Pachuca de Soto, Hidalgo, 18 de febrero de 2025.- Los diputados aprobaron por unanimidad el acuerdo económico en materia de detección, prevención, atención y erradicación del trabajo de niñas, niños y adolescentes, emitido por la primera Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia.
El legislador de Morena, Juan Pablo Escalante Urban explicó que este acuerdo económico propone exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo (STPSH) para que informe sobre el estado de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el Estado, de sus objetivos en cumplimiento con el Plan Estatal de Desarrollo y los tratados internacionales en favor de la niñez y de la adolescencia.
“Mediante un esfuerzo conjunto entre las autoridades, las instituciones y la sociedad, este Congreso, en ejercicio de su facultad y responsabilidad, se compromete a impulsar acciones contundentes para la reeducación del trabajo infantil en Hidalgo, protegiendo así los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en nuestra entidad. Por lo tanto, es imprescindible la implementación de políticas públicas que no solo sean punitivas, también preventivas y educativas, en beneficio de las futuras generaciones”, recalcó.
Mientras que la diputada de Movimiento Ciudadano, Karla Perales Arrieta indicó que este acuerdo económico, además de presentar el estado de la situación en la que vive actualmente la niñez, busca un análisis sobre las tareas pendientes para reducir las brechas existentes, asegurando que los programas y servicios que reciben sean suficientes y de calidad. “De ahí la importancia para que la STPSH realice las adecuaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la comisión interinstitucional, abonando a prevenir, atender y erradicar estas conductas que configuran una situación análoga al concepto de esclavitud”, precisó.
Las y los legisladores también votaron a favor del acuerdo económico por el que se emite un resolutivo sobre la propuesta en materia de centros de rehabilitación de adicciones, emitido por la primera Comisión Permanente de Salud.
Yarabi González Martínez, diputada de Morena, explicó que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que fortalezcan las líneas de comunicación interinstitucional, con la finalidad de que las visitas de verificación realizadas en los centros especializados de adicciones se efectúen mediante operativos en conjunto entre las autoridades responsables, tanto de las acciones de regularización como aquellas a las que le corresponda cerciorarse del respeto a los derechos humanos de las personas usuarias en estos establecimientos.
Iniciativas
Las diputadas Alma Rosa Elías Paso, Lizbeth Irais Ordaz Islas (ambas de Morena), Karla Perales Arrieta (Movimiento Ciudadano), y los diputados Miguel Ángel Moreno Zamora (Morena) y Jorge Argüelles Salazar (Nueva Alianza), presentaron la iniciativa que reforma el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y el artículo 51 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, con el objeto de modificar el nombre de la primera Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción y fortalecer sus atribuciones.
El objetivo de este proyecto, detalló el legislador Jorge Argüelles, es incorporar acciones que promuevan y fortalezcan las atribuciones de la primera Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción, ampliando su rango de acción en términos de la protección de datos personales, fortaleciendo el andamiaje legislativo que promueva la rendición de cuentas y la protección de los derechos de la ciudadanía hidalguense.
Las reformas propuestas buscan ampliar el rango de acción de esta comisión mediante la inclusión de la “protección de datos personales” en sus atribuciones, lo que formalizará su responsabilidad en la supervisión de las políticas y mecanismos de seguridad que garanticen el manejo adecuado de la información privada de los ciudadanos en posesión del Congreso.
Con este cambio, se espera que la comisión cuente con un mandato claro no solo para promover la transparencia y el acceso a la información, también para asegurar la protección de los datos personales en las actividades legislativas.
Este enfoque integral, continuó, permitirá al Poder Legislativo de Hidalgo establecer un marco robusto de rendición de cuentas que atienda la preocupación pública en torno a la privacidad y la seguridad de los datos personales. Además, fortalece los mecanismos de control y seguimiento de los recursos públicos y las decisiones políticas, permitiendo a la ciudadanía tener una participación más activa y fundamentada en la vida pública.
Las diputadas Juana Olivia Alarcón Rivera (Nueva Alianza), Orquídea Larragoiti Osorio (PT) e Hilda Miranda Miranda (Morena), y los diputados Miguel Ángel Moreno Zamora (Morena) y José María Alejandro Pérez Ramírez (Nueva Alianza) detallaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan disposiciones al artículo 30 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo.
