Consumo de drogas en México, debe analizarse bajo una óptica distinta; se trata de regular, sostiene Olga Sánchez Cordero
Ciudad de México, 8 de abril de 2019
- Sólo con un enfoque de salud pública que reconozca la realidad del país, permitirá atender el problema de forma eficaz, subraya la Secretaria de Gobernación
- Participa en el Foro “Hacia una Política de regulación de la Cannabis”, realizado en el Senado de la República
México necesita urgentemente reformar su manera de abordar el uso y consumo de drogas, aseguró en el Senado de la República, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dejó claro que este tema no se trata de despenalización o legalización, sino de regulación bajo un enfoque de salud pública, que reconozca la realidad del país.
Al participar en el Foro “Hacia una Política de regulación de la Cannabis”, la Secretaria de Gobernación sostuvo que el incremento en el consumo del cannabis obliga a analizar un enfoque diferente, precisamente porque el objetivo no puede ser erradicar el consumo de una sustancia con tal prevalencia en la sociedad.
Mencionó que en el país, la encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 reflejó un incremento del 10.3 por ciento en el consumo global de drogas. En particular, el cannabis mostró un alza en su consumo de 6 al 8.6 por ciento. Esta cifra –especificó— representa a las personas que lo han probado alguna vez en su vida.
“El tema del cannabis –subrayó— debe de analizarse desde la óptica de salud pública, que establezca el derecho a la autodeterminación y a la salud del consumidor como ejes rectores. Sólo con un enfoque de salud pública, que reconozca la realidad de nuestro país podremos atender el problema de forma eficaz”.
En presencia del Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, la encargada de la política interior del país indicó que el mayor reto al que se enfrenta el modelo de regulación es equilibrar el enfoque de salud pública que atañe al consumo de este tipo de sustancias, con los intereses derivados con su comercialización.
Por un lado –apuntó— se deberán minimizar riesgos y daños relacionados con el consumo del cannabis y por el otro, se deberán normar los intereses del mercado que buscan incentivar su uso, sin importar el fin, con tal de obtener mayores ganancias.
Durante el foro convocado por la Comisión de Salud del Senado de la República, la Secretaria Olga Sánchez Cordero insistió que con el objeto de emitir una norma que equilibre los retos antes señalados, “la regulación –que no despenalización, que no legalización, la regulación— que emita este Honorable Congreso de la Unión, deberá considerar las lecciones aprendidas de los Estados que han legislado en favor del uso del cannabis, apostando por el control y la minimización de los riesgos asociados al consumo de esta sustancia”.
En este sentido, precisó que la regulación que emita el H. Congreso de la Unión no puede limitarse solamente a modificar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal con el objeto de despenalizar el consumo del cannabis, sino que ésta deberá estar en línea con la práctica internacional y regular toda la cadena. “Esto es –dijo— desde la siembra del cannabis, las etapas previas al consumo y las medidas para mitigar las derivadas del mismo, ya sea para usos lúdicos, terapéuticos, medicinales y científicos”.
Acompañada del presidente de dicha comisión, Miguel Ángel Navarro Quintero, la Secretaria de Gobernación señaló que la política prohibicionista que se ha seguido en los últimos años ha incrementado la violencia en el país y ha traído la criminalización de un sector de la población por llevar a cabo actividades relacionadas al uso de drogas, incluidas aquellas de bajo impacto, como el cannabis. Sobre todo, esta estrategia ha fallado en proteger la salud, la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los consumidores.
“La iniciativa que presentamos –recordó— tiene dos ejes fundamentales, el primero es de justicia social, es decir, las poblaciones que fueron tradicionalmente criminalizadas por producir o comercializar el cannabis están siendo contempladas en esta ley. Están autorizadas para su producción las sociedades cooperativas, principalmente de campesinos”.
Igualmente, explicó que esta iniciativa contiene un capítulo que no tienen algunos otros países, “este capítulo de derechos humanos es uno muy importante, está por ejemplo la perspectiva de género, adicionalmente a este tema de justicia social. No es lo mismo –dijo— que una mujer tenga la posibilidad de adquirir la droga para su consumo personal, que los hombres, siempre habrá una diferencia y una estigmatización en razón de género; lo mismo las campesinas, sobre todo aquellas denominadas en la jerga del narcotráfico, como ‘mulas’”.
Destacó que otro rubro dentro de dicha iniciativa, es el pluriculturalismo, toda vez que el país en sus orígenes y cultura ancestral tiene mucho de estas sustancias psicotrópicas. “Así entonces toma esta iniciativa, diversas perspectivas en materia de derechos humanos y también la creación de este instituto que regulará la utilización, la comercialización, la producción del cannabis”.
Reconoció que a esta iniciativa y otras que han sido presentadas les falta hacer hincapié en la prevención y abundar en el aspecto de quiénes y cómo podrán comercializarla. Y que el mercado ilegal –incluido la venta a menores— tendría que ser penalizado para quienes estén fuera de este marco regulatorio.
Estuvieron presentes las y los senadores Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia; Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda; Jesusa Rodríguez Ramírez, integrante de la Comisión de Salud y Lilia Margarita Valdez Martínez.
Asimismo, asistieron legisladoras y legisladores de las comisiones de Salud, de Justicia y de Puntos Constitucionales, entre otros.