Ciudad de México, 09 de abril de 2016.- De forma estricta y sin excepción deberán acatarse las directrices establecidas en materia de blindaje electoral en todos los estados donde se realizarán elecciones en este año.
De esta forma se garantizará que ninguno de los programas sociales sea utilizado como herramienta política o electoral en los comicios que se llevarán a cabo en 14 entidades federativas del país el próximo domingo 5 de junio.
Así quedó establecido durante una sesión de seguimiento ante los 14 Comités Preventivos de Blindaje Electoral que se realizó con el objetivo de ejecutar las acciones que permitan dar cumplimiento al marco normativo constitucional y legal en materia de suspensión de propaganda gubernamental y aplicación imparcial de los recursos públicos durante los procesos electorales.
Se presentó un balance de las acciones ejecutadas en estricto cumplimiento de los lineamientos que dan forma al Programa de Blindaje Electoral, como son la instalación de una plataforma de consulta institucional dirigida a servidores públicos con el propósito de solventar cualquier duda relativa a la implementación del blindaje.
Además, la integración de una memoria documental y los parámetros establecidos para el correcto y legal manejo de recursos públicos y entrega de apoyos durante el periodo electoral.
A través de una videoconferencia dieron los pormenores de estas acciones el abogado general y comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Suárez Licona, el titular del Órgano Interno de Control, Paulo Arturo Tellez Yurén; el coordinador general de Delegaciones, Mario Zamora Gastelum; y el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo.
En el transcurso de la sesión, se respondieron preguntas e inquietudes de los representantes de los 14 Comités Preventivos, para esclarecer cualquier duda relacionada con la implementación de la estrategia institucional de Blindaje Electoral. El titular de la FEPADE recordó la importancia de generar mecanismos de coordinación institucional que impulsen la existencia de un contexto de legalidad y apego a la normatividad administrativa, penal y electoral durante los procesos electorales.
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