El legislador Alejandro Pérez Ramírez mencionó que se busca ampliar las funciones de la Comisión Permanente de Educación del Congreso local, incorporando las siguientes propuestas: generar acciones legislativas en materia educativa, para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como entornos escolares seguros en la entidad.
Asimismo, conocer y participar en la organización de los actos para el otorgamiento de reconocimientos, premios, distinciones y preseas en materia educativa, así como generar los vínculos institucionales de colaboración con las autoridades educativas y sindicales de la educación, organismos e instituciones de los sectores social y privado, internacionales, nacionales o estatales, en materia de educación.
También propiciar los espacios para el diálogo e intercambio de ideas con las personas que integran el magisterio hidalguense, padres y madres de familia, estudiantes de la entidad y con la sociedad.
María Guadalupe Cruz Montaño y Avelino Tovar Iglesias, legisladores del PVEM, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo; así como los artículos 53 primer párrafo, fracción I y 54 fracción I, ambos del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo.
La diputada Guadalupe Cruz explicó que esta reforma busca generar un desempeño más eficaz y expedito dentro de la primera Comisión Permanente no solo de las personas mayores, también de grupos vulnerables, como personas sin seguridad social, minorías raciales, trabajadores migrantes, personas en prisión, personas sin hogar o en situación de calle, y asuntos de discriminación religiosa, política, de género o de cualquier índole.
“En este sentido, el término persona adulta mayor, comúnmente utilizado, será propuesto para su actualización y sustitución por persona mayor, como una forma de reflejar un enfoque más inclusivo, respetuoso y alineado con los principios de igualdad y derechos humanos”, consideró.
El diputado del PT, Francisco Javier Téllez Sánchez propuso la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 34 y la fracción XVIII del artículo 36 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo.
Con esta reforma se busca fortalecer el marco normativo y operativo del Sistema Estatal y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante la inclusión de la Secretaría de Desarrollo Económico en su integración y la incorporación de acciones específicas orientadas al empoderamiento económico.
El legislador especificó que se busca dar a las mujeres una herramienta clave para recuperar su autonomía y garantizar su bienestar. “El empoderamiento económico es mucho más que un recurso complementario, es un derecho y una necesidad urgente. La independencia financiera permite a las mujeres tomar decisiones libres y autónomas sobre sus vidas, reduciendo su vulnerabilidad y rompiendo con los ciclos de abuso”.
Esta iniciativa, al contemplar programas de emprendimiento, capacitación, inclusión financiera, acceso a herramientas digitales y acompañamiento personalizado, pretende brindar a las mujeres víctimas de violencia las herramientas necesarias para su recuperación integral.
Pero no se limita a quienes han sufrido violencia, también tiene un enfoque preventivo al ofrecer oportunidades a todas las mujeres para que puedan fortalecer su autonomía y su participación plena en la vida económica.
Por último, la legisladora del PRI, Johana Montcerrat Hernández Pérez presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Hidalgo.
La iniciativa de reforma tiene como objetivo fortalecer el apoyo institucional a las ferias culturales y a los artesanos locales mediante la creación de pabellones culturales en cada municipio. “Estos espacios permitirán la exhibición, promoción y venta de productos culturales, garantizando la difusión del patrimonio artístico y artesanal de Hidalgo”, indicó la representante priista.
Así, cada municipio deberá establecer una fecha anual y un espacio adecuado para la realización de su pabellón cultural dentro de sus festividades o ferias. Además, la iniciativa impulsa programas de certificación para artesanos, el uso de materiales sustentables en la producción artesanal y la implementación de un mecanismo de auditoría ciudadana para asegurar la transparencia en el uso de los recursos destinados a la cultura.
Con estas medidas, consideró la diputada, se fortalecerá la identidad cultural, el desarrollo económico local y la sostenibilidad del patrimonio cultural en Hidalgo.
Asuntos generales
José Luis Rodríguez Higareda, diputado de Morena, propuso el acuerdo económico para exhortar a los 84 municipios del estado a que prevean las medidas presupuestales y de planeación necesarias para implementar un programa de regularización de la nomenclatura de calles y avenidas y colocación de placas de identificación.
La propuesta indica autorizar la nomenclatura de las calles, jardines, plazas y paseos públicos, así como instrumentar las medidas necesarias para que sean inscritas en español y en las lenguas indígenas de uso en el territorio, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. Además, se deberá verificar que la nomenclatura de las calles sea asignada atendiendo al principio de equidad entre nombres de hombres y mujeres.
