Con júbilo el gobierno federal aseguró el 12 de febrero de 2020 que, Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, había sido detenido en Málaga, España, por su presunta participación en la entrega de sobornos de la firma brasileña Odebrecht durante su gestión en la empresa petrolera nacional. Desde entonces, una serie de manifestaciones y teorías se formularon en torno a la actitud que tendría el gobierno que encabeza López Obrador al momento de llegar a México. Ese momento llegó la madrugada del viernes 17 de julio, sin embargo, en vez de llegar a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, fue trasladado a un hospital por presuntas complicaciones médicas.
Lo que se ha venido observando en los últimos días, han sido una serie de decisiones y discursos sobre cómo la Fiscalía General va a procesar a quien parece ser el principal operador de una red de corrupción de la administración de Enrique Peña Nieto. No hay que olvidar que junto con Luis Videgaray formaban parte del equipo de campaña del entonces candidato presidencial, y que ahora, están involucrados en investigaciones de la FGR.
Han surgido especulaciones, teorías, pero, sobre todo, dudas sobre el desarrollo de su proceso, sobre todo, por el tiempo transcurrido desde su llegada a México hasta el comienzo de su audiencia inicial. Como todo proceso penal, al hoy imputado se le concedió la oportunidad de contestar a los cargos formulados por el Agente del Ministerio Público, señalando ser inocente y que demostraría esta situación. Sin embargo, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de lavado de dinero.
Sin embargo, a partir de su llegada hasta ahora, el mismo presidente López Obrador señaló que el ex funcionario podría ser tratado como “testigo protegido”, es decir, que colaboraría con su administración para señalar a más implicados en dichas operaciones. Esto, aunado a que, parece ser que dicha colaboración no ha sido del todo voluntaria, debido a que, él mismo señaló en audiencia haber sido intimidado por los órganos de poder, sin tener hasta el momento, alguna prueba que pudiera acreditar su dicho, quedando hasta ahora en simples manifestaciones subjetivas.
Lo que resulta relevante es, que después de su vinculación a proceso, parece abrirse una puerta para el ex funcionario: el criterio de oportunidad. Esta figura que se encuentra en los artículos 256, 257 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, parecer ser la “válvula de escape” para el ex director de PEMEX, sobre todo, si su intención parece ser, aportar todo tipo de documentación y testimonios que ayuden a que su proceso sea suspendido.
Dicha figura, que fue contemplada desde la reforma del sistema de justicia penal en 2008, permite a una persona señalada por su presunta participación en un hecho que la ley señala como delito, reciba un beneficio por parte de la autoridad ministerial para que se abstenga de ejercer la acción penal en contra del imputado, siempre y cuando se repare o garantice el daño. Sin embargo, es claro el supuesto que dicta el 256 en su tercer párrafo, haciendo referencia a que, cuando se trate de delitos financieros o fiscales, se podrá aplicar el criterio cuando se aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave. Esta situación sin duda le beneficia a Emilio Lozoya, sobre todo, si dice contar con nombres y documentos, claramente la Fiscalía General estará más interesada en que les de esa información, a que formalmente sigan con la acción penal en su contra.
Ahora bien, ¿cómo es que puede hablarse de un proceso que parece se convierte en un circo mediático? Primero, durante los días posteriores a la llegada de Lozoya a México, se han filtrado una serie de elementos que podrían afectar el proceso legal que lleva el Ex Director de Pemex, como la denuncia que presuntamente presentó a la FGR, donde acusa a diversos funcionarios de la administración anterior, de haber recibido sobornos a cambio de aprobar la reforma energética, así como la más reciente atribuida al hermano del Presidente, el señor Pío López Obrador, quien el pasado 20 de agosto se reveló había recibido dinero por parte David León, quien trabajara para el entonces gobernador de Chiapas Manuel Velasco. Ante esto, el gobierno federal se ha mostrado contradictorio: cuando se trata de desenmascarar los actos de corrupción de la administración pasada, el peso de la ley se ve reflejado en las acciones llevadas acabo por la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera. En el caso del “hermano incómodo”, la respuesta del presidente fue simple y tajante: si sabía que Morena recibía “apoyos del pueblo” desde 2015, pero que estos apoyos no son reflejo de un acto de corrupción, sino “contribuciones del pueblo bueno”.
Es evidente que el gobierno federal no está “midiendo con la misma vara” como lo hace con sus adversarios políticos, siendo que, resulta contundente al menos a la opinión pública, que el acto llevado a cabo por su hermano es un acto de corrupción. Así de simple, sin embargo, habrá que darle seguimiento a este y otros casos donde parece ser que el gobierno federal si actúa con mano dura frente a quienes no comparten su “cuarta transformación”, y quedará en los tribunales y los postulantes, la oportunidad de combatir esos actos arbitrarios por parte de la autoridad.
