que el ciudadano “demanda o necesita”, y crea vacíos en la generación de oportunidades debidos a su propia verticalidad.

Desde esta perspectiva, la tribuna legislativa debe asegurar la horizontalidad y el asociativismo ciudadano propios de un Parlamento Abierto; paradigmas de salud política que de manera irrestricta, obligan a vigilar que el marco jurídico preserve su vigencia y genere condiciones de una nueva cultura política, democrática, cívica y ciudadana.

¿Qué le otorga sentido y significado a la Ley de Cultura Cívica?

La respuesta es contundente. Cumplir y hacer cumplir el Estado Democrático de Derecho, garantizar que los ciudadanos y el gobierno lo hagan suyo para edificar la armonía y estabilidad social en los espacios de la educación; en el ejercicio de su voluntad política; en la inteligencia social e institucional; y en el espacio público, donde convergen los valores fundamentales de la convivencia y la paz que amparan la plena vigencia del Contrato Social.

La cultura democrática, la cultura cívica y la participación ciudadana, deben reconfigurarse transversal y horizontalmente y de abajo hacia arriba y hacia adentro, para que sean el sustento de la organización primigenia que dé paso a las estructuras comunitarias y vecinales como espacios de expresión, donde la raíz del pueblo entiende sus derechos y deberes, evidentes a la razón de colaborar para hacer el bien a la comunidad y preservar la vecindad como vector de concordia y solidaridad humana.

No se trata de semántica o de una disputa conceptual de ingeniería constitucional. Estamos frente a una condición más importante, devolverle al ciudadano la potestad de usar su inteligencia social para construir desde su propia óptica y perspectiva, el ejercicio de un poder público cercano, que efectivamente lo represente, porque la distancia humana, operativa, administrativa y jurídica, que hoy existe entre el tejido social y los tomadores de decisiones, es abismal y desgarradora.

La plenitud de los ciudadanos se encuentra en hacer del ejercicio de gobierno una dimensión transversal de su cultura democrática, empoderada desde la cultura cívica en el activismo de la participación ciudadana; aspectos nodales que se entrelazan con las fibras más sensibles de una realidad social compleja, diversa y plural, que requiere cohesión con el poder político hasta ahora no lograda.

Hoy que hablamos de dar cauce a la sociedad organizada a través de un Instituto de Participación Ciudadana (IPC); debemos entender que ninguna estructura puede cobrar vida si no garantizamos la obligatoriedad transversal de esta integración humana y política, por lo que el Estado debe hacer suya esta reivindicación que hoy subyace en el rostro de la sociedad.

No podemos hacer de la cultura cívica ni de la participación ciudadana una dimensión política en “minúsculas”, ni pueden ser quebrantadas por la verticalidad legislativa, ni estar sujeta a la enajenación clientelar como producto de mercado. Esto no es una opción, ni puede serlo, requieren corporeidad.

En lo cotidiano se construyen relaciones de confianza cuando los ciudadanos se sienten partícipes del gobierno y saben que el quehacer público se edifica con racionalidad y armonía para dar respuesta a sus demandas. Esta tarea se afianza en la corresponsabilidad social y en la reciprocidad gubernamental, por lo que no se puede cerrar la puerta al ciudadano, ni impedir que cobre vida la soberanía de su voz.

La creación de una Ley de Cultura Cívica, no es un privilegio ni prebenda política. Es una conquista social, que combate el subdesarrollo político que hoy nos amenaza con hacer del populismo y el fascismo, las caras de la depredación civilizatoria de nuestra patria.

Agenda

• El segundo debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, ofreció a la ciudadanía elementos que le permitirán afianzar sus apreciaciones sobre la importancia que tienen las relaciones de México ante el mundo y en particular los vínculos políticos, comerciales y migratorios que tiene la relación bilateral con Estados Unidos de Norteamérica.
• El Secretario de Turismo Enrique de la Madrid, compartió un video sobre las expectativas y potencialidades que presenta México para su desarrollo.