En la Villa de Cloete, a un poco más de 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, donde en algún momento el gobierno planeó calles pavimentadas y parques verdes, el paisaje se viste de hoyos como cráteres, caminos que terminan en desfiladeros y unas cuantas casitas con riesgo de desmoronarse sobre barrancos perforados con palas mecánicas. Es el rostro que le dejó la actividad minera.
El viento sopla y esparce la tierra mezclada con un polvillo negro que acusa el tesoro enterrado en el suelo. No es oro, pero como si lo fuera. Son toneladas de carbón, un mineral que ha generado una industria que, tan sólo en 2014, superó los 1,500 millones de pesos (mdp). En total, alcanzó un rendimiento de 3.3 millones de toneladas, suficientes para producir el 10% de la energía eléctrica del país.
Esta industria —donde participan empresarios y concesionarios que también son políticos— ha dejado casas destruidas, colonias sin alumbrado público, un sistema de drenaje dañado y desagües que desembocan en minas inactivas. Los vecinos también sufren las consecuencias: denuncian afectaciones a la salud, como daños en la piel y los pulmones.
¿De quién es la culpa de que Cloete sufra los estragos de la actividad minera? La respuesta, coinciden los expertos consultados, es la forma como se otorgan y se supervisan las concesiones y los permisos de explotación. Las secretarías de Economía y de Medio Ambiente, así como la presidencia municipal de Sabinas, aparecen entre las principales señaladas.
Aunque todo esto ocurre en el norte mexicano, lo que aquí se vive pasa en todas las zonas mineras del país, explica Gustavo Alanís Ortega, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Ésta es una investigación periodística en dos capítulos sobre cómo y por qué la explotación minera ha dañado este pequeño poblado que aún sigue en pie y que se resiste a ser convertido en escoria de carbón.
MINAS SIN REGISTRO DE LAS AUTORIDADES
La noche en Cloete hace sentir como si uno estuviera en medio de la nada. El silencio se interrumpe por ladridos de perros y por lamentos que rebotan en las cuarteaduras abiertas por la vibración de las máquinas y la pólvora.
“Es Betuca”, dice Trini, una de las vecinas. “Es que tiene mucho coraje. Desde que se cayó su hermano anda grite y grite. No lo sacaron. Uno de los vecinos dice que olía a muerto. Como el agua succiona para dentro, se lo ha de haber llevado”.
Quien desapareció es Pocho. Un día no volvieron a saber de este lugareño. Las autoridades y sus parientes lo buscaron entre las minas, pero no lo encontraron. No fue el único caso de los últimos meses. Otro joven también se esfumó. Lo buscaron y el cadáver estaba metido en un pocito sin protección, una mina de tiro vertical de unos 100 metros de profundidad. En este pueblo hay cinco de ellas.
A simple vista, también se cuentan cinco excavaciones tan grandes como estadios de futbol. Son las minas de cielo abierto o tajos. Además, hay cuevas que no se ven: son minas subterráneas, que suman unas nueve y pasan por debajo de las casas.
Sin embargo, Protección Civil del municipio no cuenta con información de cuántas minas existen aquí ni en qué condiciones están. Tampoco la Dirección General de Regulación Minera.
En Cloete, muchas de estas minas se hacen con dinamita o pistola neumática. “Se cimbra todo”, cuenta Trini. Ella habita una vivienda muy humilde de madera y lámina. Por las minas subterráneas, dice, “se parte el suelo y uno se puede ir para abajo”.
El Plan de Manejo de Riesgo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indica que no se pueden hacer labores de minería a menos de 350 metros de algún espacio habitado. Aquí eso no se ha respetado.
El riesgo de accidentes es alto. Hay minas a pocos metros de las casas y no tienen protección. “Todas las casas están cuarteadas, hasta el kínder”, se queja otra vecina.
Las autoridades municipales no tienen ningún dato sobre la cantidad de viviendas y habitantes que hay en el pueblo. Tampoco ofrecen información sobre cuántas casas han resultado afectadas. En un recorrido por la zona, enumeramos alrededor de 30 viviendas dañadas o abandonadas y otras que, según informan los vecinos, han sido tiradas para perforar el terreno. Además, temen que las paredes de las minas a cielo abierto se desgajen, sobre todo en temporada de lluvias.
