Ciudad de México, 19 de agosto del 2020.- La Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz, empresa paraestatal que el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusa de ser privada, fue creada por el Gobierno en 1993 ante el Notario Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, hermano de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero Dávila.
Desde su creación, el Gobierno Federal, primero a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, posteriormente, en sociedad con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) ha detentado el cien por ciento de las acciones.
En el acta constitutiva de la empresa, fechada el 15 de diciembre de 1993, se establece que es creada por la SHCP con el propósito de explotar el uso y aprovechamiento de bienes del dominio público del recinto portuario de Veracruz, así como la construcción de obras en el mismo y la prestación de servicios portuarios de conformidad con la concesión que le otorgue la autoridad correspondiente.
«La operación y funcionamiento de la empresa Administración Portuaria Integral de Veracruz se regirá de acuerdo a lo previsto por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás ordenamientos legales aplicables, quedando agrupada en el sector coordinado por esta Secretaría (de Hacienda).
«Esta Secretaría, en su carácter de coordinadora de sector, aportará el capital inicial de N$50,000.00 (CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.) con cargo a su presupuesto autorizado», cita el acta el acta del oficio en su momento expedido por la Secretaría de Hacienda.
El acta constitutiva fue avalada por Jorge Antonio Sánchez Cordero en su carácter de Notario Público 153 de la Ciudad de México y del Patrimonio Inmobiliario Federal.
Desde entonces, el Gobierno federal, a través del nombramiento de distintos directores generales ha tenido el control de la empresa y ha detentado el total del paquete accionario, pese a modificaciones en su acta constitutiva y aumento en su capital variable.
