Ciudad de México, 01 de septiembre de 2016.- El anteproyecto de la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho de los vendedores ambulantes a ejercer su actividad en el espacio público, en condiciones de higiene, seguridad física y jurídica, así como que estén libres de represión.
En el documento, en el apartado Ciudad Productiva, se establece que para los trabajadores no asalariados —incluido ambulantes— se creará un fondo de pensiones y prestaciones para que tengan acceso a la protección social con un esquema flexibe y en concordancia con sus necesidades. El fondo se integrará mediante convenios y con aportaciones que se establezcan en leyes futuras.
De acuerdo con la Secretaría de Gobierno capitalina, en el Sistema de Comercio de Vía Pública se tiene el registro de 100 mil vendedores de vía pública registrados, de los cuales sólo 3 mil pagan el derecho por uso del espacio a la administración capitalina.
También se propone reconocer los derechos laborales de los deportistas profesionales y trabajadores de la cultura. La prostitución se coloca como una actividad lícita en este rubro.
Ayer se difundió un documento del anteproyecto de la Constitución de la Ciudad de México. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, reconoció que se trata de un documento de trabajo del grupo de notables, pero, insistió, en que no es definitivo.
En el texto se establece la inclusión de una amplia cartera de derechos para los habitantes de la Ciudad de México que van desde mantener el reconocimiento de matrimonios del mismo sexo y la eutanasia, así como promover el uso medicinal de la marihuana, el derecho a internet, a la memoria —en caso de los crímenes de lesa humanidad— y una renta básica.
Plantean gobiernos de coalición. El anteproyecto de Constitución de la Ciudad de México, que elaboró el grupo de Notables y entregó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, plantea la posibilidad de conformar gobiernos de coalición con uno o dos partidos políticos representados en el Congreso local para garantizar mayoría en la toma de decisiones y la gobernabilidad democrática.
En el apartado referente a la relación entre el Poder Ejecutivo y Legis- lativo se abre este espacio para la conformación de gobiernos de coalición, el cual sería un cuerpo colegiado integrado por los titulares de las secretarías que tendrían que ser nombrados por el jefe de Gobierno y ratificados por el Congreso local.
Otro de los planteamientos es que los diputados o grupos parlamentarios del Congreso podrán declararse en oposición parlamentaria para ejercer una función crítica y plantear alternativas política.
El anteproyecto también establece que el día que rinda protesta el jefe de Gobierno es el 5 de octubre y no el 5 de diciembre.
En materia de procuración de justicia, se propone crear la Fiscalía General que sería un organismo autónomo y su nombramiento sería por parte del Congreso local y duraría nueve años en el encargo. Esto sería una de las diferencias mayores porque actualmente el procurador capitalino lo nombra el jefe de Gobierno y no tiene tiempo determinado para el cargo.
Se establece que el Congreso local mantendría 66 diputados, pero 33 serían electos y 33 llegarían por representación proporcional. Lo que sí establece es que diputados no gozarán de fuero ni impunidad.
Johana Robles | El Universal