Quienes trabajan en esas minas saben del riesgo, porque las muertes de mineros han sido constantes en el estado. Tan sólo entre 2006 y 2011, la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) contabilizó 119 decesos de trabajadores en la región. Ni la Procuraduría General de Justicia del Estado ni la Secretaría del Trabajo cuentan con un censo de víctimas. Ambas instancias confirmaron a Expansión la ausencia de estos datos en respuestas vía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El accidente laboral más reciente en Cloete es de 2015, dice Julio Sánchez, subdelegado federal del Trabajo en Sabinas. Ocurrió en enero y el trabajador murió por un talud. “La pared del tajo se desprendió porque había llovido”, cuenta el funcionario. Hubo otros casos que no fueron mortales. La mayoría en minas subterráneas.
CARBÓN HASTA EN LOS PULMONES
Uno de los mineros nos acompaña en el recorrido por Cloete. Apenas supera los 30 años. Hace meses le detectaron un tumor cerebral, que ya fue tratado. “Dicen que tengo otro, pero yo me siento bien”, comenta. Constantemente se le escucha toser, carraspear.
En 2015, en una queja dirigida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los vecinos denunciaron graves afectaciones a su salud debidas a “la polución ambiental de carbón en sus casas”. Las autoridades no están al tanto.
La Secretaría de Salud estatal informa a Expansión que no tiene registrado un solo caso de enfermedad pulmonar obstructiva en la zona entre 2011 y 2015. Pero acepta que no conoce la situación de salud de los pobladores: “Esta Dependencia no desarrolla programas para conocer con detalle la afectación que tienen los habitantes de la región carbonífera de Coahuila producto de la actividad minera. Nuestros programas y servicios de salud se adecuan para atender las enfermedades en forma general y las que se presentan con mayor frecuencia”.
Los montículos de tierra que se ven en el horizonte son tan grandes que parecen cerros naturales. Se llaman terreros. Son las cicatrices que la minería deja cuando se abren minas a cielo abierto. En uno de los muchos que hay, cerca del panteón, corre agua que sale del subsuelo. “Allá se cayó un fregado gato. Salió pelón y se murió. Es porque hay alcaparrosa, ¡es ácido!”, dice Trini.
La formación de drenajes de ácido o alcaparrosas, por la presencia de minerales sulfurados —especialmente la pirita—, es uno de los “más graves problemas” de la minería, señala el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la Unión Mexicana de Productores de Carbón para la Micro Región 2, a la que pertenece este pueblo.
A pesar de la advertencia, en este lugar hay animales muertos y árboles secos por las aguas ácidas.
“Nunca se ha llevado a cabo un estudio ni un proyecto de sustentabilidad humana o de desarrollo integral por parte del gobierno ni de las universidades o los empresarios en esta zona”, critica Pedro Pantoja, asesor de la Casa del Migrante, en Saltillo. Lo único que hay, dice, son los MIA que deben hacer los empresarios del carbón.
Los habitantes de este lugar llevan más de dos décadas con quejas formales ante una infinidad de organismos. Aseguran que enviaron cartas a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox, a Felipe Calderón. De la Coordinación de Atención Ciudadana de la oficina de Zedillo, el 25 de agosto de 1995, les mandaron copia de un documento en el que la dependencia informaba a la entonces secretaria del Medio Ambiente, Julia Carabias Lillo, sobre los “daños que vienen ocasionando en perjuicio de los habitantes” y se le pedía que comunicara “la resolución correspondiente al caso”. Nunca recibieron respuesta de la funcionaria.
¿QUIÉNES SON RESPONSABLES?
Nadie parece hacerse cargo de la situación del pueblo. Existe muy poca vinculación en las instituciones, acusa la OFPC en un documento que entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015: “La Secretaría de Economía (que es la que otorga, suspende y cancela las concesiones mineras) no colabora con la Secretaría del Trabajo (que es la que supervisa el cumplimiento de las normas de seguridad laboral); mucho menos hay coordinación con las instancias de Protección Civil o de protección ambiental”.
A través de múltiples solicitudes de información, Expansión verificó sus observaciones.
La Dirección General de Regulación Minera, dependiente de la Secretaría de Economía, confirmó que sólo otorga concesiones a quienes cumplen lo que estipula la Ley Minera, mientras que la delegación de la Semarnat en Coahuila aclaró que sólo evalúa las MIA que ingresan los particulares para el desarrollo de proyectos nuevos. Es decir, que no investiga si lo que dice el papel se corresponde con la realidad.
Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente estatal confirmó que no tiene informes sobre el grado de afectación al medio ambiente que ha sufrido la región, porque, afirmó, eso es regulado por la Secretaría de Economía.
El contralor de Sabinas, Juan Andrés Arredondo, señaló que la alcaldía no actúa porque “el municipio no tiene actividad minera propia” y el coordinador de Protección Civil del municipio, José Pichardo, señaló que su coordinación no está decretada para detectar minas de carbón.
