- Congreso. Para dar respaldo legal al proyecto amlista, Morena requiere conseguir mayoría calificada en ambas cámaras. Peña. El anterior Presidente no logró apoyo legislativo para formalizar la intervención de militares en seguridad pública
Andrés Manuel López Obrador llegó al mismo atorón que enfrentó su antecesor, Enrique Peña Nieto, cuando éste quiso crear la Gendarmería Nacional: sin condiciones legislativas para instaurar un cuerpo con soldados y marinos, bajo un mando civil y dotado de un marco legal especialmente creado para ellos, Peña optó por una salida descafeinada: crear una división más de la Policía Federal, con el nombre de Gendarmería, lo que implicaba que los militares estuvieron impedidos legalmente para participar en ella.
La solución que el actual Presidente da a un problema similar, de acuerdo con una revisión de Crónica, será completamente distinta: seguir de frente con el proyecto original. Por un lado está la polémica convocatoria a integrarse a la Guardia Nacional amlista, pero más significativo y menos publicitado es que los despliegues se están realizando desde diciembre y ya bajo el modelo presentado por Alfonso Durazo el 14 de noviembre.
Probablemente el primer despliegue de soldados y sus oficiales para cubrir un territorio intermunicipal es el caso del distrito veracruzano de Huatusco. El pasado 4 de diciembre fue anunciado incluso por autoridades locales hablando abiertamente de la llegada de la Guardia Nacional “de reciente creación”. El más reciente caso se presentó ayer, cuando el alcalde de Singuilucan (Hidalgo), Mario Hugo Olvera, informó que la Guardia Nacional está trabajando como parte del proyecto de combate al trasiego y robo de combustible.
Lo que arribó a ambos territorios fueron destacamentos de soldados y oficiales debidamente equipados. Desde inicios de diciembre se mueven libremente a través de los municipios implicados. En el caso Veracruzano, Calcahualco, Coscomatepec, Ixhuatlán, Sochiapa, Tlacotepec de Mejía, Tomatlán, Zentla y el propio Huatusco, están siendo vigilados por el despliegue militar. En este caso, más que una alta incidencia delictiva, la militarización de la seguridad pública se da en municipios de la montaña que tienen una gran actividad cafetalera y comercial. En el caso de Hidalgo, se trata de una zona por la que pasan ductos de Pemex.
La Guardia es hoy día inexistente desde el punto de vista legal, pues se requiere de una reforma a la Constitución mexicana y al menos a 17 constituciones estatales; esto último, de acuerdo con un análisis de Martín Gabriel Barrón, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), se requiere porque hay limitantes legales para que los jóvenes de esas entidades respondan al llamado de AMLO a integrarse al nuevo grupo militarizado de seguridad pública.
Con o sin reforma legal, hay zona, como las de Morelos, donde ya todo mundo se refiere a los militares como “los de la Guardia”. Pero incluso en zonas controladas políticamente por la oposición, como es el caso de Guanajuato, bajo el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, con la llegada de 800 militares más el pasado sábado, el esquema se está reproduciendo y se acondicionan las zonas castrenses para operar la Guardia.
Diego Sinhue detalló las funciones de estas fuerzas: realizarán operativos de vigilancia en las zonas de conflicto de la entidad.
En tanto, en el Puebla de la trágicamente fallecida Martha Érika Alonso, el despliegue militar se dio, desde el pasado 3 de diciembre, en municipios como Acatlán, Ajalpan, Tehuacán, Chalchicomula de Sesma, Atlixco, Puebla, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Teziutlán, Huauchinango y Zacatlán, donde se comenzó la integración de “grupos técnicos” conformados por autoridades civiles y los mandos militares, que realizará las reuniones matutinas que ordenó Andrés Manuel López Obrador.
Es decir, el esquema se está echando a andar más allá de lo que pase en el Congreso de la Unión, donde Morena se ha mostrado incapaz de lograr una mayoría calificada necesaria para las reformas constitucionales que se requieren para crear la Guardia Nacional del Presidente.
Reportes similares procedentes de Tabasco, de la zona costera de Jalisco y de Michoacán, señalan esta paulatina conversión de los militares en “la Guardia” prometida por López Obrador.
Es importante señalar que la primera etapa anunciada por el equipo amlista se basaba en la conversión de las dos policías militares (la del Ejército y la Naval) en una fuerza de seguridad pública.
En este panorama, esta semana resultará clave pues diputados federales de Morena buscarán tejer la conciliación con los partidos de oposición en San Lázaro que permita transitar a acuerdos y consensos para aprobar el 16 de enero (inicio del Periodo Extraordinario) las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional.
“México no puede seguir como hasta ahora en el combate al crimen organizado. No hay tiempo que perder, la creación de la Guardia Nacional es una urgencia no sólo de Morena, sino del país en su conjunto, de gobernadores, alcaldes y sociedad”, expresó hace unos días Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.
Mañana comenzarán las audiencias en las que se prevé participen gobiernos estatales y ONG para debatir el tema de la militarización formal de la seguridad pública en México.
Para el miércoles, Morena tiene agendado un encuentro con asociaciones y gobiernos municipales; mientras que para el día 10 se invitó a organizaciones civiles, académicos y expertos; para el viernes 11 participarán integrantes del gobierno federal y finalmente, el sábado 12 asistirán organismos internacionales e investigadores.
La reforma constitucional propuesta por López Obrador eliminaría la premisa de que las corporaciones de seguridad pública deben estar integradas y comandadas por civiles. Transformaría al Ejército en un elemento central de las acciones de seguridad ciudadana.
Foto: La Crónica Diaria
Texto: Arturo Ramos, Eloísa Domínguez y Rodrigo Juárez | La Crónica Diaria