Expansión consultó, además, a la Subsecretaría de Gestión Ambiental, al Poder Judicial, a la Procuraduría General de Justicia del estado, a las secretarías federales de Desarrollo Social, a la de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Las respuestas fueron las mismas: no saben, no hay censos, no hay estadísticas o no hacen nada porque no les compete.
EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
Hoy, las propuestas han dado algunos frutos. La Secretaría del Trabajo hizo un censo de empresas que laboran en el pueblo. Conagua realizó análisis en la zona y la Semarnat propuso algunas medidas de restauración en el pueblo.
Por su parte, en noviembre de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuró siete minas en Sabinas por afectación a especies de flora y fauna protegidas, así como por “diversas irregularidades administrativas”.
También en 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo estudios en la región. Y se espera que pronto dicte algunas recomendaciones.
Rodrigo Olvera, representante legal de los vecinos, cree que la intervención de la CNDH es la razón por la que se han actuado las autoridades y por la que el gobernador del estado, Rubén Moreira, acudió el año pasado a la zona acompañado del secretario federal de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano Alamán; el director general de la Comisión Nacional Forestal, Jorge Rascala, y Roberto Ramírez, director de Conagua.
“Jamás había estado el secretario del Medio Ambiente en el pueblo», recalca Olvera. «Tuvo que venir. Y eso fue por el esfuerzo de los habitantes”.
Ocurrió el 21 de septiembre. Ese día, Pacchiano dijo que, en lo que iba de 2015, el sector ambiental federal había “entregado al estado” de Coahuila alrededor de 10 millones de pesos para reforestación, vigilancia de recursos ambientales y limpieza de cuerpos de agua, entre otras actividades. En contraste, en 2015, el municipio de Sabinas se gastó unos 40 millones de pesos en comunicación social, publicidad, ceremonias sociales y culturales, viáticos, transporte y seguridad pública, como se aprecia en su presupuesto de egresos de ese año.
En el acto oficial se anunció la restauración de una mina a cielo abierto que está al pie de la carretera, así como una reforestación. El tajo fue tapado a medias con tierra que sacaron de otro hoyo, como afirman los vecinos y Expansión constató directamente. Las plantas que sembraron a un costado del pavimento ya estaban secas a los pocos días, cubiertas de arena y piedras.
A más de ocho meses de ese acto de gobierno, no hay evidencia de ninguna otra reparación en el pueblo.
CALLES QUE DESAPARECEN
En aquella visita, las autoridades estatales y federales se quedaron a la orilla de la carretera. No pasearon por este pueblo fundado por William Broderick Cloete a finales del siglo XIX. De hacerlo, habrían notado que ahí “hasta el derecho humano al libre tránsito está afectado”, como denuncia Rodrigo Olvera.
Las empresas “bloquearon con desechos de los tajos todos los caminos que rodean a esta zona. Se apropiaron de los caminos”, afirma el abogado. Hay tramos de la calle Australia que desaparecieron, asegura.
La mayoría de los destrozos ocurren en terrenos que la Secretaría de Economía concesionó a Álvaro Jaime Arellano, el actual primer regidor de Sabinas, para extraer carbón debajo de Cloete.
En entrevista con Expansión, él niega tales daños. Argumenta que nunca ha recibido ni una demanda civil, mercantil o penal por destrucción de casas en alguna de sus dos concesiones mineras. “Absolutamente ni una”, subraya. Los vecinos aseguran que eso es porque la misma autoridad los ha presionado para no hacerlas.
Arellano y los vecinos que viven en los terrenos de sus concesiones mantuvieron un largo conflicto. Arellano dice que los “pocos” habitantes que viven ahí son “paracaidistas” y se instalaron hace poco tiempo. “Cuando hicieron la primera casa, les dijimos: no hagas casa ahí. Estamos hablando de cinco o seis años para atrás, cuando tenemos veinte años trabajando”. Además, acusa “completamente” a la Presidencia Municipal, donde labora, de ser la principal responsable de haber permitido que los pobladores se instalaran arriba de sus mantos de carbón.
El funcionario público asegura, además, que hizo una demanda para “sacar” a la gente de sus casas. En varias ocasiones prometió enviar a Expansión copias de documentos que avalaran sus dichos, nunca lo hizo.
Hoy, sin embargo, las autoridades federales parecen darle la razón a los habitantes de Cloete y cancelaron una de las concesiones del regidor. Pero eso tampoco ha detenido su actividad minera.
¿Quién es Álvaro Jaime Arellano? En la segunda parte de este reportaje, hablaremos de cómo su familia se hizo de dos concesiones mineras y cómo son explotadas.
*Este reportaje fue realizado para Expansión en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
